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El intendente capitalino, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), entregó a la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal su rendición de cuentas al cierre de 2024. De ella resulta que el saldo de los bonos emitidos para construir obras de infraestructura asciende a 506.737.239.032 guaraníes, pero en las cuentas bancarias abiertas para depositarlos solo restan 804.794.024 guaraníes, sin que la gran mayoría de los trabajos haya sido realizada o concluida, pues solo se ejecutó el 12% de lo previsto en obras: aún se ignora adónde ha ido a parar concretamente la diferencia de casi 506.009 millones de guaraníes; lo que sí se sabe es que el año pasado la Municipalidad, en quiebra, cuya deuda financiera total asciende a 242 millones de dólares, pagó en concepto de intereses por los bonos la friolera de más de 134.000 millones de guaraníes.
El jefe de Gabinete, Nelson Mora, ha reiterado que la recaudación ingresó en una cuenta única, un ardid que la Contraloría General de la República (CGR) objetó por conllevar el financiamiento ilícito de gastos corrientes mediante operaciones de crédito público, tras lo cual el Ministerio Público abrió una causa penal por lesión de confianza y allanó la Municipalidad en julio de 2024. La cuestión sigue abierta desde que estalló el escándalo hace poco más de un año, también en el sentido de que el intendente aún no ha dado explicaciones a la opinión pública acerca del paradero de la suma apartada del uso previsto. Según el concejal Álvaro Grau (PPQ), entre 2020 y 2025, también fueron desviados algo más de 8.700 millones de guaraníes proveídos por el Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) para obras de infraestructura y mobiliario educativos, entre otras cosas; su destino final se desconoce, siendo probable que hayan servido para financiar gastos corrientes, sin excluir los privados.
A estas malversaciones, en el sentido de que implican dirigir el dinero público a un uso ajeno a su función, se agrega que la Municipalidad asuncena no transfiere al Ministerio de Economía y Finanzas el 15% del impuesto inmobiliario recaudado, como manda la Constitución, y que arrastra una deuda heredada de 32.000 millones de guaraníes con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. El endeudamiento y las artimañas responden a la crisis financiera causada por la corrupción y el clientelismo reflejado en un plantel de cerca de ocho mil funcionarios, contratados y jornaleros, mantenidos a costa de los pobladores de una ciudad en calamitoso estado: el año pasado absorbieron el 58% de los un billón doscientos cincuenta mil guaraníes ejecutados, mientras que lo invertido en obras solo llegó al 8%, lo que revela que la Municipalidad se ocupa de sí misma, en primer lugar.
Aunque cueste creerlo, la Junta de 24 miembros tenía hace dos años 1.412 asalariados, entre ellos un secretario general y un subsecretario, tres coordinadores y otros tantos directores generales, 17 directores, 53 jefes de departamento, 34 jefes diversos, 39 asesores, 163 auxiliares y 656 asistentes. Los concejales y sus respectivas clientelas se sirven con descaro del dinero de los contribuyentes, que deben soportar el deterioro de calles y avenidas, la basura no recogida y la ocupación de plazas abandonadas, entre otros permanentes infortunios. El gravísimo problema financiero municipal ha sido agudizado por los desmanejos de Nenecho, con la complicidad de la gran mayoría de los ediles, que ya debería haber pedido la intervención del Poder Ejecutivo, previo dictamen de la CGR, si no fuera porque la crítica situación de diverso orden le beneficia de algún modo.
Es evidente, además, que el bienestar de los asuncenos y el destino de la sideral suma esfumada importan menos que la solidaridad cartesiana, a la que en la Junta Municipal se suma un par de “liberales”. Nelson Mora afirma que el caso de los bonos es “una cuestión meramente mediática”, a la que, por lo visto, habría sucumbido el órgano contralor al subrayar la ilegalidad de cubrir gastos corrientes con lo recaudado mediante los bonos emitidos, tras examinar los documentos entregados por el intendente a regañadientes y en forma incompleta. Los asuncenos siguen sin saber qué se hizo de los más de 500.000 millones de guaraníes, a los que ahora se suman los recursos del Fonacide que también habrían sido desviados; entretanto, el Ministerio Público sigue analizando el primer asunto escandaloso, siendo de esperar que no se demore para llegar a un resultado conforme a la razón y a la ley.