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Tres días de pacíficas manifestaciones ciudadanas –convocadas por numerosas organizaciones sociales, políticas, campesinas e indígenas– han evidenciado un divorcio entre gobernantes y gobernados que, si no fuera subsanado mediante una clara reorientación de las políticas públicas y de las conductas de sus responsables, podría llevar a una situación tanto o más crítica como la causada a inicios de 2017 por el intento de violar la ley suprema en aras de una reelección presidencial. A propósito, el senador Basilio Núñez (ANR, cartista) cree desde ya que Santiago Peña debería ser reelecto porque “estamos mejor”, dando como ejemplo –horas antes de que ocho criminales se fugasen de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú– que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fue recuperada de manos del clan Rotela. Como si allí concluyeran las obligaciones gubernamentales del actual Jefe de Estado.
Dada la notoria autocomplacencia del cartismo, es de temer que pretenda repetir aquella triste historia dándole un final distinto, buscando no fracasar esta vez, en vez de hacer una autocrítica al influjo de las protestas y los reclamos de la gente, resumidos en el grito “El pueblo llora sangre, Presidente”, lanzado en Caacupé el último diciembre. Suponiendo que la ciudadanía es ingenua, el Gobierno busca engañarla mediante la propaganda, inaugurando un gran hospital inconcluso o distribuyendo pupitres aparentemente sobrefacturados y como resultado de una licitación amañada, como si así pudiera ocultar las miserias cotidianas de los sistemas sanitario y educativo, causadas por la corrupción, el derroche y la ineptitud que la mayoría parlamentaria tolera y fomenta.
Victimizándose, el Jefe de Estado atribuye las críticas a su gestión a “la envidia, el revanchismo y la falta de solidaridad”; lo que implica que no ve motivos para cambiar de rumbo y que seguirá viviendo en la burbuja de un país distinto al real, donde la mafia se ha instalado en las instituciones e imparte órdenes a fiscales y jueces, entre otros males que bien justificaron las recientes movilizaciones. Ese otro Paraguay en el que vive Santiago Peña tiene, según dijo siendo candidato presidencial, el muy bajo índice de criminalidad de los países nórdicos, si se excluye la violencia fronteriza del crimen organizado. Sería deseable que a estas alturas haya cambiado de opinión, pues la inseguridad extendida a todo el país ya no es provocada solo por motoasaltantes, sino también por el sicariato y grupos dotados de armas largas, cuyo tráfico parece casi tan intenso como el de estupefacientes.
Así las cosas, es comprensible que el malestar de la población crezca y que la prensa libre se haga eco de ella, pero hete aquí que hay signos de que el oficialismo quiere “matar al mensajero” antes que secar las fuentes del descontento: el autoritarismo en ciernes, que privó injustificadamente de su investidura a una senadora incómoda, obliga a los demócratas a ponerse en guardia en defensa de la libertad amenazada. La apatía de los gobernados beneficia a los que mandan para repartirse el Estado como si fuera un botín; por eso, es necesario que estén atentos al desempeño gubernativo y que, dado el caso, se manifiesten individual y colectivamente no solo contra los saqueadores del erario que dañan la salud y la educación públicas, entre otros servicios, sino también contra la arbitrariedad y el bastardeo de la administración de Justicia. El silencio ante la violación de los derechos de los ciudadanos hace que sus autores se crean autorizados a cometerla con toda impunidad.
Hay señales de que el pueblo paraguayo no seguirá resignándose a que su presente y su futuro sean perjudicados por los sinvergüenzas que confunden el ejercicio de la función pública con el de la prepotencia y el robo. La sensatez exige que el Gobierno haga lo necesario para al menos reducir la gran distancia que lo separa de la sociedad civil. Santiago Peña debe librarse del microclima generado por el jefe de la ANR y sus adulones para así poder percibir la creciente inquietud popular y así evitar desenlaces indeseables. Aunque le parezca inverosímil, sus compatriotas no están viviendo en el mejor de los mundos posibles, “no están mejor”, de modo que debe esforzarse por advertir primero los motivos del disgusto y tomar luego las medidas que sugiera el buen sentido, en vez de atender el interés ruin de un entorno voraz. No será desdoroso para él que admita errores y omisiones, pero sí que carezca del valor cívico de corregirse por el bien común. Entretanto, es alentador que las manifestaciones se hayan realizado sin disturbios, gracias al buen comportamiento de sus integrantes y de las fuerzas del orden. Felizmente, el sistema democrático sigue hasta ahora en pie, pese a todo.
