Es sabido que la salud pública adolece de gravísimas deficiencias causadas por la corrupción, el derroche y la ineptitud. La falta de medicamentos e insumos, así como la de camas de terapia intensiva y la de personal de blanco, entre otros déficits, hacen que el Estado sea incapaz de proteger el básico derecho a la vida. Las constantes denuncias de los pacientes y sus familiares son desoídas por las insensibles autoridades del Gobierno y del Instituto de Previsión Social (IPS), como ha vuelto a evidenciarse en los últimos días.
Se supo primero que Santiago Peña impediría que el Senado trate un proyecto de ley que, mediante una reprogramación, se compre fármacos destinados al Instituto Nacional del Cáncer (Incan) por 304.000 millones de guaraníes, equivalentes al 15% de los gastos superfluos que fueron detectados en el Presupuesto nacional. Aunque haya provenido de los senadores cartistas Gustavo Leite y Antonio Barrios, la iniciativa duerme el sueño de los justos desde hace más de un mes, por motivos que se ignoran. Se diría que el primer mandatario no cree que el despilfarro sea tan nocivo para la sanidad como la malversación lisa y llana.
En cuanto al IPS, uno de sus antiguos asegurados no pudo ser intervenido de urgencia en el Hospital Central por falta de guantes quirúrgicos y de varios insumos esenciales, que los familiares del paciente debían comprar por casi ocho millones de guaraníes. La esposa del paciente dijo que para ello debía endeudarse y se preguntó “para qué uno aporta, entonces”. La respuesta podría ser que gracias a ello más de un funcionario ocioso puede enriquecerse ilícitamente, ante la indiferencia del Consejo de Administración. La entidad previsional tampoco tiene cierto vital medicamento inyectable contra la esclerosis múltiple, según constataron unos jóvenes pacientes.
El nuevo gerente de Salud, Derlis León, los desmintió, sin negar que pueda existir “alguna debilidad” que haya impedido la entrega. Dijo también que se ocupará de la falta de remedios para quienes sufren de cáncer o de artritis reumatoide, como si fuera de esperar que ejerza su actual cargo mucho mejor que el anterior. En efecto, fue director general de Redes y Servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del cual fue destituido por la ministra María Teresa Barán, tras la muerte de un neonato que no pudo ser atendido en el Hospital Regional de Villarrica. O la ministra cometió un error o Derlis León tiene un padrino influyente en el Consejo de Administración del IPS, al que no le importó el historial del agraciado.
Si la salud pública se halla tan descuidada en el Incan y en los Hospitales Regionales, así como en el Hospital Central del IPS, es comprensible que la situación sea aún más dramática en los paupérrimos centros de salud, cuyas carencias son múltiples. En ellos falta de todo, como si la salud de la población rural fuera óptima o despreciable. Ciertamente, el desastre sanitario no empezó con el actual jactancioso Gobierno, pero la cuestión es que este no ha hecho nada para al menos atenuarlo: todo sigue igual o peor, lo que explica la creciente muestra de irritación de los habitantes, que la va expresando cada vez en forma más enérgica.
Desde hace décadas, no son pocos los paraguayos, sobre todo los de las zonas fronterizas, que han ido acudiendo a la centros sanitarios de la Argentina para recibir atención médica. Esta ahora ya no será gratuita por disposición de las autoridades del vecino país, quienes seguramente piensan: por qué en el Paraguay se despilfarra en corrupción y en privilegios de sus autoridades, y su población viene a buscar consuelo en nuestro país, restando recursos a los argentinos. Y probablemente tengan razón.
Posiblemente, para no enfrentar estos problemas el presidente Santiago Peña pasa mucho tiempo en el exterior, para evitar tomar medidas que permitan a la población ser asistida como corresponde, ya que para el efecto es preciso que se desprenda de los sinvergüenzas y de los inútiles, de los “nepobabies” con jugosos salarios, y otras lacras que succionan el presupuesto y que conspiran contra el derecho a la vida de los demás.
Es lamentable que los pacientes y sus familiares deban recurrir a “polladas” para tratar de subsanar las carencias que deben ser evitadas mediante la correcta administración de los impuestos y de los aportes de contribuyentes y asegurados. El hecho de que el jefe de Estado dé largas a una modesta reprogramación presupuestaria para que el Incan se provea de remedios es un ejemplo más de la insensibilidad de quienes no se ven forzados a recurrir a una entidad sanitaria pública. El Senado, si al menos una mayoría actuara libremente, no tendría por qué esperar el visto bueno de Santiago Peña para tratar el proyecto de ley en cuestión. Es un momento oportuno para ver el tan mentado patriotismo de nuestras autoridades.