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Junto con el fiasco del metrobús, el acueducto chaqueño es uno de los mayores escándalos nacionales de los últimos lustros en lo que a obras públicas respecta. En efecto, entre 2012 y 2022, consumió 991.500 millones de guaraníes (130 millones de dólares) para hacer llegar a Loma Plata el agua extraída del río Paraguay a la altura de Puerto Casado, sin que hasta hoy se haya logrado dicho objetivo, salvo durante las dos semanas siguientes a su inauguración. De nada sirven las reparaciones con fibra de vidrio, resinas y un líquido endurecedor, hechas por una firma contratada por la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), pues las roturas reaparecen una y otra vez en las tuberías de 203 kilómetros de extensión, hoy invadidas por malezas y raíces. Estos inútiles trabajos adicionales ya han costado 2.200 millones de guaraníes, que no se habrían malgastado si el acueducto hubiera sido montado según las especificaciones del contrato, es decir, si el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) –encabezado sucesivamente por Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y Rodolfo Segovia– hubiera cumplido con su deber de planificar correctamente la obra y de velar por su adecuada ejecución a cargo de dos consorcios, cuyos contratos fueron rescindidos en noviembre de 2023, tras haber cobrado el valor íntegro de la adjudicación, en otro golpe más al bolsillo de Juan Pueblo.
Más allá de los Gobiernos que se suceden, este elefante blanco es un buen ejemplo de la ineptitud, la desidia y el derroche que, aparte de la corrupción lisa y llana, distinguen a la administración pública. El “error” inicial se habría cometido al no atender que el terreno por el que se extiende el acueducto tiene una pendiente negativa de cincuenta metros, de modo que su funcionamiento obligaría a derogar la ley de la gravedad, según ironizó el Ing. Agustín Ríos Tonina, quien en 2011 dio cuenta del hecho a la Contraloría General de la República y en 2023 formuló una denuncia penal, sin consecuencia alguna. Fue desoído, como si el primer órgano fuera incompetente para vigilar el buen uso del dinero de los contribuyentes y el segundo no tuviera el deber de al menos investigar la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Resulta así que nadie haya sido responsabilizado hasta ahora, a pesar del largo tiempo transcurrido, por el enorme daño patrimonial infligido al Estado, por acción u omisión, con lo que una vez más se constata que en la función pública de nuestro país hay delitos, pero no delincuentes. Se cometieron gruesas irregularidades tanto en el diseño del proyecto como en su ejecución y en su control, siendo inadmisible también que los fiscales de obras del MOPC hayan aprobado la calidad de los materiales usados y los trabajos hechos, al igual que las firmas contratadas para los mismos exámenes. Se tiene así la impresión de que todos se pusieron de acuerdo para estafar a las arcas estatales, al pueblo paraguayo. Aún se aguardan las conclusiones de la fiscalización especial inmediata dispuesta por la CGR en enero de 2023, es decir, hace más de dos años. Prometió entregarlas en octubre del año pasado, pero aún no lo ha hecho, debido a las prórrogas solicitadas por la ministra Claudia Centurión y el exministro Ramón Jiménez Gaona para entregar sus respectivos informes.
En esta infame historia no solo se ha dilapidado o sustraído el dinero público, sino que también se ha jugado con el anhelo de los pobladores del Chaco central de contar con una provisión constante de agua potable. Lisa y llanamente, estos últimos siguen siendo víctimas de un engaño miserable, que solo sirvió para la propaganda gubernativa y quizá también para el enriquecimiento ilícito. El acueducto se convirtió en un barril sin fondo, por el que sigue fluyendo dinero público en concepto de reparaciones, por lo demás inservibles, que nunca debieron haber sido necesarias. Los autores, cómplices y encubridores de semejante ruindad deben dar con sus huesos en la cárcel y reparar el enorme daño causado. No deben librarse de las consecuencias penales y civiles derivadas de un proyecto mal concebido y peor ejecutado, que sigue absorbiendo recursos del erario.
Los gravísimos perjuicios no fueron provocados por una catástrofe natural, sino por una de orden moral e intelectual que se encarnó en ciertos ministros y funcionarios del MOPC que, por de pronto, no deben seguir siendo apañados con la inacción de la CGR y la del Ministerio Público. Hay que exigirles que rindan cuentas, para que no se siga estafando a la población con el pretexto de mejorar su calidad de vida.
