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En homenaje a la transparencia gubernativa, los paraguayos, y en particular los asuncenos, quieren saber, entre muchas otras cosas, adónde fueron a parar más de G. 500.000 millones, parte de los G. 722.404 millones recaudados mediante bonos emitidos por la Municipalidad asuncena para levantar 24 obras de infraestructura, que no fueron construidas o quedaron inconclusas. Tras ser requerido más de una vez, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) informó el año pasado a la Contraloría General de la República (CGR), en términos generales y sin adjuntar documentos respaldatorios, que el dinero fue destinado sobre todo a inversiones ajenas a su objeto y al pago de gastos corrientes, pese a que la Ley Orgánica Municipal impide financiarlos con operaciones de crédito. Luego de un contundente dictamen de la CGR, el Ministerio Público allanó la Municipalidad y abrió una investigación contra personas innominadas por la presunta comisión de delitos aún no tipificados, cuyos avances se ignoran, pese a que el órgano contralor ya le despejó el camino en gran medida.
El misterio en torno a la sideral suma continúa porque, presumiblemente, el responsable de la administración municipal en quiebra tiene mucho que ocultar. Ahora se espera que al menos acate una orden judicial y se resigne a entregar una información acabada acerca de su destino final, así como de toda la deuda financiera municipal, dentro del plazo de diez días hábiles, en virtud del fallo que la jueza Celia Salinas de Armoa dictó en respuesta a un pedido de amparo del abogado Ezequiel Santagada. La petición invocó la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, que castiga el incumplimiento de la decisión judicial con una pena de hasta trescientos días-multa y una inhabilitación para el ejercicio de la función pública de hasta dos años. El pedido de acceso a la información había sido presentado a la Municipalidad el 29 de agosto de 2024, obteniendo el silencio como respuesta. En diciembre, tras una reiteración de la demanda, el órgano pidió una prórroga de quince días, que terminó en la nada para dar una muestra más del desprecio al ciudadano que distingue la gestión del intendente, ya imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa abierta por compras hechas con motivo de la pandemia.
El asesor jurídico municipal, Benito Torres, anuncia ahora que la sentencia no será apelada y afirma con descaro que nunca existió el propósito de denegar la información, algo que Nenecho ha venido haciendo al menos desde marzo de 2024, en contubernio con la gran mayoría de los ediles. Ha pasado casi un año sin que la desastrosa Municipalidad haya dado cuenta cabal de lo hecho con la suma en cuestión. Como no puede citar una ley que califique de reservada la información requerida al respecto, ha venido recurriendo al silencio o a maniobras distractivas, confiando en la desmemoria de la opinión pública. La impúdica falta de transparencia probablemente tenga que ver con la corruptela, pues una administración honesta nada tiene que ocultar.
La Constitución dice que las fuentes públicas de información, entre las que la ley incluye a los Gobiernos municipales, “son libres para todos”; por tanto, Nenecho ya debió haber expuesto hace largos meses el paradero de cada guaraní recaudado con los bonos emitidos, hoy parte importante de la cuantiosa deuda comunal a ser amortizada por los contribuyentes. El fallo dictado en buena hora pone las cosas en su lugar, siendo de esperar que sea efectivamente cumplido y que la información arrancada se ajuste a la verdad.
Aunque Nenecho no lo crea, también él debe estar sometido a la Constitución y a las leyes, como cualquier ciudadano. En otros términos, ya es hora de que aprenda que, en el ejercicio de una función pública, no puede hacer ni dejar de hacer lo que se le antoje, aunque sea apañado por algún poder fáctico. Se le terminaron las excusas: tiene que decirles a los asuncenos dónde están los G. 500.000 millones que les pertenecen.
