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Cuando Carlos Fernández Valdovinos juró como ministro de Economía y Finanzas, el 29 de agosto de 2023, se quejó públicamente de que nunca un Gobierno, por el de Mario Abdo Benítez, había dejado “una deuda tan grande como esta”. Recibía un saldo de endeudamiento de 15.565 millones de dólares, equivalentes al 35,5% del PIB. Para cuando terminó ese año, apenas tres meses después, el saldo ya había crecido mil millones de dólares, a 16.566 millones, 38,5% del PIB. Al cierre de 2024, fue de 18.083 millones de dólares, 40,7% del PIB. Y ahora se prepara una nueva colocación de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares más, por encima de lo autorizado en el Presupuesto, pese a preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera expresadas por analistas locales y extranjeros.
“Había escuchado al anterior presidente decir que todo gobierno deja una deuda; es cierto, pero ningún gobierno dejó una deuda tan grande como esta”, dijo en aquella oportunidad Fernández Valdovinos, quien acusó a las anteriores autoridades de esconder pasivos bajo la alfombra para maquillar la contabilidad pública. Con ese pretexto, el nuevo Gobierno obtuvo la autorización para duplicar el tope del déficit fiscal de 2023, que trepó de un plumazo de 2,2% al 4,1% del PIB.
Si aquello fue un “sinceramiento”, como se lo presentó en su momento, para ponerse de una vez al día con proveedores y contratistas del Estado, especialmente de obras públicas y de medicamentos, tal vez se podría justificar ese primer salto de 1.000 millones de dólares como algo único y excepcional. ¿Pero cómo se explica que, al cabo de un año, los contratistas y proveedores siguen quejándose de atrasos y el saldo de la deuda ya se incrementó en más de 2.500 millones de dólares en lo que va de este Gobierno, superando largamente el límite de prudencia del 40% del PIB?
Nótese que se trata del saldo de la deuda, no del endeudamiento en sí. La referencia es relevante porque, según la fundamentación oficial, gran parte de la nueva deuda contraída es, en realidad, para cubrir vencimientos anteriores. Sin embargo, cada vez el país toma más créditos, cada vez es más alto el costo del pago de amortización e intereses, que crece exponencialmente, y, contradictoriamente, el remanente de deuda, en vez de disminuir, no para de aumentar. Es como que cualquier persona gastara más y más en las cuotas de sus préstamos y resulta que, al fijarse en el extracto, su deuda sube en vez de bajar.
Según la información recogida en el MEF, se prepara una emisión de 1.000 millones de dólares, de los cuales solo 714,5 millones están autorizados en la ley de Presupuesto General de la Nación. Para la diferencia se echaría mano a la ley de “administración de pasivos”, conocida como “ley del bicicleteo”, y se espera obtener alrededor de 100 millones de dólares del mercado local.
De concretarse, esta sería la decimoquinta emisión de bonos soberanos desde que Paraguay reingresó al mercado internacional de capitales en 2012, que fue cuando comenzó a rodar la incontenible bola de nieve, y, por los montos que se manejan, estaría entre las tres colocaciones más cuantiosas. Las otras dos son la que realizó Horacio Cartes en 2014, por 1.000 millones de dólares, y la que se materializó en 2020 por la ley de emergencia por la pandemia, también por 1.000 millones.
Además, el contexto es inoportuno, por la devaluación del guaraní frente al dólar, lo que acrecienta peligrosamente la presión sobre las finanzas públicas, un hecho que fue advertido expresamente en un documento emitido en enero por la calificadora de riesgos Moody’s, la misma que otorgó el “grado de inversión”, y por varios analistas extranjeros y locales, entre ellos el exministro de Hacienda Dionisio Borda. El costo del servicio de la deuda pública ya trepó a 9,3 billones de guaraníes en 2024, y se prevé un fuerte salto del 33,3%, a 12,4 billones, en 2025, que podría ser mayor si se excede el monto presupuestado y dependiendo del impacto final del tipo de cambio. Para tener una idea, solo para pagar intereses se está destinando un monto 30% superior a todo el presupuesto anual de salud pública.
El Gobierno no puede seguir endeudando e hipotecando al país. Lo que tiene que hacer es recortar el exceso de gasto público y utilizar mejor los recursos en las verdaderas prioridades de la República y de la población, pero no da ninguna señal en esa dirección. El ministro Fernández Valdovinos y el presidente Santiago Peña han hablado mucho de sus antecesores, pero hasta ahora son más de lo mismo o peor.
