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El escándalo suscitado por la filtración de los mensajes del celular incautado del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes sigue destapando ollas de corrupción y mafia putrefacta, salpicando a los representantes de los tres poderes del Estado, lo cual demuestra que como ciudadanos estamos completamente desprotegidos ante el crimen organizado que avanza sin contemplación en Paraguay, y lo peor de todo, sin haberse escuchado hasta ahora un pronunciamiento al respecto por parte del presidente Santiago Peña que, como siempre, nos regala su conocido silencio en temas trascendentales.
Entre los mensajes más llamativos y preocupantes que salieron a luz figuran los intercambiados entre Lalo Gomes y la actual ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien en ese momento era agente fiscal en la unidad de delitos económicos y pugnaba por la presidencia de la Asociación de Fiscales. Entre los mensajes filtrados ella le confirmó que necesitaba su ayuda y le adelantó que también “estaba a sus órdenes en lo que él necesite”. El cuestionado político fue investigado en el marco del operativo Pavo Real II por hechos vinculados al lavado de dinero y al narcotráfico. Es decir, si nada menos que la actual ministra de la Seprelad confirmaba estar “a las órdenes” del hoy fallecido diputado Gomes, entonces ¿quién podrá defendernos de tan graves delitos?
Otro de los mensajes bastante llamativos fueron los intercambiados por Lalo Gomes con el hermano de la ministra Alcaraz, el otrora fiscal adjunto contra el crimen organizado y hoy nada menos que ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz. En los mismos se evidencia lo que aparenta un intercambio de favores, y Lalo Gomes al parecer quedó muy satisfecho del resultado que le dice a su hijo Alexandre Rodrigues Gomes: “Yo le traje dos cajas de picanha premium”, refiriéndose a Alcaraz.
Muchos de los misterios que hoy rodean este caso no serán develados hasta que sean cuidadosamente analizados por el Ministerio Público, cuyo titular, Emiliano Rolón, decidió degradar, enviándolo a un cargo de menor importancia, al fiscal Osmar Segovia, que había incautado el celular de Lalo Gomes. Asimismo, los bienes y las cuentas de Marco Alcaraz deberían ser cotejadas y analizadas por la institución encargada del combate al lavado de activos. Pero para desgracia, esa institución es liderada por su hermana. Y si la misma no fue capaz de informar sobre el financiamiento de un congreso internacional realizado en Asunción, ¿seremos tan cándidos en pensar que informaría sobre movimientos sugestivos de su hermano? Por lo tanto, ¿quién podrá defendernos?
Es decir, el Poder Ejecutivo se encuentra embarrado por presuntos hechos de corrupción, pago de favores y sometimiento al poder político, pero nada de esto parece importar al presidente Santiago Peña, quien no solo se ha mantenido en completo silencio ante lo ocurrido, sino que además acudió a una reunión ante el Consejo de Defensa Nacional (Codena) acompañado de su ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, como si nada hubiera ocurrido, por lo que podemos presumir solo dos cosas: o Santiago Peña no entiende completamente lo que está ocurriendo en Paraguay o entiende y no le importa. Ambos extremos son igualmente graves para un presidente de la República, más aún cuando lo que se espera es no solo una postura política, sino una postura ética respecto a lo que aparentan graves hechos de corrupción y sometimiento al poder político.
Por otro lado, el Poder Judicial se encuentra comprometido, empezando por la propia cabeza de la institución, ya que los chats filtrados también evidenciaron conversaciones que parecen involucrar al propio presidente de la máxima instancia judicial, César Diesel. En uno de los mensajes entre Lalo Gomes y la hoy suspendida –y que luego renunció– jueza Sadi López, el extinto diputado menciona que ya recibió una respuesta de César Diesel y que este le dijo que le iba a “avisar”, con respecto de una conformación de terna para juez penal de Amambay. En otro mensaje, bastante confiado, le agregó: “Mi amigo también. Va a hablar con Jiménez Rolón (otro ministro de la CSJ) y me avisa”. Estos mensajes permiten sospechar un indignante tráfico de influencias que existiría para la conformación de ternas “a la carta”, las cuales ya van con la suerte echada para su selección ante la CSJ, y así asegurar puestos a “jueces amigos”, fieles y serviles al poder político. Por lo tanto, si la propia cabeza de la institución encargada de hacer justicia en Paraguay está conectada a un esquema de selección de jueces “a dedo” y no aclara convenientemente su aparición en los chats de Gomes, ¿quién podrá defendernos?
No podemos dejar de lado las últimas manifestaciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien al ser consultado sobre la razón del cambio del fiscal Osmar Segovia de la unidad contra el crimen organizado, siendo quien incautó el aparato celular de Lalo Gomes, solo atinó a responder “Nosotros no tendríamos por qué explicarle a la gente por qué cambiamos a un fiscal”, olvidando que él y los agentes fiscales son “representantes de la sociedad”, y en cuestiones tan importantes y particulares como estas, debe entender que lo que se pretende es una luz de transparencia en las instituciones que nos gobiernan. Sin embargo, la movida realizada, enviando al fiscal a una unidad civil del interior del país, donde no tendrá ningún tipo de protección luego de haber liderado un procedimiento que desmanteló toda una red de corrupción, más bien parece un castigo que una medida de mejor servicio. Por lo tanto, si el máximo representante de la sociedad dice que no tiene por qué dar explicaciones a la ciudadanía de sus decisiones sospechosas y llamativas, ¿quién podrá defendernos? Lo único que falta es que en vez de Mandrake el Mago, esta vez nos dejen en las manos del Chapulín Colorado.
