Es de conocimiento público internacional que el Paraguay es una importante base de operaciones de la mafia del narcotráfico, según lo reconocen las más altas autoridades desde hace ya mucho tiempo. Las cosas no han cambiado mucho bajo el actual Gobierno, que en diciembre de 2024 incurrió en el despropósito –revertido al cabo de once días– de cesar la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos. Uno de los protagonistas de esa actividad criminal es al parecer el uruguayo Sebastián Marset, quien en noviembre de 2023 –estando prófugo y tras haber huido de Bolivia– fue entrevistado presumiblemente en nuestro país por una periodista compatriota suya, sin que se haya enterado, por ejemplo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El Departamento de Estado norteamericano sospecha que se oculta en Venezuela, pero como carece de datos ciertos, ha creído ahora necesario recompensar con hasta dos millones de dólares las informaciones que conduzcan al arresto y/o la condena de Marset, acusado penalmente por la Justicia estadounidense de lavado de dinero del narcotráfico, a través de entidades financieras de ese país. Subrayando la gravedad y amplitud de sus actividades delictivas, el señor Cartwright Weiland, de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, del Departamento de Estado, dijo sobre Marset que “su riqueza está manchada con la sangre que regó desde Montevideo hasta Miami” y que es uno de los fugitivos más buscados en el Cono Sur. Pues bien, este ya famoso personaje es el mismo que integró el equipo de Deportivo Capiatá, que “compró”, según el informe norteamericano, y que en su momento estuvo presidido por el hoy senador Erico Galeano (ANR, cartista), acusado en 2024 por lavado de dinero y asociación criminal, también en el marco del operativo “A Ultranza”. Según el Ministerio Público, colaboró activamente en el tráfico de drogas de los coprocesados Sebastián Marset y de Miguel Insfrán (Tío Rico).
Según la mencionada oficina estadounidense, la recompensa ofrecida deriva de “la mayor y más trascendental investigación (...) sobre el tráfico de cocaína en la historia del Paraguay”. Recordó que en 2021, el operativo habría llevado a la incautación de más de dieciséis toneladas de dicha droga en Europa y de cuatro en Paraguay. En fin, el Departamento de Estado califica de “feliz” la noticia de que Gianina García –pareja del prófugo– haya sido extraditada desde España, como resultado de la orden de captura internacional emitida por Interpol a pedido de la jueza en lo penal Rosarito Montanía, porque estaría implicada en el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Estos hechos no pueden ocultar la infeliz circunstancia de que el nombre de nuestro país siga estrechamente vinculado con el narcotráfico internacional, aunque el actual Gobierno se precie de estar mejorando su imagen, gracias a los continuos viajes presidenciales.
La mafia sigue enquistada en las instituciones porque falta la “voluntad política” de erradicarla, quizá porque hay bastante dinero sucio en juego. Legisladores y políticos influyentes, algunos formalmente procesados pero con sus casos marchando a paso de tortuga, siguen desempeñándose en la legislatura y otros lugares. La compraventa de conciencias en el Congreso, en la judicatura o en los órganos de seguridad puede ser muy útil para las partes involucradas. El presidente Santiago Peña decía a mediados de julio de 2024 tras la incautación de cuatro toneladas de droga en el puerto Caacupemí, que “hoy la droga no sale del Paraguay, hoy la droga ya es confiscada en nuestro territorio”. Pero una semana después, otras cuatro toneladas procedentes de nuestro país eran decomisadas en un puerto de Barcelona, España, dejando malparado al Jefe de Estado. Se puede agregar también que la sospecha de una vinculación con el crimen organizado no impide, entre otras cosas, presidir una respetable organización departamental de ganaderos, como lo hizo el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, pues la “presunción de inocencia” sirve para justificar la indiferencia y la cobardía. Se recuerda también que el mismo legislador oficialista, que habría tenido lazos con la mafia del Amambay, impartía instrucciones a jueces y fiscales, así como al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Informes como el emitido por el Departamento de Estado tienen amplia repercusión internacional y contrastan con la idea que nuestras autoridades quieren transmitir en el exterior, de que el Paraguay se parece al Japón o que la inseguridad es tan baja como la de los países nórdicos. Es necesario despertar del sueño y encarar nuestra penosa realidad.