Cargando...
Las evaluadoras internacionales de riesgo son consultoras privadas, sus decisiones son autónomas, tomadas bajo parámetros propios, tras discusiones en sus órganos directivos, con las observaciones y recomendaciones de sus expertos y, por ende, es difícil anticipar a ciencia cierta cuál será la posición que adoptarán a la hora de ubicar al Paraguay en su escala de calificaciones. Sin embargo, si nos atenemos a sus mismos reportes, nuestro país podría perder más temprano que tarde el frágil y parcial grado de inversión obtenido el año pasado. No solamente no se están siguiendo las recomendaciones, sino que se está retrocediendo en indicadores claves.
Una de las reformas más urgentes y que es mencionada sistemáticamente por las calificadoras y los organismos internacionales, al igual que por los analistas locales de manera prácticamente unánime, es la del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, más conocido como Caja Fiscal, que es el que administra los aportes y pagos a funcionarios retirados en las categorías de empleados públicos en general, magistrados judiciales, maestros, docentes universitarios, militares y policías.
El déficit de la Caja Fiscal fue del 42% en 2024 y crece en progresión geométrica, de manera a todas luces insostenible. El año pasado se duplicó en relación con 2023 y este año se estima que volverá a duplicarse. De hecho, en tan solo una década el saldo rojo creció 2.700%, de 70.000 millones de guaraníes en 2015 a más de 2 billones de guaraníes en 2024. Y si se confirman las inquietantes proyecciones para este año, al final del ejercicio ello habrá escalado a casi 6.000%, con el agravante de que sus pocas reservas están ya a punto de agotarse, por lo que prácticamente la totalidad del déficit debe ser solventado con los impuestos de los contribuyentes, en vez de utilizarlos en salud, educación, infraestructura y otras prioridades de la ciudadanía.
De acuerdo con connotados especialistas de nuestro medio, como los exministros de Hacienda Dionisio Borda y César Barreto, la situación del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público está comprometiendo el cronograma de convergencia del déficit fiscal, que supuestamente debe retornar al tope del 1,5% del PIB en 2026, lo cual, a su vez, es un punto determinante para mantener o elevar la calificación de riesgo del país. El límite para este año es del 1,9%, pero el déficit anualizado está en el 3% del PIB, incluso por encima del 2,6% con que se cerró 2024, y muy lejos de la meta.
Sin embargo, el Gobierno nada hace al respecto por temor a enfrentarse e incapacidad de negociar con los poderosos sindicatos del sector público y el lobby seccionalero, ya que la reforma necesariamente implica reducir beneficios exagerados, unificar requisitos para jubilarse, extender los años de aportes y otros cambios de impacto en el corto plazo, pero dirigidos a evitar la definitiva bancarrota de todo el sistema. El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo en diciembre que se presentaría un proyecto de ley al principio de este año, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Aun si se concretase tal presentación, más allá del alcance de la reforma que se plantee, trascendió que la expectativa es conseguir media sanción para finales de 2025, con lo cual no solo se habrá perdido otro año, sino que se pasaría el debate para el año electoral.
Otro factor que está presionando fuertemente las finanzas públicas y que es remarcado permanentemente por las calificadoras es el endeudamiento y, sobre todo, la disparada del costo del servicio de la deuda pública. El Estado paraguayo cerró 2024 con un saldo de deuda de 18.087 millones de dólares, por encima de la barrera de prudencia del 40% del PIB, y en este primer trimestre ya ha sumado alrededor de 1.200 millones de dólares adicionales con colocación de bonos y toma de préstamos con organismos multilaterales.
El costo de pagar esa deuda, mayormente intereses, se ha venido incrementando exponencialmente y se proyecta un nuevo salto de 33% en 2025, a 12,4 billones de guaraníes, una suma que, por ejemplo, excede con creces la totalidad del presupuesto anual destinado a salud pública. La propia Moody’s Investors Service, que es la calificadora que otorgó el grado de inversión, manifestó su preocupación por este tema en su última evaluación y dejó flotando que se podría revisar la calificación a la baja si no se revierten ciertas tendencias.
Moody’s elevó la posición de los títulos soberanos paraguayos a largo plazo a Baa3, primer peldaño del grado de inversión en su escala, cuando este Gobierno todavía no había completado un año de gestión. Las otras dos grandes, Standard & Poor’s y Fitch, decidieron mantener todavía al país en el grado especulativo, aunque con perspectiva favorable. Paraguay despierta simpatías en la comunidad internacional de negocios, sobre todo cuando se lo compara con otros de la región con economías más volátiles. Pero si seguimos sin hacer los deberes, su voto de confianza tendrá un límite.
