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El Día Internacional de los Trabajadores, celebrado hoy en casi todo el mundo en recuerdo de los “mártires de Chicago” que en 1886 reclamaron la jornada laboral de ocho horas, es ocasión para que las centrales obreras y los sindicatos formulen exigencias diversas, sobre todo en cuanto a las remuneraciones. La conmemoración está asociada al trabajo asalariado en relación de dependencia, pero en nuestro subdesarrollado país predomina el informal y autónomo, entre los que se destacan el de los empleados domésticos y el de los familiares no retribuidos, que escapan al sistema previsional y que terminarían siendo incorporados a programas sociales, como el de adultos mayores, incidiendo en las cuentas públicas financiadas por los contribuyentes; los asalariados integran solo alrededor el 45% de la población económicamente activa, en tanto que el desempleo y la subocupación afectan al 7,9% de la fuerza laboral, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
No se trata aquí de restar importancia a las reivindicaciones laborales en el campo del empleo formal, pues son de sobra conocidas las dificultades que impiden la plena vigencia de los derechos laborales previstos en la Constitución y en el código respectivo. El primero de ellos es el derecho a un trabajo lícito, libremente elegido; no implica que sea exigible que el Estado cree un cargo para satisfacerlo, sino que a nadie se le puede impedir su ejercicio, a ser realizado “en condiciones dignas y justas”; lo que el Estado debe hacer es velar para que así sean y promover el “pleno empleo”, para lo cual es preciso no solo que las políticas económica y tributaria sean correctas, sino también que se impulse “la formación profesional de recursos humanos”: la insuficiencia de mano de obra capacitada conspira contra las inversiones, de modo que el Servicio Nacional de Promoción Profesional tiene que hacer mucho más.
Una cuestión relevante, también prevista en la ley fundamental, es la de la retribución del trabajo; en la economía de mercado, su cuantía resulta de una negociación entre particulares, en el que influye la ley de la oferta y la demanda laborales; empero, hay un “salario vital mínimo”, que hoy es de 2.798.309 guaraníes mensuales: está previsto en la Constitución y en tres convenios internacionales ratificados por el Paraguay, como la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, le recordó en enero a Javier Giménez, su colega de Industria y Comercio que había abogado por suprimirlo para tener “un país espectacular”. También están consagrados el “aguinaldo anual, la bonificación familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en días feriados”, todo lo cual debe ser abonado porque, además, los derechos del trabajador son irrenunciables.
Existe un “sistema obligatorio e integral de seguridad social”, que está a cargo exclusivo del desastroso Instituto de Previsión Social (IPS), aunque los servicios del sistema también puedan ser privados o mixtos, siempre según la ley fundamental: es lamentable que también los representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración del IPS se confabulen contra los asegurados, ante el silencio de las atomizadas centrales sindicales, que parecen muy satisfechas también con la extendida práctica de evadir los aportes. Incluso para el sistema democrático, es bueno que en los últimos tiempos ni la libertad sindical ni los derechos de huelga y de paro estén siendo constreñidos por el Estado. La considerable informalidad en materia laboral, ligada a la “economía subterránea”, no solo atenta contra el erario y distorsiona la libre competencia en perjuicio de quienes cumplen la ley, sino que también ataca los irrenunciables derechos legales de los trabajadores, como el de llegar a jubilarse.
La vigencia efectiva de esos derechos exige que los órganos de control actúen con honradez y diligencia para que, entre otras cosas, los descuentos salariales sean en verdad ingresados en las arcas del IPS y las mujeres no sean despedidas durante el embarazo ni mientras duren los descansos por maternidad, mientras el Estado aplica el régimen de estímulo a las empresas que incentiven con beneficios adicionales a sus trabajadores, según manda también la Constitución. Como en otros ámbitos, tampoco en el laboral faltan normativas: lo que falta es la voluntad de cumplirlas y de hacerlas cumplir para que los trabajadores tengan no solo un mejor presente, sino también un futuro más seguro: es lo que les deseamos en este feliz día...