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El funcionamiento del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción es un drama de nunca acabar, debido a la inoperancia del Viceministerio de Transporte, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario y de la Defensoría del Pueblo. Quienes, por razones económicas, se ven forzados a abordar un maltrecho ómnibus repleto, tras una larga espera bajo el sol o la lluvia, sufren las consecuencias de la violación impune del marco regulatorio por parte de “empresarios” ligados a los politicastros, que hasta suelen apelar a las “reguladas” delictivas –penadas con hasta cinco años de prisión– para imponer sus descaradas pretensiones.
El diario infortunio colectivo no conmueve a los responsables de los sectores público y privado, como si no pudieran ponerse en la piel de los usuarios; la cuestión de fondo radica menos en la falta de normativas o en los defectos de las teóricamente vigentes que en la insensibilidad de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir. Es trágico tener que arriesgar la vida en la “estribera” porque el dinero no alcanza para recurrir a otros medios de transporte que permitan llegar a tiempo al lugar de trabajo. Esta situación ilustra las indignas condiciones en que deben viajar los pasajeros en las “horas pico”; también se arriesga la vida en una parada, como fue el caso de la usuaria impactada hace quince días por una puerta desprendida de un ómnibus en movimiento: la empresa fue sumariada, pero el percance no hubiera acaecido si el Viceministerio de Transporte inspeccionara periódicamente los vehículos, como le ordena la ley.
Un accidente similar no se repetiría muy pronto si se efectuara la compra de mil buses a ser concesionados, según anunció en mayo de 2024 la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; esta operación integra el plan de reforma “El bus que viene”, que busca reducir el costo del pasaje y los tiempos de espera y de viaje, asegurar la prestación del servicio durante todo el día y garantizar unos traslados de buena calidad, todo lo cual se iba a lograr en 2028, lo que hoy resulta dudoso: el proyecto de ley respectivo, que debió haber sido presentado en octubre último, llegará al Congreso recién dentro de unos días. En cambio, ya arribaron 30 buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán), que empezarán a operar en la segunda mitad de este año tras ser licitados; puede esperarse así que en los próximos años se atenúe la crisis del transporte público, siempre que, además, el viceministerio se vuelva más eficiente y el plantel de “empresarios” se renueve.
Entretanto, dado que las víctimas del desastroso sistema no pueden confiar mucho en la protección de los órganos estatales, es plausible que –actuando en defensa propia– hayan conformado una Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), que tiene enfrente al poderoso Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, cuyos miembros reciben subsidios solventados –injustificadamente– por quienes pagan impuestos en todo el país; en la última década, 37 compañías cobraron en tal concepto nada menos que 1,391 billones de guaraníes (178,4 millones de dólares), habiendo aumentado el auxilio financiero en un 568%, entre 2019 y 2024: en este lapso, la tasa de inflación acumulada fue de solo el 30,5%, lo que implica una colosal desproporción, absolutamente injustificada.
En el último trimestre, el viceministerio recibió 215 reclamos de usuarios e impuso 58 multas a 27 empresas que cometieron infracciones diversas, aparte de dar “recomendaciones”, es decir, meros consejos, y de efectuar controles diarios en “zonas estratégicas” del área metropolitana. La experiencia enseña que operativos como estos, que buscan hacer creer que se está combatiendo el abuso permanente, no habrán de mejorar mucho la suerte de los sufridos pasajeros ni la de los contribuyentes en general, que sostienen el erario desangrado. Sin competir en calidad ni en precio, los “empresarios” lucran sobradamente a costa de los pasajeros que maltratan e incluso de quienes no se ven obligados a valerse de sus pésimas prestaciones, toleradas en gran medida por el viceministerio. El sistema seguirá siendo lamentable mientras no se impongan severas sanciones penales o administrativas a quienes infringen las normas regulatorias y contractuales de la concesión, para lo cual es preciso también romper sus lazos con la clase política. Son muy útiles las denuncias contra las irregularidades en un servicio indispensable para la gran mayoría de la población, pero no excluyen en absoluto la necesidad de la oportuna intervención –por iniciativa propia– de agentes estatales honrados y diligentes; mientras reinen la corrupción y la indolencia, no habrá “plan de reforma” que valga.