Muy alejado de la realidad del país y de los problemas financieros en los que se encuentra la Municipalidad de Asunción como consecuencia de su presunta mala administración, el intendente capitalino, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), decidió incrementar su salario, de por sí extremadamente elevado para el nulo trabajo que realiza, en un 22% entre el 2024 y el 2025. Así, de poco más de 26 millones de guaraníes que ganaba, pasa a ganar 32 millones de guaraníes, casi 6 millones de guaraníes adicionales, es decir, goza de dos salarios mínimos más.
Lógicamente, su entorno cercano tiene la misma suerte que su líder, ya que mensualmente su jefe de gabinete, su secretaria privada, su director jurídico, su directora de obras y su director administrativo se embolsillan sumas que promedian los 20.000.000 de guaraníes. Sin embargo, numerosos jornaleros y otros funcionarios de la comuna que no forman parte del primer anillo deben recurrir a manifestaciones y protestas frente a la oficina del intendente para reclamar por la falta de pago de sus haberes del mes de mayo.
Pero esto es solo el corolario de una desastrosa administración municipal, en la cual el intendente nunca pudo responder a los reclamos ciudadanos y de la opinión pública acerca del destino de dineros faltantes, de la mala administración de los recursos en pandemia y de las acusaciones en su contra por hechos de asociación criminal y lesión de confianza, por los que se encuentra imputado y con una investigación abierta ante el Ministerio Público.
Entre otras cosas, la Fiscalía sostiene que Nenecho cumplía el rol de líder dentro de algo como una asociación criminal que había sido formada para la comisión de hechos punibles. También sostiene que Nenecho reglamentó el uso de los fondos después de utilizarlos, procedimiento que va en contra de las ordenanzas municipales. Además, la Fiscalía fundamentó en su imputación que el intendente favoreció a un grupo de empresas en forma sistemática a través de licitaciones en contexto pandémico, que ubicó a sus fieles colaboradores en puestos claves de decisión para canalizar los fondos municipales y que creó una estructura delictiva para la comisión de fraude al patrimonio de la municipalidad. Pero muy lejos de mantenerse al margen del manejo de uno de los presupuestos más elevados dentro de la administración pública, se asigna aumentazos salariales, beneficiando también a serviles funcionarios de su primer anillo, sin dar explicaciones a los asuncenos de uso de los recursos municipales y sorteando con ligereza el show montado por el cartismo sobre una intervención de la comuna capitalina y la comuna esteña, que al parecer tiene como objetivo solamente abocarse a la segunda.
Hace poco más de una semana, Nenecho afirmó en conferencia de prensa que aún cuenta con el apoyo del cartismo y que dicho movimiento “no le soltó la mano”, lo que podría entenderse que conseguiría el salvataje del Congreso Nacional. En consecuencia, puede esperarse que la intervención de la Contraloría sea apenas un montaje dirigido solo contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para eliminarlo del tablero político. Lo cierto y lo concreto es que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones especiales que estudian la intervención de las dos municipalidades, convocaron a los respectivos líderes comunales. En el caso de Prieto, el mismo acompañó su visita con senda documentación que quedó a disposición de la comisión investigadora, sin embargo, el intendente capitalino, que nunca deja de sorprender, quien había hecho alarde en redes sociales de haber puesto a disposición más de 100 biblioratos de documentos, fiel a su estilo de eludir la obligación de rendir cuentas, se habría retirado del recinto parlamentario con los biblioratos a cuestas.
Algunos parlamentarios, como fue el caso de la diputada Rocío Vallejo, utilizó sus redes sociales para mostrar a la ciudadanía que Nenecho no dejó a disposición de la comisión especial ningún documento, demostrando con ello que poco le importa el proceso de estudio de la intervención municipal, ya que, al parecer, confía mucho en su supuesta protección.
Pero lo más grave de todo, es que la mayoría de los legisladores dan la impresión de que no representan la voluntad popular, sino que obedecen la voz de un soberano que no es precisamente el pueblo paraguayo, violando con ello los artículos 1 y 2 de la Constitución Nacional, expulsando a senadores opositores, como el caso de la exsenadora Kattya González por no “amoldarse” a la coyuntura actual, o avalando intervenciones con tal de eliminar del tablero político a un potencial adversario.
Entonces, ¿qué le queda al pueblo paraguayo si sus representantes en el Congreso no oyen la voz de su mandante, si el Poder Judicial no da esperanzas de justicia real con condenas ejemplares y si el Ministerio Público no prosigue sus investigaciones hasta despejar cualquier duda sobre hechos especialmente graves como los imputados a Nenecho. Lo que se puede esperar ahora es ver si el Congreso Nacional le da la mano al pueblo, o prefiere sostener la de Nenecho.