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El 22 de marzo de 1984, el entonces ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, por orden del dictador Alfredo Stroessner, resolvió, con el aplauso previo de la Junta de Gobierno de la ANR, “suspender por tiempo indeterminado la impresión y distribución del diario ABC Color”, cuyo director, Aldo Zuccolillo, se hallaba recluido e incomunicado “por orden superior” desde el 16 de marzo. Nuestro diario reapareció una vez derrocada la dictadura un día como hoy de 1989, precisamente en el quinto aniversario del cierre, para seguir bregando por la libertad y la justicia, manteniendo siempre su “fe en la patria”. Esos nobles ideales deben ser defendidos cada día frente a los embates de la arbitrariedad a la que son tan propensos quienes confunden el Gobierno con el ejercicio del poder desnudo. La intolerancia aún arraigada, hoy más que nunca, exige velar de continuo por la defensa del sistema democrático y de las instituciones republicanas del Estado de derecho, en el que también los gobernantes están sometidos a la ley.
El autoritarismo no todas las veces se refleja solo en la clausura de un medio de prensa desafecto a los que mandan, sino también en amenazas como las que en los últimos meses lanzaron los diputados Rodrigo Gamarra y Derlis Rodríguez, así como la senadora Norma “Yamy Nal” Aquino, todos colorados cartistas. El primero –molesto por lo publicado sobre la residencia veraniega del presidente Santiago Peña– vociferó que “es hora de que Paraguay tenga una ley de prensa, que proteja la verdadera libertad de expresión, a trabajadores de prensa y la ética periodística”; el segundo –al parecer enojado por la renuncia de su cuestionado excolega Orlando Arévalo– habló de la necesidad de legislar contra “la dictadura de las redes y los medios”; la tercera –airada por lo revelado en torno a los privilegios de un hijo suyo en el Instituto Nacional de Estadística– anunció el envío de abogados y escribanos a nuestro diario y sostuvo que “urge madurar la idea de hacer un proyecto sobre esto (la prensa) y presentar al Ejecutivo para que nos acompañe”.
Estos exaltados legisladores ignoran que el Art. 26 de la Constitución garantiza “la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y la opinión sin censura alguna”; por tanto, prohíbe que se dicte una ley que “las imposibilite o las restrinja”.
Es deplorable que en el Congreso surjan semejantes iniciativas o que incluso se haya expulsado del recinto –por orden del senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista)– a dos periodistas de ABC Color, porque sus preguntas disgustaron a una comisión que investigaba el lavado de dinero. Se explica así que el Sindicato de Periodistas del Paraguay haya difundido un proyecto de ley de “protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, algo que sería innecesario si la prepotencia no caracterizara solo a algunos comisarios de campaña, sino también a más de un parlamentario. En esta grave cuestión, el Presidente de la República se ha mostrado algo más comedido, pero sin ocultar que la prensa libre le irrita por un motivo inquietante, que reveló tras asistir a la asamblea de un consejo empresarial latinoamericano: “Que si abro dos diarios me cuentan una historia de un Paraguay, que si abro otros dos diarios me cuentan otra historia y no puede ser que en Paraguay estemos viviendo con visiones tan diferentes”. ¿Le gustaría acaso que la prensa esté uniformada como en un régimen totalitario? Debería saber que en una sociedad democrática es absolutamente normal que las opiniones y la percepción de los hechos difieran y que la gente opte por las que considere más creíbles. Esa es la verdadera libertad que varios dueños actuales del poder se empeñan en querer combatir.
Santiago Peña también se quejó con enfado, ante dirigentes cartistas caaguaceños, de que los medios de comunicación “lo único que hacen es denostar contra la clase política” e invitó a estos –créase o no– a que “vengan a competir porque con las tapas de los diarios no se ganan elecciones”. Y bien, mal que le pese, ABC Color seguirá censurando la corrupción, el clientelismo, el nepotismo, la ineptitud o la arbitrariedad de politicastros a veces ligados al narcotráfico, que enlodan el cargo electivo que asumieron gracias a la mentira o al dinero sucio. Que cada uno haga lo que le corresponde para servir a la ciudadanía de la mejor manera posible. Dicho sea de paso, los arts. 162, 197 y 235 de la Constitución impiden, respectivamente, que los propietarios o copropietarios de medios de comunicación sean candidatos a gobernador, a legisladores o a presidente de la República o vicepresidente, de modo que también por ello la exhortación del primer mandatario resultó desatinada.
Estuvo aceptable –suponiendo su sinceridad– cuando asistió a la última Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que reiteró su “compromiso con la libertad de prensa” y firmó la Declaración de Chapultepec (1994), que empieza diciendo que “no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa”.
Dicho poder también puede ser uno fáctico que, entre otras cosas, se valga del Ministerio Público y de la Justicia para perseguir a quienes se le resisten. No debería sorprender, entonces, que la prensa libre esté siendo hostigada desde dos flancos en un país que aún muestra secuelas de la dictadura en las inconductas de muchos de los que mandan de hecho o de derecho.
Nuestro diario seguirá criticándolos en defensa del bien común, sin dejarse amilanar por sus amenazas abiertas o veladas. ABC Color reapareció justamente para contribuir a que la opresión y la iniquidad no vuelvan a imperar: persistirá en este empeño, aunque moleste a los prepotentes y a los corruptos. O justamente por eso.
