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Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, difundido hace unos días por la conocida organización Transparencia Internacional, los paraguayos estiman que en su país la deshonestidad campea en el sector público, tanto que, en Sudamérica y por tercer año consecutivo, solo los venezolanos tienen una percepción aún más negativa con respecto al suyo. En una escala que va del cero (“muy corrupto”) al cien (“muy limpio”), el Paraguay ocupa con solo 24 puntos el puesto 149 de entre 180 países y territorios, habiendo perdido cuatro puntos con relación al estudio de 2023. En otros términos, la espantosa corrupción se ha agravado aún más a los ojos de sus propios habitantes, de lo que nuestras autoridades parecen no estar enteradas y siguen presentando al Paraguay como un verdadero paraíso terrenal, como si los interlocutores internacionales no estuvieran conectados a los medios y no supieran lo que ocurre en el país. Y conste que cuando se elaboró el Índice, aún no habían explotado los espeluznantes mensajes que intercambiaron un diputado y ciertas juezas, fiscales y el mismísimo expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Arévalo.
Este último episodio de una larga tragedia generó numerosos comunicados provenientes de la sociedad civil, como el de la Asociación de Bancos del Paraguay, en el que se lee que “la corrupción y el tráfico de influencias generan un clima de inseguridad jurídica y socavan la confianza de los ciudadanos y potenciales inversores internacionales”. Es oportuno citarlo porque el Gobierno se ha venido jactando de la estabilidad macroeconómica, de que una calificadora de riesgos haya dado un voto de confianza al país y de que el Paraguay no solo es un pequeño Catar, sino también una solución para la demanda mundial de alimentos. Al presidente Santiago Peña debería inquietarle que sus compatriotas tengan buenos motivos para creer que las acciones inmorales e ilegales del aparato estatal han aumentado estando él en el Palacio de López. No lo han dicho unos consultores internacionales, sino los testigos y víctimas del flagelo al que se agrega la inserción de la mafia en los poderes del Estado.
La ciudadanía sabe de las licitaciones amañadas, de las malversaciones o del tráfico de influencias, entre otras variadas lacras resultantes de la difundida convicción de que un cargo público está allí para enriquecer a quien lo ocupa. Como no hay conciencia del delito, los que mandan y sus allegados creen que el que no roba es un tonto. Además, hay que apurarse para sacar provecho porque desde 1989 los Gobiernos se suceden cada cinco años y se puede perder el puesto en beneficio de los recién llegados. De hecho, la caída de la dictadura trajo también consigo una suerte de descentralización de la corruptela, de modo que –lamentablemente– puede afirmarse que la democracia no conllevó el saneamiento de las instituciones: por lo que se viene conociendo, el dinero sucio circula con fluidez en la administración central y en la descentralizada, así como en el Palacio de Justicia y en el Legislativo.
El anterior Gobierno estadounidense calificó de “significativamente corruptos” a nueve figuras de la función pública: al expresidente de la República Horacio Cartes, al exvicepresidente Hugo Velázquez, a los exlegisladores Óscar González Daher (+) y Ulises Quintana, al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, al exmiembro del JEM Jorge Bogarín Alfonso, al exjefe de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Édgar Melgarejo, al exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá Juan Carlos Duarte y al exfuncionario judicial Vicente Andrés Ferreira. Se trata de muchas personas a las que un Gobierno extranjero les ha bajado el pulgar, pero al parecer ello no inmuta a las autoridades paraguayas. Es como si pensaran que “son chanchos de nuestro mismo chiquero”, y no hay que molestarlos.
Es lamentable decirlo, pero, pese al discurso triunfalista de nuestras autoridades, no se puede negar que nuestro país continúa chapoteando en la corrupción. El presidente Santiago Peña debería ufanarse menos de sus supuestos logros y combatir este flagelo, si no cree que ello atentaría contra sus propios intereses.
