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El último 5 de febrero y haciendo lugar a un pedido de amparo, la jueza Cecilia Salinas de Armoa ordenó al intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), que dentro del plazo de diez días publique los documentos relativos a la deuda financiera municipal de cualquier origen; ella incluye la derivada de la emisión de bonos para construir 24 obras de infraestructura, que durante la administración de este intendente permitió recaudar 722.404 millones de guaraníes, de los cuales 500.000 millones habrían sido desviados porque los trabajos previstos no fueron hechos o quedaron inconclusos, en su gran mayoría.
Como el persistente reclamo ciudadano acerca del esclarecimiento de este presunto desvío de fondos no ha sido satisfecho ni el Ministerio Público ha revelado hasta ahora los avances de la investigación abierta, ahora resta esperar que el emplazado cumpla cabalmente el fallo judicial, poniendo todas las cartas sobre la mesa. Por de pronto, ha vuelto a formular algunas declaraciones que carecen completamente de asidero legal. En efecto, sostuvo en una entrevista radial, sin entrar en detalles, que utilizó lo percibido en 2020 y 2021 para cubrir gastos corrientes por 492.000 millones de guaraníes, mediante la figura de la “caja única”, pese a que la ordenanza respectiva dispone que para cubrir un déficit temporal solo se recurra a letras del tesoro público de la Municipalidad, colocadas al plazo máximo de un año. Si a ello se suma que la Ley Orgánica Municipal prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes, como ya lo señaló la Contraloría General de la República en julio del año pasado, resulta que el imputado por lesión de confianza en el caso de los detergentes comprados a muy alto precio, Nenecho, violó a sabiendas un par de normativas para tratar de mantener a flote una nave dañada por la corrupción, el derroche y el prebendarismo.
Es curioso que en el actual Presupuesto hayan aparecido más de 410.668 millones de guaraníes, como saldo de los bonos, pese a que lo ingresado sirvió en gran medida para financiar gastos corrientes mediante la “cuenta única”, según el propio intendente. Su disparatada explicación de que “el dinero es volátil, lo que ingresa vamos utilizando”, no explica en absoluto lo que se viene queriendo saber: dónde está la plata de los asuncenos. Aunque fuera inestable, el ingresado mediante los bonos deberá devolverse a sus tenedores, con intereses, sin que los vecinos de Asunción se hayan beneficiado con obras, porque fue desviado para el financiamiento de gastos corrientes.
Nenecho se ha venido burlando de la opinión pública y, en especial, de los contribuyentes asuncenos, entre los que él no figura porque reside en Lambaré. En cambio, las víctimas de su pésima gestión deberán soportar un aumento de la deuda sin haber recibido nada a cambio, porque los bonos habrían servido para tapar agujeros desviando fondos, sin que deba excluirse que también hayan sido empleados para el enriquecimiento ilícito. Hubo que recurrir a una petición de amparo para que el principal responsable del tremendo desmanejo muestre los documentos respaldatorios de los gastos realizados, lo que desde luego hace suponer que tenía mucho que ocultar.
Las maniobras de ocultamiento del intendente fueron consentidas por una no menos repudiable omisión de la Junta Municipal, que se desentendió de ellas como si le resultaran indiferentes: no se le ocurrió preguntar al intendente por qué algunas obras de infraestructura no fueron construidas ni por qué otras no fueron terminadas. Aprobando a ciegas sus ejecuciones presupuestarias, sus acólitos tampoco quisieron saber de dónde salían los recursos para pagar salarios, entre otros gastos corrientes. Es decir, a la gran mayoría de los concejales no les interesó el destino de nada menos que unos 500.000 millones de guaraníes de los vecinos a quienes representan. En suma, en esta repelente historia existe una repudiable culpa compartida. De modo que la pregunta sigue en pie: Nenecho, ¿dónde están los 500.000 millones de los asuncenos?
