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El diputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko (ANR, cartista), representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), expresidente y actual vicepresidente primero del más alto Tribunal que juzga a fiscales y jueces en el Paraguay, no puede durar un minuto más en ningún cargo público. El seriamente indiciado por actos que serían ilegales tuvo el descaro de solicitar ayer un vergonzoso “permiso temporal” indeterminado. Esto es una pesadilla repetida; en el pasado, la Corte Suprema de Justicia operó en el límite de lo legítimamente permitido cuando se le permitió al exministro Antonio Fretes estar de permiso por varios meses hasta que se jubiló. Fretes estaba seriamente denunciado por episodios que nunca fueron esclarecidos por la Fiscalía.
Esta ignominia, en el máximo tribunal juzgador de jueces y fiscales, es absolutamente inadmisible y deshonrosa para la República del Paraguay en general y para los otros miembros del JEM en particular: todos ellos han sido embadurnados por el pestilente y fétido hedor que desprenden las conversaciones entre el difunto Eulalio “Lalo” Gomes y Orlando Arévalo, además de los chats con fiscales que estaban acusados y querían “solucionar” sus controversias con la legalidad.
¿Quién fiscal o juez podría tener las agallas de investigar, imputar o acusar a quien todavía es miembro del Tribunal que lo puede despellejar? Si las evidencias abundan de que, plata mediante, habrían logrado salvar a insalvables, ¿qué garantías procesales tendrían fiscales y jueces para investigar a nada más y nada menos que a quien sería la cabeza del esquema que se investiga?
Arévalo no puede continuar en el JEM, pero tampoco debería seguir un instante más en la Cámara que integra. Si tal sinvergüencería llegara a prosperar –la de quedarse en uno u otro lado, o en ambos, gracias a los inapelables votos de cartistas y satélites– podríamos decir que nos hemos hundido irremediablemente en la podredumbre legislativa y judicial donde todo se compra y todo se vende. Sería la confirmación de que somos una nación donde se pueden torcer procesos contra ciudadanos absolutamente indefensos siempre y cuando haya fajos de billetes dispuestos a pagar, financiar y cubrir las apetencias de los tránsfugas que pululan. Seríamos un país donde se puede maniatar a la Justicia si se conocen los resortes para hacer saltar los obstáculos legales. Por la plata baila el mono. Algunos políticos y fiscales también.
En las últimas horas se han conocido hechos que hacen inapelable sostener que la mafia manda en la República del Paraguay. A platazo limpio algunos hombres y mujeres han obtenido tráfico de influencias mediante con el difunto diputado Lalo Gomes, favores que incluían no perder cargos pese a graves denuncias y acusaciones de fiscales del JEM que opinaban favorablemente a favor de la destitución. Llamativamente, ninguno de ellos terminaba fuera del cargo. Ahora se sabe que mientras en público parecían haber sorteado exitosamente cuestionamientos jurídicos, la trama por debajo de la mesa era macabra, perversa y escabrosa: chats revelan cómo desfilaban por la residencia de Arévalo para lo que parece haber sido entregar alguna ofrenda a cambio de salvarse.
Los indicios en contra del diputado cartista deben ser investigados con la mayor urgencia por el propio JEM, institución que pareciera ser la más prostituida, bastardeada y severamente afectada por este terremoto. Las sospechas existentes son tan escandalosas que van a constituir un verdadero desafío para los fiscales designados en las últimas horas por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón.
En efecto, la propia Fiscalía General del Estado se ve fuertemente remecida ante la actuación de varios de sus miembros, como los fiscales Stella Mary Cano, Lorenzo Lezcano, Katia Uemura, además de la jueza Sady López. Todos ellos tuvieron sendas charlas con el fallecido diputado Lalo Gomes, y todos ellos parecen haber accedido a la ubicación residencial del diputado Orlando Arévalo en momentos en que este era presidente del JEM y las papas quemaban para los nombrados. La aparición de cheques, conversaciones sobre cifras que serían montos de dinero en dólares, las protestas “porque ni los traficantes piden eso”, números de cuentas bancarias, fotocopias de transferencias realizadas por el diputado Lalo Gomes a familiares de uno de ellos revelan una podredumbre y una inmundicia inaguantables.
A juzgar por la denuncia del juez Osmar Legal, la conducta de Arévalo podría ser delictiva. En entrevista con nuestros medios, el juez de marras habló de indicios de prevaricato, asociación criminal, cohecho pasivo agravado (coima) y tráfico de influencias.
Arévalo ya arrastraba serias dudas sobre la legitimidad de su título universitario, sospecha que la propia Fiscalía nunca se esforzó en esclarecer ni en agotar instancias para confirmar o desmentir las denuncias. A este cuestionable antecedente se suman ahora acusaciones aún más graves.
Si nuestra República no aprovecha coyunturas como estas para emprender una depuración profunda de sus instituciones, arrancar de raíz la podredumbre legislativa, judicial y fiscal, aplicar castigos ejemplares e implacables a los corruptos, sin margen de duda podremos afirmar que en Paraguay, la mafia manda.
