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Al Estado paraguayo no le alcanza para completar su stock de medicamentos para el cáncer, pero destina recursos de los contribuyentes para producir bebidas alcohólicas a pérdida. En el maremágnum del tremendo derroche de dinero público, el caso de Cañas Paraguayas SA es relativamente pequeño, pero es un ejemplo particularmente ilustrativo del insultante orden de prioridades y la inoperancia de los gobiernos de turno, incluido el actual, que de boca para afuera hablan de cambios en defensa de los intereses de la ciudadanía, pero que en la práctica o no se atreven o directamente no quieren hacer ni mínimas reformas que de alguna manera atenten contra el esquema parasitario de prebendarismo, privilegios y corrupción.
Capasa, empresa estatal dedicada a la producción de caña, ron y, últimamente, un supuesto whisky, en 2024 reportó ingresos por 22.600 millones de guaraníes y egresos por 28.150 millones, lo que supone un saldo rojo corriente de 5.550 millones de guaraníes. Los estados de resultados no fueron publicados, pero el presidente de la empresa, José Ocampos, confirmó en una entrevista la información obtenida por periodistas de ABC y añadió que hay un déficit de 68.000 millones de guaraníes en los últimos 30 años, es decir, desde que dejó de ser Apal (Administración Paraguaya de Alcoholes) y se convirtió en sociedad anónima. Y ese es un valor nominal, de balance, que no está ajustado ni a la inflación ni al tipo de cambio real, por lo que la pérdida acumulada en realidad es mucho mayor.
Curiosamente, Ocampos atribuyó el calamitoso estado de la empresa pública a “destructivas administraciones anteriores”, cuando durante su gestión el déficit se duplicó en comparación con el año anterior.
No menos curiosa fue la explicación que dio al respecto. Dijo que el aumento de la pérdida en 2024 se debió a “inversiones necesarias”, como una nueva línea de rones saborizados, la renovación del Centro Histórico Aristócrata, la habilitación de un showroom, y la incorporación de etiquetadora, envasadora e impresora nuevas, para “un etiquetado autoadhesivo a ambas caras de la botella”.
La explicación no tiene mucho sentido, sin embargo, porque las inversiones no se asientan como pérdidas, sino que se van amortizando paulatinamente en varios ejercicios de acuerdo con normas contables específicas, dado que, como es lógico, deben tener un tiempo para madurar. En todo caso, lo que estarían indicando las declaraciones de Ocampos es que las “inversiones” realizadas no están teniendo la mínima tasa de retorno requerida para no entrar en el pasivo del balance.
Ocampos defendió la continuidad de Capasa con el remanido argumento de que produce “una bebida de distinción nacional”, supuestamente mejor que la de sus (más exitosos) competidores privados, y por el hecho de “formar parte del circuito turístico e histórico del casco antiguo de Asunción por su edificio emblemático”. Hay que decir que, como museo, cuesta muy caro. Solo con la pérdida de un año se podría financiar casi el 20% del presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura, que tiene a su cargo siete museos, tres centros culturales, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional y contribuye con varios fondos de cultura.
Conceptos parecidos emitió el propio Santiago Peña en una visita a la compañía en noviembre pasado, en la que celebró la “revitalización de Capasa, un símbolo de la identidad nacional”. Ya es bastante malo que el Presidente de la República reduzca la identidad paraguaya a aguardientes que ni siquiera se pueden ganar la preferencia de los consumidores, pero, además, ¿a qué revitalización se refería? Salvo que se lo hubiesen ocultado, o que le hubiesen dicho una cosa por otra, para ese entonces ya debía saber que se estaba por cerrar el año con una pérdida récord.
Lo concreto es que, tras una semiprivatización fallida, que más que eso fue un engendro con un consorcio de “sectores vinculados” que no pagó las acciones, Capasa fue “reestatizada” en 2013, año en que comenzó su mandato Horacio Cartes, y nunca, ni antes ni después, fue rentable, pese a lo cual sigue como si nada. Total, es a costa de Juan Pueblo, que no tiene ni gasas en los hospitales.
Capasa y varias otras empresas y entes del Estado no les aportan absolutamente nada ni al país ni a la enorme mayoría de la población, aunque sí a ciertos sectores de interés, a la clientela política y a grupos de funcionarios, algunos de ellos con muy buenos sueldos. En sus inicios, este Gobierno prometió una profunda reorganización administrativa para eliminar superposiciones, gastos superfluos, corrupción, mejorar la asignación de recursos y la calidad de los servicios públicos. No cumplió nada de eso. Valga la metáfora, se siguen “chupando” la plata de la gente.