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Es inapelable: el Ministerio Público atraviesa su momento más sombrío, las horas más lúgubres de su reciente historia bajo el mandato del fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Cuando se sospechaba que nada podía empeorar la gestión de Sandra Quiñónez, a quien no le importó quedar pegada al cartismo y a sus causas, llegó Rolón Fernández para demostrarnos que siempre se puede estar peor.
Hoy vence el plazo para acusar en la causa impulsada por el expresidente Horacio Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez, sus ministros y funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), una causa que ya conoció de escandalosas revelaciones con la publicación de conversaciones vía WhatsApp entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado cartista Pedro Ovelar. Esta investigación fiscal, que ya ha pedido hasta extender el plazo para poder acusar, amenaza con dinamitar y enterrar el principio de autonomía en las investigaciones fiscales para obtener justicia. Desde hace 24 horas el cartismo ha instalado, mediáticamente, que está todo listo para acusar.
El artículo 2 de la Ley 1562 no deja espacio para la discusión: “El Ministerio Público ejercerá sus funciones en coordinación con el Poder Judicial y las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura”.
Todo indica que está ocurriendo exactamente lo contrario: Se crea la impresión de que las directivas de órganos ajenos a la estructura del Ministerio Público se están obedeciendo a rajatabla. Hoy será el día en el que la República del Paraguay podrá constatar el sometimiento de unos fiscales, o la rebeldía y autonomía de otros. Se da por descontado que si no llegaran a acusar, el FGE y su fiscala adjunta Matilde Moreno no estarán muy contentos con sus subordinados y podrían ostentar esas rabietas y soberbias a las que ya nos han habituado.
Emiliano Rolón Fernández cumplió ayer dos años en el cargo, y muy lejos de una celebración, la ciudadanía tuvo que presenciar en vivo y en directo el descrédito en sus causas más emblemáticas y en los objetivos de su ley orgánica: el fiscal general ha erosionado el respeto y la credibilidad de la institución. Si aún le queda algo de consideración por su otrora trayectoria como magistrado judicial, debería renunciar: en apenas dos años ha sumido a la Fiscalía poco menos que en una institución fallida.
A medida que pasan las horas, más oscuros y tenebrosos son los hechos que están saliendo a la luz y ya son vox populi en la misma Fiscalía: supuestos aprietes. Presuntamente, sugerencias que en realidad son órdenes. Habría entrevistas para exigir posturas distintas a los criterios fiscales; maltratos y despotismo; tiranía y chonguismo. Por si a alguien le quedaban dudas, un sindicato lo puso por escrito y lo denunció vía comunicado.
Las alarmas más preocupantes saltaron semanas atrás cuando Emiliano Rolón Fernández y su adjunta Matilde Moreno enviaron al fiscal Osmar Segovia a Paraguarí. Si en dos años algo hemos aprendido del modus operandi del fiscal general es que, al parecer cuando desea “castigar” a alguien del Ministerio Público, lo destina al interior: eso hicieron con Segovia, quien no solamente estaba encabezando los operativos Pavo Real 1 y 2, sino que además es uno de los fiscales de la causa contra el expresidente Mario Abdo Benítez, algunos de sus ministros y funcionarios de la Seprelad. Ya en ese momento hubo sospechas de que hicieron “consultas” de si habría o no acusación.
Finalmente, la bomba explotó ayer, dejando sepultado el principio de justicia igualitaria, exhibiendo impúdicamente el amancebamiento de los poderes político, judicial y fiscal. El más grave suceso, explícito e irrebatible, que no requiere de ningún trámite de comprobación de hechos, fue que 36 horas antes de que venciera el plazo para la acusación o el pedido de sobreseimiento en la investigación fiscal sobre el expresidente Mario Abdo Benítez, sus exministros y exfuncionarios de Seprelad, sin más trámite y mediante una escueta nota, renunció ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia el único fiscal conocedor del expediente, Guillermo Sanabria. Y para vergüenza del Ministerio Público y de su titular, Emiliano Rolón Fernández, Sanabria dejó expresamente asentado: “motivos familiares y personales”.
¿Cuáles razones personales podrían haber sido tan poderosas como para que un fiscal que figura en terna para ser electo como juez del Paraguay pegue un salto al vacío, 36 horas antes de un momento trascendental, en una causa neurálgica para la Fiscalía y para el Poder Judicial? ¿Cuáles razones extremas lo llevaron a abandonar todo abruptamente, poniendo en juego su prestigio y su futuro?
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández llegó cargando en sus alforjas las esperanzas de un pueblo acerca de un Ministerio Público auténticamente autónomo, que representara fielmente a la sociedad, que velara por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, que promoviera la acción penal en defensa del patrimonio público y social. El hombre “celebró” ayer su segundo aniversario con la renuncia de uno de sus más claves investigadores en una de las causas más neurálgicas de la República del Paraguay. Si algo le faltaba fue un inédito comunicado del Sindicato del Ministerio Público del Paraguay (Simipar). En él, Emiliano Rolón Fernández fue tratado como un capitán que ha guiado al Ministerio Público y lo ha convertido en un reino de tiranía, despotismo y chonguismo.
Todo aquello que se sospechaba que ocurría al interior del Ministerio Público se ha confirmado ayer en un comunicado donde la parte más devastadora es la tremenda certeza de que no se avizora ningún cambio: “la soberbia, la terquedad y el PHD en todología no permiten tan siquiera aceptar una recomendación y mucho menos un error. Todos están desmotivados, cansados y hartos, lo que convierte en un escenario propicio para un motín que puede darse en cualquier momento si las inequidades, injusticias y avasallamiento a las normas no cesan”, concluía el comunicado.
Hoy es el día D para nuestro país; hoy se jugará el rumbo de sus instituciones y de su justicia. Hoy comprobaremos las sospechas de que el cartismo no solamente se ha apoderado de los tres poderes del Estado, sino –y sobre todo– de la única institución que por ley está obligada a defender a la sociedad paraguaya: el Ministerio Público. Hoy se sabrá si hemos ingresado al peor escenario posible en la República del Paraguay, con todos los poderes Y LA FISCALÍA arrodillados ante el poder de un solo Patrón.
