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El Consejo de la Magistratura (CM), la institución que debe garantizar la elección de los más idóneos postulantes a jueces, fiscales y defensores públicos para fortalecer el sistema de justicia, también está devastado por la injerencia del poder político, la corrupción y la narcopolítica. Así como han utilizado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para coaccionar al Poder Judicial y salvar a los “amigos” o castigar a los “enemigos” a través de los procesos de enjuiciamiento, los miembros del CM dan muestras de elegir ternas para jueces y fiscales “a medida” de las necesidades.
Un claro ejemplo de esta situación es el manejo que tiene actualmente el representante de la Cámara de Senadores, Édgar López (PLRA, cartista), exgobernador de Concepción, quien fue escrachado meses atrás por hechos de nepotismo tras contratar a su propia esposa como su asesora y permitir que la misma cumpla funciones en su despacho. No contento con este hecho, también ubicó en el Congreso a su nuera, Andrea Paredes, conocida por haber sido expulsada de la Universidad Católica tras el escándalo de los “compranotas”. Pero aquí no termina el legajo de López, ahora podría también tener en su haber un posible conflicto de intereses como miembro del CM. Es que el liberocartista senador es hermano de Nelson López, abogado de procesados en el caso conocido como “A Ultranza Py”, cuyo fiscal investigador es Deny Yoon Pak.
Justamente este abogado denunció recientemente al fiscal Yoon Pak ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, institución salpicada por presuntos nexos entre algunos de sus miembros con políticos aparentemente ligados al crimen organizado. La acusación contra Yoon Pak llamativamente se produce en el momento en que dicho fiscal, encargado de la unidad contra el narcotráfico, se encuentra concursando para ser reelecto en su cargo. Y quien debe entrevistarlo es precisamente Édgar López, hermano del abogado denunciante, defensor de procesados por narcotráfico.
Es decir, tenemos como miembro del Consejo de la Magistratura a un senador salpicado por hechos de corrupción como el nepotismo, quien es hermano de un abogado defensor de presuntos narcotraficantes, y que a su vez debe decidir sobre la continuidad en el cargo de un fiscal de la unidad contra el crimen organizado que fue denunciado por el hermano de quien debe entrevistarlo ante el JEM. ¿Se ha convertido el CM en un filtro en el que para ser electos los magistrados deben primero someterse al poder político?
Recordemos que el fiscal Pak se opuso recientemente a la desestimación de la causa del “avión iraní” liderada por la fiscala adjunta Matilde Moreno, mano derecha del fiscal general, Emiliano Rolón, cuyo equipo investigador había solicitado la desestimación de la causa, alegando que no se pudo comprobar que Tabesa esté relacionada con el terrorismo. El fiscal Pak se había negado a suscribir la desestimación por considerar que no correspondía. Sin embargo, el conocido fiscal hoy no solo está denunciado ante el JEM, sino que esta institución decidió dar trámite a la acusación, con una llamativa celeridad fuera de lo normal.
Estos hechos nos demuestran que tanto el CM como el JEM son dos instituciones aparentemente copadas por personas vinculadas al crimen organizado, ponen en riesgo la democracia, la justicia y la seguridad nacional. Vivimos en un Estado en el cual la Justicia se encuentra sometida al poder político que amedrenta a jueces y fiscales a través de procesos de enjuiciamiento donde solo se salva quien se somete, y al parecer someterse es comprometer la justicia al servicio del crimen organizado. ¿Queremos que Paraguay se convierta en un narcoestado?
Mientras no sean saneados el JEM y el CM, y hasta que no sean esclarecidos los hechos que conectaron a sus miembros con políticos investigados por narcotráfico, no podemos esperar que la selección de magistrados sea guiada por el mérito y la idoneidad, o que el enjuiciamiento y destitución de los mismos sea verdaderamente por mal desempeño de funciones y de acuerdo a las causales establecidas en la ley. Una de las claras posibilidades de transparencia para recuperar la confianza podría ser el sometimiento voluntario al polígrafo por parte de todos los miembros tanto del Jurado como del Consejo, ya que, finalmente, “el que nada debe, nada teme”. Nos merecemos un país libre del crimen organizado y sus tentáculos dentro de los poderes del Estado.
