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Ayer se llevó a cabo la “Cumbre de poderes” convocada por el presidente Santiago Peña tras la divulgación de los chats obtenidos del celular incautado al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y que involucra a importantes autoridades del Gobierno, entre ellos, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, jueces, fiscales y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en supuestos hechos de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el crimen organizado.
A esta “Cumbre” convocada y liderada por el titular del Ejecutivo asistieron además el vicepresidente, Pedro Alliana; el presidente de la CSJ, César Diesel; el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista); el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista); el asesor político del jefe de Estado, José Alberto Alderete; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y el contralor general, Camilo Benítez. Al término de la reunión, Peña se dirigió a la ciudadanía a través de un comunicado, pero sin permitir preguntas de la prensa, para dar a conocer los puntos acordados, según él, para combatir la corrupción galopante, que –puede afirmarse– a estas alturas ya hizo metástasis en todos los poderes del Estado.
En este comunicado, Peña dio lectura a las “estrategias” propuestas en la “Cumbre” que aglutinó a varios de los personajes citados en los chats de Lalo Gomes y otros que aparecían habitualmente con él en amistosas poses fotográficas, como el mismísimo presidente de la Corte y el fiscal general, así como a referentes del cartismo, movimiento oficialista al cual pertenece el expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Arévalo, quien según las evidencias filtradas estaría involucrado en turbias negociaciones y a quien, hasta ahora, no han expulsado del Legislativo. Para peor, el propio Peña, quien lideró este encuentro, manifestó el pasado viernes que da blindaje y protección a los hermanos Alcaraz –Liliana, titular de Seprelad, y Marco, ministro de Inteligencia–, al señalar que “gozan de mi confianza”, pese a que ambos están seriamente salpicados en los chats de Lalo Gomes. Entonces, es como para pensar: ¿quién de los convocados puede proponer estrategias de combate a la corrupción cuando no dan muestras claras de luchar contra ella, pudiendo hacerlo?
Recordemos que fue el trabajo investigativo de la prensa el que permitió dar a conocer esta terrible conexión entre el poder político, la justicia paraguaya y el crimen organizado, sirviendo “en bandeja” con nombres y apellidos a quienes son capaces de vender la patria y la conciencia por lo que hacen llamar “carne premium”. Sin embargo, el líder de la reunión, Santiago Peña, y primer mandatario de nuestro país, dijo la semana pasada que prefiere hablar de deporte, y el líder de la institución investigadora y mayor representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, Emiliano Rolón, criticó la actuación del juez Osmar Legal, quien denunció a la Fiscalía presuntos actos de corrupción y nexos con la mafia a partir del contenido del celular del fallecido diputado. Entonces, ¿de que sirvió la labor investigativa de la prensa y la decisión del juez Legal para denunciar si finalmente quienes deben tomar cartas en el asunto siguen sin hacer nada y se andan por las ramas?
La “Cumbre de poderes” en realidad más bien parecía la “Cumbre de los amigos de Lalo” (con algunas excepciones), ya que hasta ahora varios de los presentes en dicha reunión aparecen mencionados en los chats, y otros, como el presidente Peña o los legisladores cartistas actúan de encubridores de quienes ya deberían estar fuera del poder, como es el caso de los hermanos Alcaraz, ambos titulares de instituciones encargadas de asuntos privilegiados, que deben tener a la cabeza a personas intachables y no salpicadas o sospechadas de corrupción. O, como Orlando Arévalo, en su momento presidente del JEM, aparentemente vinculado a nexos con el crimen organizado y a quien hasta ahora no le han soltado la mano.
El comunicado dado a conocer tras la reunión solo enlista una serie de siete obviedades, en las que los participantes proceden a “instar”, “ratificar”, “proclamar” y otros términos implícitos en la obligación de las autoridades encargadas de investigar y de hacer justicia. En uno de los puntos, el comunicado establece también “Proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como herramienta para la vigencia de la democracia”. Sin embargo, desde la asunción al Gobierno, el presidente Peña se encargó de amedrentar a los medios de comunicación críticos. También sus partidarios anunciaron varias veces proyectos de leyes que limitarían la libertad de expresión y amenazaron a quienes defienden la transparencia y evidencian hechos de nepotismo, clientelismo y mala utilización de recursos públicos.
Otro de los puntos acordados fue “instar a la clase política, sin distinción de banderillas, movimientos o partidos a colaborar con las autoridades en la lucha contra la corrupción”. ¿Acaso no debiera ser esta la consigna de las autoridades al asumir el cargo? ¿Necesitan que se les recuerde? También “instaron” al respeto de los objetivos, misiones y plazos en la investigación penal. La pregunta es ¿cómo es que no se respetan los plazos investigativos?
Otro punto absurdo acordado fue el de “ratificar el compromiso de que todos los poderes y órganos firmantes seguirán implementando y profundizando la estrategia nacional de combate contra la corrupción”; sin embargo, no dijeron cómo lo harán. Al no haberse resuelto casos concretos, es como para pensar que seguirán dando apoyo a quienes aparecen involucrados en los chats y critican a la prensa que desnudó estos hechos y al juez que los denunció. Entonces, solo podemos recordar las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele: “Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno”. ¿Esto es lo que pasa en nuestro país?
