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El último 1 de marzo, un bebé falleció en el Hospital Materno-Infantil de Santísima Trinidad (Asunción), adonde había sido trasladado desde Villarrica, donde no pudo ser atendido porque, según se dijo, la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Regional –inaugurada con bombos y platillos el 20 de febrero por el presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, y el gobernador del Guairá, César Sosa (cartista)– había sido desmantelada en forma inconsulta. Por esta razón fueron destituidos el viceministro de Atención Integral a la Salud, Santiago García; el director de Redes y Servicios, Derlis León; el director del hospital, Cristian Matto, y el de la IV Región Sanitaria, Elías Benítez. El 10 de marzo, un informe preliminar ministerial, “no concluyente”, señaló que el lactante requería un tratamiento de mayor complejidad, que no podía ser brindado en la capital del Guairá, apreciación esta que no coincide por completo con la del rotundo informe final de la Superintendencia de Salud, entregado el 11 de abril por su director, Roberto Melgarejo.
Las primeras conclusiones de la auditoría realizada por médicos y abogados dicen que la unidad “fue habilitada sin el cumplimiento efectivo y documentado de los requisitos establecidos por la normativa vigente, lo que representó una habilitación prematura, sin garantía de operatividad real al momento de la misma”. A ello se agrega que no había sido inscripta entre las entidades prestadoras de servicios de salud, lo que implicó una violación del marco reglamentario. Estas observaciones revelan el mero carácter propagandístico del acto inaugural “solo para la foto” y ponen en ridículo tanto a la ministra como al Jefe de Estado, que creyeron oportuno viajar a Villarrica para que el Paraguay y el mundo sepan que habían ido a desatar una cinta tricolor pensando solo en la salud de los recién nacidos. El indignante show montado para el engaño fue desmentido muy pronto por un doloroso desenlace, que podría haber sido evitado si el paciente hubiese sido internado cuanto antes en un centro asistencial adecuado. El problema, entre otros, fue que antes hubo que cambiar los neumáticos de una ambulancia, que tampoco estaba en condiciones de operar de inmediato, siempre según el amplio reporte de los auditores.
La atención inicial del neonato habría resultado limitada por la “falta de equipamiento especializado”. No obstante, la unidad fue habilitada porque había que demostrar que el Gobierno toma la salud pública “muy en serio y no solo por una cuestión de imagen”. Por lo demás, no habría estado “disponible” durante el “evento clínico”, lo que “evidenció falta de planificación, ausencia de protocolos operativos y debilidad en la gestión institucional”. En realidad, no podía estar en condiciones porque en el mismo informe de auditoría se lee que fue aprobada sin la garantía de su operatividad. En suma, la cadena clínica, administrativa y logística tuvo “fallas en todos sus niveles, lo que impidió una respuesta eficiente y oportuna”. En esta penosa cuestión, el primer nivel corresponde a la ministra María Teresa Barán, cuya formal renuncia se está haciendo esperar. La alta funcionaria no debe seguir al frente del órgano encargado de velar por nada menos que la salud pública. La responsabilidad político-administrativa que le cabe en el caso comentado, así como en el desastroso estado general del sistema sanitario, exige que tenga el decoro de renunciar o que, en su defecto, el Presidente de la República la destituya por su notoria ineptitud, sin darle las habituales gracias.
La angustiada población, cuyos múltiples reclamos se han vuelto casi diarios, no puede seguir soportando las consecuencias de una pésima gestión en un servicio público tan fundamental. La ministra no está obligada a permanecer en un puesto que a todas luces le queda muy grande; dado que no se trata de una carga pública que deba sobrellevar por el bien común, no se le reprocharía que diera el paso sugerido: al contrario. Hace mal en esperar que el Presidente de la República haga lo que ya tuvo que haber hecho hace un buen tiempo, esto es, “renunciarla” porque su desempeño deja muchísimo que desear. La renuncia no conllevaría una deshonra como la que supone aferrarse a un cargo desde el que, por acción u omisión, se está dañando a la gente, aunque no se tenga tal propósito: la mala praxis médica es castigada penalmente, pero no así la impericia ministerial.
El presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, Jorge Rodas, afirmó que la dimisión de María Teresa Barán sería un “gesto patriótico”, juicio compartido seguramente por la generalidad de la ciudadanía, aunque Santiago Peña no parezca creerlo. Hasta ahora, el mandatario la sostiene contra viento y marea, pese a todas las calamidades en el área sanitaria, como si el derecho a la vida de sus compatriotas pesara menos que la vana pretensión de demostrar autoridad, resistiendo embates bien fundados de la opinión pública. Y es la gran incógnita por qué el Presidente la mantiene en el cargo; lo que lleva a pensar si fue Santiago Peña quien arrastró a la ministra a una inauguración que no podía ser hecha bajo ningún sentido o es la ministra quien arrastró al Jefe de Estado a un bochorno nacional, en cuyo caso no debiera dejarla en el cargo ni un minuto más.
Antes de tomar las medidas que la razón y la sensibilidad requieren, ¿es preciso que haya más fallecimientos debido, entre otras cosas, a la “habilitación prematura” de un servicio sanitario para montar un acto de propaganda?