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El Alto Paraguay sigue marginado en gran medida de las políticas de vialidad, como si sus 22.000 habitantes no tuvieran derecho a desplazarse de un municipio a otro utilizando caminos transitables en todo tiempo. Es que el plan de empedrar o asfaltar mil kilómetros de vías públicas en todo el país –a ser financiado por Itaipú Binacional con cien millones de dólares– solo abarca en dicho departamento las zonas urbanas, que son muy pequeñas; su territorio de 82.349 kilómetros cuadrados carece de rutas asfaltadas, salvo el tramo del Corredor Bioceánico que cruza su extremo sur, lo que obviamente genera serias dificultades para la actividad económica y hasta para el traslado de pacientes en ambulancias, pues quedan atascadas luego de un simple aguacero. En noviembre de 2023, Santiago Peña dijo que Fuerte Olimpo aún distaba 140 kilómetros del asfalto, por lo que se iba a generar la inversión necesaria para seguir desarrollando la zona: el emprendimiento comentado, restringido a los cascos urbanos, no servirá para el efecto.
Es comprensible el desengaño causado por una decisión gubernativa que no responde a las prioridades de una población que, como la de Bahía Negra, quedó aislada el año pasado durante más de 40 días porque los caminos eran intransitables: debió ser abastecida de alimentos por un buque de la Armada Paraguaya que llegó desde Asunción; el hecho de que sus calles sean empedradas no impediría que tarde o temprano se repita una situación similar. ¿Pidieron los decisores la opinión de al menos el gobernador y los concejales departamentales? Uno de estos, Leonardo Lezcano (PLRA), formuló con sensatez la pregunta retórica de qué sirve tener caminos de todo tiempo dentro de las comunidades si se está aislado del resto del país. Al encierro contribuye también la ausencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): es vergonzoso que los caminos sean reparados tras una lluvia por ganaderos que asumen los costos. El departamento debe integrarse no solo al resto del país, sino también dentro de sus propios límites, vinculando los asentamientos del oeste con los municipios ribereños, mediante caminos empedrados o asfaltados, algo del todo ajeno al plan a ser ejecutado que, por cierto, tampoco servirá para fomentar el turismo fundado en atractivos naturales.
La desconexión vial impide que quienes habitan en sitios alejados de la capital mejoren su nivel de vida, por estar privados de la atención sanitaria y de la educación públicas, entre otras prestaciones estatales; desde luego, en todas partes distan mucho de ser excelentes, pero en el Paraguay profundo el drama empeora. Es necesario que las condiciones de la infraestructura vial no sean tan diferentes según el lugar de residencia; en el extremo norte del país son deplorables, tanto que abundan los casos de pacientes que deben ser trasladados por vía aérea o fluvial a otras ciudades –incluso a una brasileña– para ser allí atendidos, aunque la dolencia no sea grave. De la discriminación de hecho que sufre el Alto Paraguay son en gran medida responsables quienes han ejercido o ejercen cargos electivos, incluso representándolo en la Cámara Baja; por lo general, se han ocupado de mejorar sus finanzas antes que de promover el bienestar de sus conciudadanos, de cuyas necesidades se aprovechan para comprar adhesiones.
El plan en cuestión no servirá para promover el desarrollo regional ni, entre otras cosas, para asegurar que los pacientes sean trasladados a los centros sanitarios, sin la traba que implica un empantanamiento vehicular. El departamento seguirá relegado, quizá porque allí no hay muchos votos que recoger, aunque el elemental sentimiento de solidaridad con los paraguayos que allí viven exige que tengan las mismas oportunidades que el común de sus compatriotas en el acceso a los servicios públicos, entre ellos los prestados por el MOPC, aunque no sean admirables. ¿Acaso era más importante para el desarrollo nacional empedrar las calles de un pequeño poblado que interconectarlo con las otras comunidades departamentales y por extensión al resto del país? Es de lamentar que se haya perdido una buena ocasión para atenuar el aislamiento del Alto Paraguay, abandonado a su suerte desde hace décadas; se espera que la próxima vez haya más tino al invertir dinero público en la modesta red vial, que debe servir tanto para ejercer el derecho al libre tránsito como para estimular la economía, sobre todo en las zonas apartadas.
Por de pronto, ahora se aguarda al menos que las licitaciones a ser realizadas por Itaipú Binacional –eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas– resulten limpias y que las obras no sean aceptadas a ciegas por unos fiscales indolentes, en el mejor de los casos.