Este 14 de mayo se celebran las fiestas patrias en Paraguay, recordando un aniversario más de la revolución que en 1811 logró la independencia de la corona española. Esta fecha conmemora la gesta patriótica que dio inicio a la construcción de la nación paraguaya, libre y soberana. Sin embargo, también este 14 de mayo se cumplirán ya 15 meses de una de las mayores afrentas a la institucionalidad de uno de los poderes del Estado en la era democrática que culminó con la expulsión del Congreso Nacional de una senadora, Kattya González (ex-PEN), electa por un centenar de miles de votos que la legitimaron.
En un claro mensaje “aleccionador” de sometimiento a la “corona” que ordena los lineamientos políticos en el Parlamento, en el Ejecutivo y probablemente en la Justicia paraguaya, Kattya González era expulsada de su banca luego de un juicio político en el cual una mayoría coyuntural obedecía con la orden de destitución. Y con ello, se generaba el quiebre institucional que solo podría ser enmendado por la Justicia, a cargo de la máxima instancia a través de una declaración de inconstitucionalidad.
Es por ello que estratégicamente la Constitución de 1992 establece la separación e independencia de poderes como elemento constitutivo de la democracia representativa, ya que la vigencia de un Estado de derecho se sostiene con la seguridad jurídica que puede dar el Poder Judicial declarando que los actos arbitrarios de otro poder del Estado son inconstitucionales. Si esto falla, no solo se atenta contra el imperio de la ley, sino que se genera el ambiente propicio para que el autoritarismo se instale nuevamente, con la garantía de la impunidad.
Pero pasaron 15 meses de aquella barbarie legislativa y el Poder Judicial, de mano de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, sigue sin expedirse sobre la inconstitucionalidad de la expulsión de la exsenadora, sin entender (o entendiendo pero sin importarles), que aquella expulsión no afectó solo a Kattya González, sino también a sus colegas que saben que pueden correr la misma suerte si levantan la cabeza y van en contra de los intereses de algún “mandamás”, y en contra de la ciudadanía que hoy no cuenta con la seguridad jurídica que, según la Carta Magna, es un derecho fundamental, conocer con certeza absoluta lo que las leyes deparan para cada hecho con consecuencias jurídicas. El último informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta precisamente el caso de la exlegisladora paraguaya, mencionando que el proceso legislativo que le afectó fue “cuestionado como inconstitucional y señalado como parte de un patrón de violencia política de género”.
El silencio de la Corte Suprema de Justicia, luego de 15 meses de incertidumbre, solo refleja un sometimiento de este poder del Estado a los caprichos políticos, convirtiéndolo en cómplice del resquebrajamiento de la democracia. Y si guardan silencio en un caso tan trascendental para las instituciones de la República, ¿qué le depara a Juan Pueblo que acude a la Corte Suprema en busca de justicia? ¿Será que esa esperanza termina diluyéndose en algún estante o en el baúl de los recuerdos por 5 o 10 años?
Y mientras Juan Pueblo espera esa protección judicial que nunca llega, mira con asombro en las noticias que uno de los miembros de la máxima instancia judicial es salpicado en los chats del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, como fue el caso del ministro César Diesel (presidente de la Corte Suprema de Justicia), mencionado en dichos mensajes que lo vincularían a un posible tráfico de influencias.
Si bien el mismo Diesel aclaró que sus conversaciones con Lalo Gomes fueron en el ámbito “institucional” y no “personal”, ¿qué fiscal sería capaz de investigar la existencia de posible tráfico de influencias del propio presidente de la Corte? Más aún cuando la cabeza del Ministerio Público no solo minimiza estos hechos de notoria relevancia, sino que ordena la apertura de una investigación en contra del juez Osmar Legal, que fue quien puso a conocimiento de la justicia estos chats a fin de que sean investigados posibles hechos de tráfico de influencias, corrupción pública y otros.
En una confusión entre su rol como fiscal general y profesor de derecho penal, Emiliano Rolón criticó al juez Legal por haber denunciado ante el Ministerio Público posibles hechos de corrupción remitiendo el contenido del celular del fallecido diputado Gomes, y dispuso además que el fiscal Osmar Segovia, quien lideró los allanamientos donde fueron obtenidas las pruebas, pase al freezer del olvido, trasladándolo de la unidad de lucha contra el narcotráfico a una unidad fiscal de Paraguarí.
Entonces, el mensaje que envían las autoridades es que si alguien decide luchar contra la corrupción será castigado, investigado, expulsado o trasladado bien lejos. Sin importarles las consecuencias que trae la corrupción en una nación que ha luchado desde hace 214 años por conseguir la independencia real.
El pueblo no puede acostumbrarse a un “estado de corrupción”, donde una pequeña mayoría parlamentaria decide quién se queda y quién se va, donde los adulones sin estudios ni preparación se burlan del esfuerzo de los “guapitos” meritorios, ocupando cargos públicos y decidiendo el futuro del país, donde los niños deben cruzar en balsa el río Aquidabán, rezando por sus vidas, para llegar a sus escuelas, donde unos pocos se enriquecen a costa del pueblo y donde no rendir explicaciones se ha vuelto una costumbre. Pero sobre todo, cuando estos hechos quedan olvidados en el cajón de la impunidad de los ministros de la Corte. Si para ellos lo injusto es indiferente, que no lo sea para el sufrido pueblo paraguayo.