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El Gobierno informó a través de un comunicado que ha dado unilateralmente por suspendidas las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú “hasta tanto se brinden las aclaraciones correspondientes” en relación con “la acción de inteligencia contra el Paraguay entre junio de 2022 y marzo de 2023″. Cabe preguntarse si son o se hacen. Cualquier suspensión le conviene a Brasil, no a Paraguay. Salvo que se confirmen las inquietantes sospechas de que dichas negociaciones están encaminadas para mantener en lo esencial el statu quo a cambio de pequeñas concesiones, le están sirviendo en bandeja otro pretexto para seguir postergando una revisión clave para nuestro país.
En Brasil salió a luz que, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) organizó una operación de espionaje para obtener información sobre las pretensiones de Paraguay sobre la tarifa de Itaipú y los objetivos de su contraparte en cuanto al Anexo C. La prensa reportó que se realizaron interferencias informáticas desde servidores montados en Chile y Panamá, con lo que se logró acceder a las computadoras de “cinco o seis” funcionarios paraguayos y se pudo conocer de antemano cuáles eran los valores que se estaban manejando en Paraguay para la nueva tarifa.
Para ponerlo en contexto, recordemos que en febrero de 2023 se terminó de cancelar la deuda de Itaipú y con ello se redujeron drásticamente sus costos, por lo que la tarifa que le cobra la entidad (que es sin fines de lucro) a ambos países por la contratación de potencia debía también reducirse en consecuencia. Al mismo tiempo, se esperaba que a partir de agosto de 2023 se iniciaran tratativas para la revisión del Anexo C, al cumplirse el plazo establecido por sus 50 años de vigencia.
Ante la revelación del caso de espionaje, el Gobierno actual se rasga airosamente las vestiduras, convoca a los embajadores, provoca un pretendido conflicto diplomático y aprovecha para intentar embarrar a la administración de Mario Abdo Benítez al señalar que “no existió ningún reporte del gobierno anterior al respecto”, como queriéndole trasladar algo de la responsabilidad. A esto se sumaron posteriores declaraciones del presidente Santiago Peña, que habló de “tremenda preocupación” y reapertura de “viejas heridas”.
La reacción resulta, cuanto menos, exagerada. Queda la impresión de que se pudo haber manejado de otra manera, primero porque no es un tema tan sensible como lo quieren presentar y, segundo, porque es más que obvio que Brasil nunca ha escatimado recursos, legítimos o no, para informarse hasta el mínimo detalle de todo lo referente a Itaipú y a cualquier otro asunto estratégico para sus intereses. De hecho, aunque el gobierno de Lula responsabilice a la administración Bolsonaro y afirme que la operación fue cancelada, es muy difícil de creer que no esté haciendo algo igual o similar.
En todo caso, lo que deja en evidencia el incidente es la ingenuidad, o la falsedad, de la aseveración que deslizó el entorno de Santiago Peña a principios del año pasado, en el sentido de que supuestamente “sorprendió” a Lula con su propuesta de elevar la tarifa por encima del costo para repartirse la diferencia en forma de “gastos sociales”. Al contrario, queda claro que Brasil fingió confusión para desviar la atención de lo principal y seguir dándole largas justamente a la revisión del Anexo C, que ya lleva más de un año y medio de retraso.
Lo que es absolutamente injustificable es que, como parte de esa reacción, sea el mismo Paraguay el que suspenda las negociaciones sobre el Anexo C, cuando es el principal interesado en que las mismas concluyan cuanto antes y que cambien los lesivos términos del Tratado. Desde el punto de vista de Brasil, cuanto más tiempo se mantenga la situación actual, mucho mejor. En las presentes condiciones, se queda con todos los excedentes energéticos paraguayos en Itaipú a cambio de una ínfima “compensación”. Cada día que transcurre es beneficio para el Brasil en detrimento del Paraguay.
No es con fútiles bravatas que no le convienen al país que Santiago Peña debe demostrar su patriotismo, sino con la reivindicación firme de la plena restitución de los legítimos derechos paraguayos en la binacional, que son principalmente la libre disponibilidad y el precio de mercado de la parte de la energía que le corresponde al Paraguay.