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La prensa nos informa que, ¡¡¡por 12 años consecutivos!!!, en una institución pública, la Escuela Básica Nº 2647 y Colegio Técnico Agropecuario San Agustín, de Calle 1, colonia Blas Garay, Coronel Oviedo, volverán a dar clases bajo los árboles. Allí estudian alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer curso de la media. Las carencias de esta institución, donde concurren familias de pequeños agricultores que cultivan hortalizas, son preocupantes. Los pabellones de la escuela están deteriorados observándose grietas en las paredes, que van agravándose, según relató un profesor. Los sanitarios no dan abasto a la cantidad de alumnos existentes. También carecen de semillas para practicar lo aprendido sobre la producción agrícola, agrega la denuncia. Pues bien, esta escuela y colegio no está ubicado en los confines del país, sino a unos 200 km de Asunción, en una zona altamente productiva, lo que no justifica que el abandono sea tan prolongado. En otros lugares del país se han denunciado situaciones lamentables, sin olvidar a emblemáticos colegios de Asunción, lo que poco habla de una preocupación gubernamental por la formación de niños y jóvenes.
Todo esto, pese a que la Constitución asegura la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. En particular, garantiza el derecho de aprender y dice que la organización del sistema educativo es “responsabilidad esencial del Estado”. De hecho, esa igualdad de oportunidades, que mucho tiene que ver con la calidad de la enseñanza, no existe en el Paraguay de hoy porque la impartida en las escuelas y en los colegios públicos es deplorable. A muchos de los niños y jóvenes de hogares de bajos ingresos les resultará imposible acceder a mejores niveles de vida porque no son adiestrados para avanzar en la sociedad del conocimiento.
A partir de lo que ocurre en la escuela y colegio de marras, que por una docena de años no puede solucionar sus carencias, se puede afirmar que dicha injusticia social es perpetuada por un Estado corrupto y manirroto que se muestra incapaz de crear las condiciones adecuadas para que los docentes y los alumnos reciban una buena formación. Si la de los primeros deja mucho que desear, la de los segundos mal podría ser tan siquiera aceptable, como lo demuestran, respectivamente, los exámenes de evaluación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los informes de un programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según datos oficiales, solo hay unos 250.000 analfabetos, pero serían muchísimos más los que, habiendo asistido a una escuela, son incapaces de comprender lo que leen.
Desde 1989, el MEC, a cuyo frente ya se han sucedido veintitrés ministros, viene destinando alrededor del 90% de su presupuesto al pago de salarios para unos 64.000 docentes y 15.000 burócratas, así que no resta mucho para capacitar a los primeros ni para construir y equipar centros educativos. El sempiterno drama de la infraestructura en pésimas condiciones no solo amenaza la integridad física y hasta la vida de las personas, pues, como es obvio, también afecta el nivel de la enseñanza y el aprendizaje, sin que por lo visto se inquiete el común de los ministros, congresistas, gobernadores, intendentes o concejales, responsables directos de la calamidad educativa.
El problema de fondo es que, pese a los discursos que la enaltecen, por lo que se ve la educación no es una “causa nacional”, como lo pretende la organización no gubernamental Juntos por la Educación. El capital humano de un país se funda en la formación de sus habitantes; el dinero público invertido en ella servirá para hacer efectivo un derecho individual e impulsar el desarrollo socioeconómico, razones suficientes para que la ciudadanía exija que sea atendida con entusiasmo, honestidad e idoneidad. La ignorancia de los gobernados solo beneficia a los que mandan para engañar y delinquir, sin ser castigados con la cárcel ni repudiados con el voto. Es necesario que la ciudadanía se ponga en campaña para que el Estado cumpla con su “responsabilidad esencial” de organizar un sistema educativo que favorezca la igualdad de oportunidades.
