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En los últimos veinticinco días, las obras accesorias de la avenida Costanera Norte –obra entregada a la Municipalidad asuncena en 2018 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)– fue escenario de dos accidentes que afectaron seriamente a otros tantos ciclistas; uno de ellos fue causado por un pozo que permaneció abierto en una acera tras el robo de un registro eléctrico y otro por la rotura del pavimento de la ciclovía. En ambos casos se habría configurado el delito de intervención peligrosa en el tránsito terrestre, castigado por el Código Penal con dos años de cárcel o con multa: lo comete el responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito que cause o tolere un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones.
La Ley Orgánica Municipal dice que compete a la Municipalidad conservar las avenidas, entre otras obras de infraestructura pública, pero el jefe de Gabinete de Asunción, Nelson Mora, admite que el mantenimiento de las obras de la Costanera Norte no es constante, pese a que hace un mes había mentado un convenio con el MOPC: nada se ha hecho hasta hoy, salvo la reparación de la bicisenda tras el accidente ocurrido. En cuanto al de la acera, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) apuntó que el registro eléctrico sin tapa no fue instalado por ella, sino por el MOPC para proveer de energía a artefactos ornamentales para la circulación de peatones; quienquiera haya sido el proveedor, la Municipalidad en bancarrota debía mantener la vereda en buen estado, como en general la avenida Costanera y sus aledaños, hoy carentes de limpieza y de iluminación, condición esta última que facilita el saqueo de elementos de infraestructura y que exigiría una mayor presencia de la Policía Nacional.
De hecho, a la hora de deslindar responsabilidades, las instituciones citadas se lavan las manos desde hace nada menos que siete años: la Municipalidad niega que las obras les hayan sido transferidas formalmente por el MOPC, como este sostiene al igual que la ANDE. Lo cierto es que los asuncenos no deben seguir expuestos a percances con riesgo de vida porque las instalaciones de la avenida Costanera Norte dejan muchísimo que desear: más allá de las absurdas controversias administrativas, lo indudable es que los automovilistas, los peatones y los ciclistas no deben temer por su integridad física a la hora de desplazarse por la ribera de la bahía. Por cierto, la ciclovía, que integra la red de bicisendas del Área Metropolitana de Asunción, fue construida mediante un donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y no gracias a un aporte estatal; para su mantenimiento, la Municipalidad debió haber abierto una “cuenta especial” financiada en parte con el impuesto inmobiliario, según su Ordenanza N° 607/15; hasta hoy no lo ha hecho, quizá porque el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez prefiere destinar los fondos previstos al pago de gastos corrientes.
El caso de la avenida Costanera Norte es una expresión más de la desidia, de la corrupción lisa y llana o del desvío de fondos para fines ajenos a los previstos en una normativa, consentidos por la mayoría de los concejales: los diversos peligros que corren los visitantes son otras tantas consecuencias de una gestión desastrosa. En vez de tratar de eludir responsabilidades, el nefasto jefe de la administración municipal tendría que ocuparse cuanto antes de cumplir con su deber de mantener en buenas condiciones la infraestructura de la avenida, de las veredas y de la ciclovía en cuestión. Puede que no le importe la suerte que corran al transitar junto a la bahía, pero en su propio interés debería evitar caer en las redes de la ley penal. Lo que aquí está en juego es mucho más que una cuestión de estética urbana o de competencias administrativas: en última instancia, se trata de la vida de la gente, que no debe estar supeditada a que Óscar Rodríguez y los munícipes tengan o no ganas de cumplir con sus respectivos deberes.
También la paciencia de los asuncenos tiene un límite, que sus políticos comunales no deben seguir vulnerando con toda impunidad. ¿Acaso ignoran, al igual que el Ministerio Público, que un paseo por la avenida Costanera Norte puede tener un desenlace trágico? Un accidente mortal provocado por la negligencia culposa sería demasiado, así que urge que se tomen medidas para reparar primero y conservar después una infraestructura pública tan deteriorada que constituye una verdadera amenaza, aunque no lo crea la mayoría de los ocupantes del Palacete Municipal de Asunción: si lo cree, hasta ahora no se inquieta, de modo que habrá que recordarles las consecuencias penales.