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El escándalo que nuevamente sacude a la Justicia paraguaya con el caso conocido como “la mafia de los pagarés” demuestra que el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico, el sicariato, al lavado de dinero o a los crímenes transnacionales. También está instalado en la justicia paraguaya, en el mostrador de algún juez, en el maletín de algún actuario judicial y en los bolsillos del saco color gris oscuro que pasea por los tribunales. A la vista de todos, y estrechando las manos de personas humildes que acuden confiadas en que Astrea podrá devolverles la paz.
Luego de los casos que conmocionaron al Poder Judicial y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la época del extinto senador Óscar González Daher, la ciudadanía fue testigo de la existencia de un esquema de presión política para influir en decisiones de fiscales y jueces en casos de relevancia para ciertos actores políticos o sus allegados. Ese diseño contaba con diferentes niveles de participación, sin embargo, luego de un largo proceso surgido gracias al trabajo investigativo de la prensa, muchos de dichos actores fueron condenados. Más recientemente, la filtración de los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes evidenció otro aparente esquema de “aprietes” políticos a la justicia paraguaya para beneficiar a los “amigos con poder”.
No obstante, cuesta recordar otro momento en la historia reciente en que se hayan producido imputaciones a mansalva, como las que se dieron en el caso de la “mafia de los pagarés”, llegando a 63 personas inculpadas por el Ministerio Público con graves indicios de pertenecer a una organización delictiva dedicada a estafar a personas asalariadas mediante juicios ejecutivos en los cuales se reclamaba el pago de pagarés ya cancelados.
Entre los imputados por la Fiscalía se encuentran jueces, actuarios, abogados y oficiales de justicia, quienes bajo un organigrama perfectamente diseñado, con estructura, modus operandi y una logística preparada para el efecto, aparentemente se enriquecían ejecutando pagarés cuyas deudas ya fueron saldadas. Estos documentos nunca fueron devueltos o destruidos, y finalmente sirvieron como herramienta de la estafa perfecta. En la frondosa lista de imputados también se encuentran abogados de empresas de cobranza, quienes eran los beneficiarios finales en los embargos y remates surgidos de estos procesos judiciales inventados.
Según la información que saltó a la luz luego de la auditoría realizada en los juzgados de paz, cada participante cumplía con un rol dentro de la estructura criminal: los ujieres y oficiales de justicia realizaban notificaciones “voladoras”, los actuarios elevaban informes aparentemente falsos y los jueces dictaban resoluciones de remate o ejecuciones contrarias a derecho. En esta estructura se encuentran quienes no devuelven los pagarés, quienes inician los juicios a sabiendas de que la deuda estaba cancelada, quienes ejercen presión en el demandado, quienes simulan las notificaciones, quienes redactan informes sobre dichas notificaciones no realizadas y quienes dictan sentencia. ¿No se parece demasiado esto a una organización ilícita para delinquir? Solo que esta vez parecía funcionar en el mismo corazón de la Justicia. Tal vez ,incluso, el esquema cuente con aquellos que confirmaban esas sentencias, cerrando así el “círculo maldito” de una mafia bien organizada, una perfecta asociación criminal, que nada tiene que envidiar a aquellas conformadas por narcotraficantes, sicarios, traficantes de armas, de personas o de órganos. La principal diferencia se encuentra en el objeto del tráfico, la estructura criminal es la misma. Difiere también en que de los capos mafiosos no se espera nada bueno, pero de los que juraron hacer justicia, sí.
Es importante destacar que entre las personas imputadas en este pútrido caso se encuentran algunos allegados al poder político, como José Ignacio Olmedo Lansac, cuñado del asesor jurídico de la presidencia de la República, Roberto Moreno, o el ujier del juzgado de Paz de La Encarnación Alfredo Benítez Careaga, nada más y nada menos que Director de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Dirección Nacional de Correos (Dinacopa), o Luis Carlos Benítez, quien luego de la imputación tuvo que renunciar al cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Salud, a cargo de la ministra María Teresa Barán.
Esta lista solo se suma a la conformada por personas allegadas al primer anillo del presidente Santiago Peña, como los hermanos Liliana y Marcos Alcaraz, ministra de Seprelad y ministro de Inteligencia, respectivamente, quienes aparecen en los comprometedores chats filtrados del celular de Lalo Gomes, que continúan en sus cargos con el apoyo y respaldo irrestricto del presidente de la República.
Estos lamentables hechos que sacuden la Justicia paraguaya ponen al país en una encrucijada porque las instituciones más sensibles de la República están inficionadas, corroídas y corrompidas por el crimen organizado, y lo peor de todo es que cada vez que se destapa la olla de la corrupción en las altas esferas del poder, el presidente de la República solo regala su indiferencia o su apoyo a personajes indefendibles, el fiscal general deja las soluciones en manos de la magia, la Corte Suprema de Justicia entierra los casos en las tumbas de Matusalén, y los legisladores hacen gala de despilfarros y contrataciones clientelistas. Entonces: ¿Quién le podrá el cascabel al gato? Como decía el Nuncio Apostólico Vincenzo Turturro: “Es necesario romper con la idea de que los poderosos y corruptos tienen la última palabra en la sociedad”.
