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Desde que Emiliano Rolón Fernández asumió como fiscal general, nos tiene acostumbrados a una completa inacción en casos de alta relevancia para la democracia y para la sociedad a la cual debe representar según la Constitución Nacional. Entre sus afirmaciones más “descollantes”, el profesor de derecho penal ha dicho que “ni Mandrake el mago” puede resolver el caso del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, por lo que sería ilusorio pensar que él o sus fiscales pudieran luchar contra la mafia del crimen organizado o determinar la autoría moral de dicho asesinato. Bien temprano ya dio a conocer su posición en el asunto.
Posterior a ello, grandes casos de presunta corrupción han saltado a la luz mediante el trabajo investigativo de la prensa, como los chats filtrados del celular del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, sin embargo, muy por el contrario de emprender una exhaustiva investigación en contra de la mafia de la narcopolítica, el fiscal general se limitó a restar importancia a dichos mensajes que evidenciaban una supuesta conexión entre poderosos políticos de altos cargos y sonados casos de presunto tráfico de influencias, corrupción y narcotráfico, diciendo que se trataba de un tema gastado (Radio Ñandutí del 11/02/25). Tampoco han sido molestados fiscales que aparecieron entregando presuntamente dádivas para salvarse en el JEM, como Lorenzo Lezcano, Stella Mary Cano y Katya Uemura, y también fiscales y jueces cuyos nombres aparecen en los chats de Lalo Gomes, como recibiendo también dádivas del propio diputado fallecido, como el mencionado Lezcano y Marco Alcaraz. Como si esto fuera poco, dispuso la apertura de una investigación fiscal por prevaricato en contra del juez Osmar Legal, quien había puesto a disposición del Ministerio Público en su momento las conversaciones del celular de Lalo Gomes para que esta institución pudiera determinar la comisión de hechos punibles y vínculos entre políticos y altos funcionarios con el crimen organizado.
Con esto, Emiliano Rolón Fernández no solo ha demostrado que las esperanzas de la ciudadanía en un Ministerio Público que le represente es cosa de ilusos, ya que los resultados dependerían de la “magia” o del azar. Para peor, ha evidenciado que en casos de presunta alta corrupción política que atentan contra las instituciones democráticas, todo aquel que se atreva a denunciar terminará pasando de “denunciante a denunciado” (ABC 26/02/25), tal vez de manera aleccionadora para eventuales “creyentes” en la justicia.
Pero por supuesto, la decepción no termina aquí, pues el sonado escándalo de la presunta “comilona” en el caso de los pupitres chinos no ha incomodado en lo más mínimo al fiscal general, quien no solo evitó manifestarse públicamente al respecto, sino que se privó de ejercer sus facultades legales de iniciar una investigación oficiosa, bastándole para hacerlo, solo el conocimiento de un posible hecho punible de acción penal pública. Por ejemplo, el caso de la compra de pupitres, adjudicada por Itaipú a la empresa china Kamamya SA o Qin Yi América por valor de 32 millones de dólares que podría conllevar a numerosas violaciones de principios de competitividad en las adjudicaciones públicas, los hechos fueron públicamente expuestos por todos los medios de comunicación. Sin embargo, nada de esto pareciera ser de importancia para la máxima autoridad de la Fiscalía.
Es así que esta semana, el bloque opositor del Congreso tuvo que presentar una denuncia formal al Ministerio Público por lesión de confianza, estafa, cohecho, soborno, asociación criminal, falsedad de documentos y lavado de dinero, por lo que el organismo que representa a la sociedad ya no pudo evitar alguna reacción y envió el caso a su Fiscalía de Delitos Económicos. Es de esperar que esta vez no sea “Mandrake el mago” quien deba dar respuestas a la ciudadanía, más aún cuando ha quedado demostrado recientemente que el dueño de la empresa llamativamente adjudicada mantenía fuertes lazos con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien aparentemente habría ocultado grandes aportes durante su campaña electoral provenientes nada más y nada menos que del empresario Long Jiang, proveedor de los pupitres.
Sin embargo, si para Emiliano Rolón Fernández no fue necesaria la apertura de una investigación de oficio por la presunta adjudicación amañada por valor de 32 millones de dólares, ¿cómo podemos pretender que le interese investigar sobre un posible conflicto de intereses entre el adjudicado empresario chino y el vicepresidente de la República?
Como corolario de la inverosímil forma de actuar del fiscal general, contraria a lo que manda la Constitución Nacional respecto de su investidura, fuimos testigos hace unos días de que había nombrado como su “asesor jurídico” al abogado Alberto Sosa Vera, un exjuez destituido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento y condenado a dos años de cárcel por retirar del depósito judicial mercaderías valuadas en 1.500.000 dólares (El Observador 13/03/25). Pese a estos antecedentes, el exmagistrado condenado forma parte del círculo de confianza de Emiliano Rolón Fernández y es el encargado de asesorarlo jurídicamente en sus decisiones.
Todas estas irregularidades en el actuar del mandamás de una institución creada para representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales nos plantea la pregunta de ¿quién manda realmente en el Ministerio Público? ¿A quién conviene que los casos de corrupción y vínculos entre políticos y el crimen organizado no sean investigados, sino que, por el contrario, resulten investigados, trasladados y enviados al freezer aquellos operadores de justicia que quieran dilucidar estos casos, como sucedió con el fiscal Omar Segovia y el juez Osmar Legal? Es como para pensar ¿quién está por encima de Emiliano Rolón Fernández dirigiendo sus desaciertos investigativos?
