Sorpresivamente, esta semana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, publicó un comunicado dirigido a sus funcionarios, todos ellos “representantes de la sociedad” ante los órganos de justicia, haciendo referencia a artículos del Código Procesal Penal en los que cita parte de lo concerniente al carácter de las actuaciones, y dice que las partes y los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de “guardar secreto”.
Esto claramente alertó a la ciudadanía y a la opinión pública ya que, sugestivamente, el máximo representante de la sociedad, quien cree a priori que hay casos que ni Mandrake el mago puede resolver, dejaba entrever que, de ahora en adelante, los agentes fiscales tienen la prohibición de informar el avance investigativo de casos donde el interés público se encuentra involucrado. Estos pueden incluir, por ejemplo, casos de corrupción o de tráfico de influencias, narcopolítica o asociación criminal en los que se encuentren imputadas autoridades nacionales que manejan la cosa pública.
Contrariamente a los principios de transparencia y lucha contra la corrupción que deben procurar las autoridades fiscales manteniendo una comunicación con la sociedad a través de la prensa, el fiscal general amenaza, por medio de su inesperado comunicado, que en caso de no guardar secreto sobre las investigaciones en curso, sus subalternos serán sancionados, y encomienda a los fiscales adjuntos la tarea de controlar que los fiscales investigadores “no suelten prenda” ni cuenten aquello que aparentemente Rolón desea mantener en secreto.
Sin embargo, la propia Ley del Ministerio Público, en su Art. 8, dice que a fin de facilitar el conocimiento público de su labor y de posibilitar su control, el Ministerio Público deberá informar objetivamente a los medios de comunicación social sobre los principales asuntos o investigaciones, lógicamente sin afectar la reserva de las actuaciones judiciales o el principio de inocencia, es decir, evitando presentar a una persona como culpable sin una sentencia previa, pero no guardando secreto sobre cuestiones de interés público, sobre lo cual, la ciudadanía tiene el legítimo interés de mantenerse informada para la toma de decisiones en una sociedad democrática.
De hecho, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente integrada incluso por un paraguayo, dijo reiteradas veces que la libertad de expresión y de prensa debe ser celosamente garantizada cuando involucra información de interés público, y ello en nada implica violentar el principio de presunción de inocencia, sino de mantener a la ciudadanía informada sobre el avance del trabajo investigativo para evitar, por ejemplo, que casos graves de corrupción, de malversación de fondos públicos, de lavado de dinero, asociación criminal que involucra a altas autoridades, fatos realizados en pandemia, vínculos de importantes políticos con el crimen organizado, proactividad de los investigadores en la lucha contra las mafias o contra el EPP, sean archivados, desestimados o “cocinados” tras bambalinas, sin que la sociedad pueda tener el indispensable control.
Y es por ello que la propia ley orgánica de la fiscalía impone a los fiscales la obligación de informar sobre las principales investigaciones, generando un conducto de comunicación con la sociedad a quien representa, según mandato constitucional.
Con este comunicado, Rolón no solo se aleja del rol principal de la institución que dirige, sino que tiñe de negro el resquicio de confianza que la ciudadanía podía albergar sobre el Ministerio Público, intentando volver a viejas prácticas del proceso inquisitivo anterior, ya superada desde la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que al parecer, le conviene desconocer.
En los últimos tiempos, las autoridades nacionales, parlamentarias y judiciales no han dado muestras de confianza, por lo que la labor de control ciudadano debe ser reforzada para evitar que la débil democracia se vea comprometida. En esa lógica, según la Ley 276/94, las instituciones públicas, entre ellas la Fiscalía, tienen la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General de la República sobre la administración de los bienes y los servicios públicos que brindan, como así también someterse a las auditorías que requiere dicha entidad.
Sin embargo, hace menos de una semana, el propio contralor general, Camilo Benítez, al tiempo de anunciar la intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, mencionaba que muchos casos “mueren” en el escritorio de los fiscales, casos graves de corrupción que terminan siendo desestimados por falta de elementos probatorios que ellos mismos deberían colectar, perjudicando a su mandante, la sociedad paraguaya, que debe pagar los platos rotos no solo del saqueo que deja la corrupción, sino de la impunidad que viene de la mano de esos fiscales.
Del mismo modo, la familia del exfiscal Marcelo Pecci, asesinado a manos del crimen organizado, mencionaba en ocasión del tercer aniversario de su muerte, que el Ministerio Público nada hizo en todo este tiempo para esclarecer el crimen y dar con el autor moral del magnicidio. Este caso, que debería ser emblemático para la fiscalía ya que se trata de un compañero de trabajo, significa para Emiliano Rolón una investigación que “ni Mandrake” puede resolver, sepultando con ello las esperanzas de encontrar al autor intelectual del crimen, y enviando a los fiscales el mensaje de desprotección total en caso de que deseen luchar contra el crimen organizado.
Como este, muchos otros casos se encuentran sin esperanzas de ser resueltos, acumulando la telaraña del olvido y juntando tanto polvo como desesperanza. Lo que menos necesita la ciudadanía es que además de la poca voluntad que tiene la justicia paraguaya de combatir la impunidad, ahora también se sume la orden de mantener las investigaciones “bajo la alfombra”, apagando las luces de la transparencia e impidiendo el control ciudadano. La única beneficiada con la circular de Emiliano Rolón es la corrupción, que sigue ganando la batalla en Paraguay de manos de verdaderos vendepatrias.