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Sin dudas el 2025 viene cargado de sorpresas, y un 3 de febrero no podía pasar desapercibido en la historia del Paraguay. Al tiempo de recordar que hace 36 años empezábamos a caminar en democracia tras una larga y cruenta dictadura stronista, en fecha coincidente también recibíamos con asombro la denuncia realizada por el juez Osmar Legal en el marco de la investigación de la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien daba a conocer parte de la pericia realizada al teléfono del diputado que resultó muerto en un enfrentamiento con la policía durante un allanamiento realizado en su vivienda como parte de los procedimientos de investigación de supuesto narcotráfico.
Estos datos extraídos del teléfono de Lalo Gomes fueron puestos, por parte del juez Legal, no solo a conocimiento del Ministerio Público, sino de toda la ciudadanía a través de los medios de prensa. Entre ellos se encontraban numerosos mensajes entre el diputado fallecido y el diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), quien además de legislador, fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) durante el periodo 2023-2024 y se desempeñaba como vicepresidente primero de este órgano colegiado creado por la Constitución Nacional y encargado de juzgar a jueces, fiscales y defensores por mal desempeño en sus funciones e imponer las sanciones que considere, pudiendo incluso destituirlos del cargo.
Esta prerrogativa constitucional buscaba en sus orígenes un equilibrio de poderes, ya que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estaría compuesto de dos diputados, dos senadores, dos representantes del Consejo de la Magistratura y dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, cada uno con su suplente, es decir, la representación de este cuerpo colegiado debería obedecer a un principio de equilibrio de poderes y de heterogeneidad que permita la mayor representatividad y, por ende, la mayor independencia.
Sin embargo, estos años nos han demostrado que el JEM solo sirve para buscar el sometimiento absoluto del Poder Judicial al poder político. Ya con el extinto senador Óscar González Daher, que también era del cartismo, vimos cómo puede pervertirse por completo a la Justicia bajo amenazas de destitución o enjuiciamiento, buscando con ello captar la mayor cantidad de “leales” dentro de los órganos jurisdiccionales para la complacencia del poder político.
En el caso de Lalo Gomes y Arévalo, pudimos ver cómo funciona aparentemente el engranaje de la mafia política, ya que, según los mensajes dados a conocer por el juez Legal, tanto fiscales, como Katia Uemura, Stella Mary Cano y Lorenzo Lezcano, o jueces, como Sadi López –quien presentó renuncia tras ventilarse el escándalo– recurrían a Lalo para que intercediera ante Arévalo (en ese momento presidente del JEM) y este sea el encargado de operar con sus colegas para el archivamiento de las denuncias o los enjuiciamientos. También pudimos observar fotografías de cheques de altas sumas de dinero librados entre Arévalo y Gomes y constancias de transferencias bancarias que evidentemente no inmutaron a la Seprelad y que ahora la Fiscalía debe investigar.
Lo más llamativo de todo es que este hecho desnudado por el juez Osmar Legal nos remonta a las manifestaciones expresadas por Orlando Arévalo poco después de la muerte de Lalo Gomes, en las cuales amenazaba con la suspensión de los fiscales y jueces que tenían a su cargo la investigación por hechos de narcotráfico que motivó el allanamiento de la casa del diputado cartista, donde este terminó perdiendo la vida, y expresaba además un curioso interés en obtener la copia íntegra de la carpeta fiscal para tener acceso a las pruebas, entre las que se encontraba el celular de Gomes que hoy nos evidencia el circuito de la mafia en el que, aparentemente, estaría involucrado Arévalo, quien abusando de las prerrogativas del cargo ante el JEM, al parecer buscaba colocar fiscales “a medida” y conocer las pruebas que terminarían incriminándolo en un esquema que el Ministerio Público debe aclarar cuanto antes.
Como si todo fuera poco, y en muestra de una clara falta de vergüenza y exceso de desfachatez, el cartista Arévalo presentó el pedido de “permiso por tiempo indefinido” como vicepresidente y miembro del JEM, mientras dure la investigación del Ministerio Público, cuando lo que corresponde es su expulsión de ese órgano colegiado que hoy ya no cumple la función constitucional para la cual fue creado sino que sirve únicamente como una institución de aprietes políticos para el sometimiento de la justicia paraguaya al mejor postor. Por lo tanto, mientras no sea depurado completamente este órgano juzgador de la magistratura, seguiremos siendo testigos de enjuiciamientos y destituciones de valientes jueces y fiscales, absoluciones y archivamientos de los “amigos del poder” y amenazas de enjuiciamientos y suspensiones a quienes tengan en sus manos casos delicados que involucren a los peces gordos.
El Ministerio Público tiene en sus manos tal vez uno de los casos más grandes de conexiones entre la narcopolítica y la Justicia paraguaya. Esperemos que no quede en manos de Mandrake recuperar el tesoro de la confianza de manos de los piratas de la Justicia paraguaya.
