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Sin duda, la corrupción es una de las peores lacras del Paraguay contemporáneo. Es omnipresente y se manifiesta de formas muy diversas, que van desde las coimas entregadas para evitar una multa hasta los desvíos de fondos públicos, pasando por las licitaciones amañadas y el soborno: el resultado final es el enriquecimiento ilícito de quien ejerce un cargo estatal, al que se suma la impunidad del particular confabulado. El hecho de que, según el informe Latinobarómetro 2024, el nuestro sea el país iberoamericano donde el régimen autoritario es más aceptado, responde quizá a que muchos compatriotas creen –erróneamente– que para combatir la deshonestidad se necesita una “mano dura”. El año pasado, Transparencia Internacional informó que, de acuerdo a la percepción de sus propios habitantes, el Paraguay sigue ocupando en Sudamérica el segundo lugar en el ranking de la corrupción, tras Venezuela, habiendo empeorado su posición a nivel mundial. En julio, el Departamento de Estado de los EE.UU. la había calificado de “desenfrenada”.
No resulta ninguna novedad ni es de extrañar, por eso, que dos altos representantes de la Iglesia Católica hayan tenido en los últimos días contundentes opiniones sobre la vigencia de dicho mal en nuestro país. El cardenal español nacionalizado paraguayo, Cristóbal López, con sede actual en Rabat, Marruecos, y uno de los considerados papable en el inminente cónclave, dijo hace unos días entrevistado por el diario argentino La Nación, que, entre otras desgracias, “(Paraguay) está lleno de corrupción, de injusticias sociales, de injusticias económicas...”, y que poco después el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, también haya afirmado que nuestro país “se ahoga en la corrupción”. A tanto llegaría el consenso que en diciembre último se promulgó una ley “que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción”, dirigido y coordinado por la Contraloría General de la República, cuyo jefe Camilo Benítez no percibe ningún conflicto de intereses en la participación accionaria del presidente Santiago Peña en empresas contratadas por el Estado desde que asumió el Poder Ejecutivo. Es más, en febrero último se firmó en una Cumbre de Poderes un acta que obliga a las autoridades a ejecutar una Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, con la asistencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, amigo del proveedor de costosos pupitres chinos por encargo de Itaipú Binacional, y del senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), que acostumbra dotar a sus familiares de cargos públicos.
Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial parecen muy interesados en perseguir y condenar a los delincuentes de los sectores público y privado, sobre todo cuando son generosos o temibles: los elocuentes “chats” del difunto senador Eulalio “Lalo” Gomes revelaron que hay jueces y agentes fiscales que están al servicio de intereses ajenos al bien común, por así decirlo, sin que se inquiete el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que llegó a presidir el exdiputado Orlando Arévalo, precisamente mencionado en los citados chats, cuyo negro historial es de sobra conocido. Ahora el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informa que agregará a la investigación en un caso de exámenes para docentes chats filtrados que pertenecerían a Carolina González –edil lambareña (ANR, cartista), esposa de Arévalo, que encabeza la Asociación de Institutos de Formación Docente, no registrada en el MEC–, que contienen las respuestas correctas y que habrían sido enviados a postulantes en dicho examen. Esto llevó a la senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente) a hablar de una “normalización de la inconducta y la inmoralidad” y a preguntarse si a estos postulantes, que serán maestros, se les permitirá que “formen la conciencia de los paraguayos: realmente es demasiado grave”.
Este país estará condenado si a la hipocresía se suma el cinismo colectivo, por lo que es imperioso “reconstruir el tejido moral de la nación”, como alguna vez dijo el preclaro monseñor Ismael Rolón. El criterio de “así nomás luego es en nuestro país”, que al parecer va ganando en la sociedad, debe ser desmontado. Para lograrlo, es preciso que los miembros honestos de la sociedad y los pocos líderes políticos comprometidos con la honestidad, a los que deben sumarse los jóvenes que aspiran a un país mejor, reaccionen con firmeza y perseverancia, dentro de lo que permite la ley, para rescatar a nuestro país de las garras de la corrupción, madre prolífica de todos los males.