Se dio a conocer el informe de resultados financieros al mes de abril de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, más conocida como Caja Fiscal, con datos alarmantes que confirman el incremento exponencial, en progresión geométrica, del saldo rojo producido por el pago de pensiones vitalicias a funcionarios públicos retirados sin contrapartida suficiente, en términos de aportes, para cubrir los egresos actuales, mucho menos los futuros. El Gobierno prometió que este año se ocuparía del asunto, pero han pasado otros cinco meses y nada absolutamente se hace al respecto.
La consecuencia es que el déficit, que cada vez crece más y cae en un barril sin fondo, se financia directamente con recursos del Tesoro, con dinero proveniente de impuestos que pagan los ciudadanos y que deberían utilizarse en otras prioridades en beneficio de la comunidad.
La entidad cuenta con 230.157 funcionarios activos aportantes y tiene registrados 67.947 jubilados y 12.206 pensionados, lo que implica una relación de 2,87 aportantes por jubilado o pensionado, un ratio de por sí insostenible y que empeora rápidamente. Si cada funcionario aporta el 16% de su salario, es obvio que ello está muy lejos de una tasa de cierto equilibrio, ya que menos de tres aportes no alcanzan ni de cerca para cubrir una jubilación. Pero en la Caja Fiscal es todavía peor, porque existe todo un sistema arraigado de jubilaciones de privilegio, con una gran disparidad de beneficios, lo que la hace no solamente infinanciable, sino profundamente injusta.
Tanto es así que los más directamente perjudicados son los propios “empleados públicos” corrientes, que son la mayoría, que tienen que aportar más durante más tiempo para solventar a otros segmentos que se pueden retirar antes y recibir de por vida haberes que en muchos casos se ajustan automáticamente, como los policías, los militares y los maestros. Estos y otros se jubilan pronto, sin haber aportado lo suficiente, y luego continúan su vida laboral en el sector privado o como recontratados sin tener que seguir coadyuvando, a costa de los funcionarios activos y de los contribuyentes.
Solamente los “empleados de la administración central” tienen un régimen que se puede considerar relativamente normal para una caja jubilatoria, con un mínimo de 20 años de aportes y una edad de 62 años para retirarse. Todos los demás tienen regímenes especiales. Los docentes del magisterio nacional y universitarios requieren 25 años de aportes, pero pueden retirarse a cualquier edad. Los magistrados judiciales se pueden jubilar a los 50 años, el personal de blanco, a los 55. Y los casos más extremos son los de los militares, el personal de la Patrulla Caminera y los policías, que no solamente se jubilan a cualquier edad y con apenas 15 años de aportes, diez en el caso de los policías, sino que sus haberes se equiparan automáticamente al asignado al rango que tenían al momento de pasar a retiro.
El déficit de la Caja Fiscal creció 3.000% en los últimos diez años y el agujero es cada vez mayor, porque nada se hace para contenerlo. El año pasado, el primero de la gestión de Santiago Peña, el saldo rojo se duplicó frente al de 2023, y al primer cuatrimestre de 2025 la Caja ya perdió 103 millones de dólares, con una proyección que ronda los 400 millones para el fin del ejercicio, lo cual implicaría casi una nueva duplicación.
Y esta es solo la punta del iceberg de una tremenda crisis que se avecina con la seguridad social a nivel nacional. Apenas un 30% de la población económicamente activa está aportando para su jubilación. Si todo sigue igual, en unos 15 o 20 años habrá millones de personas de edad avanzada sin ingresos, lo cual supone una carga potencial para el Estado de proporciones inmanejables. Este Gobierno no solamente no está abordando el problema, sino que ni siquiera está supervisando y asegurando una correcta administración de los fondos ya existentes. Hace un año y cinco meses que se aprobó la ley que crea una Superintendencia de Pensiones y todavía no ha entrado en funcionamiento.
Más allá de las preferencias, la gente espera que su Gobierno gobierne, que tome decisiones, que resuelva problemas y, si hay algún cambio que requiera sacrificios de uno o varios sectores, pero que es necesario para mejorar las condiciones del país, que lo explique a la ciudadanía y que asuma su responsabilidad con determinación y coraje. La Caja Fiscal es solo uno de los ejemplos. La pusilanimidad y la inacción que muestra Santiago Peña en los grandes temas nacionales son exasperantes.