Uno de los grandes principios del Estado de derecho es el de igualdad ante las leyes, entendidas ellas en un sentido amplio para incluir los decretos y los reglamentos administrativos. La Constitución no garantiza, entre otras cosas, que los ciudadanos tengan iguales ingresos, pero sí que sean tratados de igual modo por quienes aplican las normativas vigentes en el ámbito de su competencia. Nadie ignora que este postulado es tradicionalmente infringido en nuestra función pública, donde el sectarismo político, el parentesco o la amistad juegan un importante papel para favorecer o perjudicar a alguien. En este sentido, el Instituto de Previsión Social (IPS) no es una excepción.
Bien se sabe que en esa entidad en bancarrota, que tan mal atiende a los asegurados, hay camarillas que actúan según conveniencias propias o ajenas, que nada tienen que ver con el interés general, tal como se ha evidenciado en la reciente aplicación selectiva del decreto que establece el estatuto de los funcionarios de la entidad previsional. Esta disposición dice que el suspendido en el cargo, sin goce de sueldo, que haya sido absuelto o sobreseído definitivamente en el proceso penal abierto, debe ser repuesto en el mismo o en otro equivalente: Guillermo Preda Galeano, que entre 2018 y 2023 estuvo comisionado en la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), fue suspendido en mayo de 2024, dos meses después de ser imputado por la “filtración” de informes sobre Horacio Cartes y otros; en cambio, César Daniel Ojeda –exintendente interino cartista de Asunción en 2021– sigue cobrando en el IPS catorce millones de guaraníes mensuales como coordinador de la Dirección de Hospitales del Área Interior, casi ocho meses después de haber sido imputado en el caso de los “detergentes de oro” de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista).
El notorio tratamiento desigual, que respondería a la protección política de que goza el nombrado coordinador, también se refleja en las licitaciones amañadas en pro de algún “amigo de la casa”, como lo fue durante largos años Óscar Chamorro Lafarja, proveedor de guardias y de equipos de seguridad. Es obvio que las contrataciones fraudulentas también benefician a quienes se sirven del IPS para llenarse los bolsillos, en diversas instancias, hasta en los niveles inferiores como, por ejemplo, los funcionarios que sugieren a los familiares de los pacientes acudir a ciertas farmacias o funerarias y los que cumplen supuestas “horas extraordinarias de trabajo” para cobrar un sobresueldo. Otra fuente de ingresos irregulares sería ignorar –deliberadamente– la gran evasión en materia de aportes obrero-patronales, un delito tan frecuente que el propio titular de los funcionarios asociados del IPS, Gustavo Paredes, fue denunciado en abril porque no habría entregado los aportes de cuatro de ellos.
No será fácil resucitar a este “muerto”, como al IPS su exgerente de Salud Carlos Morínigo, pero habrá que intentarlo para que las reglas sean aplicadas por igual a los obligados a contribuir, a los proveedores, a los pacientes y al personal. Para empezar, habrá que liberarlo de las garras de claques político-partidarias que condicionan su gestión, aunque en el Consejo de Administración estén representados los empleadores, los trabajadores y los jubilados nucleados en sus respectivos gremios, cuya influencia no es apreciable en absoluto, a diferencia de la del Poder Ejecutivo a través del presidente del órgano y de los dos representantes ministeriales. De hecho, como en todo el aparato estatal, al parecer en el IPS el carnet de la ANR pesa mucho más que la idoneidad y la honestidad del funcionariado; si a ello se suma la adhesión al máximo líder partidario de turno, los derechos del asegurado pasan a ocupar un lugar secundario en el orden de prioridades de la entidad previsional.
Sanearlo dependerá no solo de que los pacientes y sus familiares exijan en voz alta que cuente con medicamentos, equipos y profesionales suficientes, sino también de que la ciudadanía se solidarice con ellos, porque no es mucho lo que se puede esperar del Congreso, de la Defensoría del Pueblo o de la Justicia. Es imperioso rescatar al IPS de tan lamentable situación, para lo cual es imprescindible la movilización de los empresarios y de los trabajadores que lo sostienen con su dinero, para que deje de estar al servicio de los corruptos y de los politicastros de siempre.