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El próximo 14 de febrero se cumplirá un año del mayor avasallamiento a la democracia por parte del Congreso Nacional, de los últimos tiempos, con la expulsión de la exsenadora Kattya González (ex-PEN), para lo cual, con mayoría cartista, nuestros desvergonzados senadores violaron garantías fundamentales de un debido proceso, como el ejercicio de la defensa y la imparcialidad del cuerpo legislativo en el marco de un libelo acusatorio montado con el objetivo de dejar a la senadora opositora “fuera del tablero”. Coincidentemente, un año después somos testigos de un bochornoso escándalo como consecuencia de las filtraciones de mensajes comprometedores, entre otros, del expresidente y exvicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el diputado Orlando Arévalo (ANR, HC) y el hoy fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), que dejaron al descubierto cómo opera el poder político para someter a jueces y fiscales corruptos.
Sin embargo, contrariamente a lo ocurrido con la entonces senadora del PEN, y pese al estruendoso escándalo que involucra al protagonista del actual caso, el oficialismo y sus satélites en la Cámara de Diputados no dieron la más mínima muestra de decencia instando un juicio de pérdida de investidura a Orlando Arévalo para apartarlo de una banca legislativa que, según las pruebas que ganaron estado público, no la utiliza para representar al pueblo paraguayo sino para doblegar a la justicia, someterla a los caprichos e intereses del poder político y generar un clima de impunidad al parecer para seguir sosteniendo grandes negocios, tal vez ligados al narcotráfico, el lavado de dinero o el pago de los más rentables favores. Pero abrumado por las circunstancias, es el mismo Arévalo quien pidió primero su desafuero para someterse a la Justicia, y luego renunció a su banca en la Cámara de Diputados.
Tampoco el Tribunal de Conducta de la ANR ha mostrado interés en investigar el actuar de un diputado colorado con tan alto cargo sometiendo a jueces y fiscales, a cambio de dinero, según demuestran los mensajes dados a conocer recientemente, ya que solo se inmuta para sancionar a quienes en uso de su libertad de expresión emiten alguna crítica contra la sórdida asociación, pero guarda un silencio cómplice ante estos graves hechos que involucran no solo a sus correligionarios sino al primer anillo del movimiento de Gobierno.
Recordemos que para la expulsión de Kattya González los senadores cartistas elaboraron un libelo acusatorio sobre supuestos hechos de tráfico de influencias, que luego fueron desestimados por el Ministerio Público. En el caso del diputado Arévalo, fue el propio juez Osmar Legal quien remitió las pruebas obtenidas de la pericia realizada al teléfono celular del fallecido diputado Lalo Gomes, que todo apunta al pago por tráfico de influencias a Arévalo quien en ese momento fungía también de presidente del JEM. Es decir, para destituir a Kattya recurrieron a un montaje de hechos que fueron desestimados por la Fiscalía, sin embargo, al tratarse del cartista Arévalo, aun teniendo a la vista tan fuertes evidencias de causales de pérdida de investidura no son capaces de acelerar el pedido de enjuiciamiento, sino recién a instancia de la oposición, que sabemos es minoría para este tipo de decisiones.
No podemos dejar fuera de la ecuación de impunidad al Poder Judicial, en especial a la Corte Suprema de Justicia, que hace casi un año tiene en sus manos la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora González contra la resolución del Congreso que decidió su pérdida de investidura. Esta dilación por parte de la máxima instancia judicial no solo constituye una violación al plazo razonable como garantía de un debido proceso, sino que es un mensaje desalentador para todo justiciable que pretenda someterse a los tribunales nacionales esperando independencia e imparcialidad. O tal vez, el Dr. César Diesel, nuevamente presidente de la CSJ, también tenga algo que explicar de acuerdo con los mensajes que aparecen en el celular de Lalo Gomes y una jueza de Amambay. Asimismo, la cobardía de la Corte Suprema también es un mensaje negativo para los jueces inferiores quienes no cuentan con garantías de justicia ni siquiera por parte de sus superiores, por lo que constituyen el eslabón más débil que fácilmente resulta corrompido por los políticos.
De igual forma, el Ministerio Público se ha caracterizado por no sentar posturas firmes, sino todo lo contrario, por demostrar tibieza de parte de su máxima autoridad, el Dr. Emiliano Rolón, quien atribuye los fracasos institucionales a la falta de presupuesto, a la falta de insumos, a la falta de fiscales o a Mandrake el mago y la mala suerte. A esto se suma la nula representatividad del gremio de fiscales que no se ha hecho escuchar ante la atribución de hechos de corrupción de sus pares tan cuestionados como Lorenzo Lezcano, Katia Uemura y Stella Mary Cano.
Estos serios indicios de graves hechos de corrupción cometidos por autoridades del Legislativo, del Poder Judicial y la Fiscalía en un enjuague vergonzante y ruin constituyen un enorme y trágico retroceso en la cada vez más debilitada democracia paraguaya. Solo nos resta decir: “vergüenza, cúbrete el rostro”.
