En la última sesión del Consejo de Ministros, el presidente Santiago Peña volvió a llamar la atención de sus miembros al decirles que deberían dar “un paso al costado para ceder la posta” si creen que ya no pueden ejercer sus respectivos cargos como corresponde. Siendo improbable que algún miembro del auditorio se haya dado por aludido, el presidente de la República debería ejercer su facultad de destituir lisa y llanamente a quien no se esté desempeñando a la altura de sus expectativas. La Constitución solo dice que los ministros deben tener la nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido veinticinco años, pero el sentido común también exige que sean idóneos, honestos y diligentes, cualidades estas que en la función pública suelen brillar por su ausencia, incluyendo la tarea ministerial.
Son varias las áreas gubernativas de capital importancia en las que la gestión de sus responsables deja mucho que desear. Resulta claro que la gente no puede “estar mejor” dado el lamentable estado en que se hallan, por ejemplo, la salud y la educación públicas, la red vial y el transporte público y, no por último, la seguridad interior. La ministra María Teresa Barán no está remediando los viejos males que la sanidad arrastra, pues siguen faltando medicamentos, insumos, camas terapéuticas, personal de blanco y ambulancias. Inaugurar en Coronel Oviedo un hospital general inconcluso y en el regional de Villarrica una Unidad de Terapia Intensiva Neonatal aún no habilitada, en ambos casos con burdos fines propagandísticos, mal puede engañar a la población que sufre los efectos de tan agudas carencias. De esta manera, la ministra y el Presidente de la República pretenden tomarla por idiota.
El Ministerio de Educación y Ciencias, encabezado por Luis Ramírez, otrora gran crítico en lo que atañe al campo que hoy está a su cargo, se ha olvidado de sus cuestionamientos anteriores, ya que sigue sin tomar medidas concretas para al menos atenuar notablemente los efectos de una infraestructura educativa calamitosa. Como cuestionó que nueve de cada diez escuelas deban ser refaccionadas, lanzó un plan de acción que incluye un censo y una inversión en mejoras que se extenderá hasta 2030. Entretanto, por ejemplo, los alumnos de un centro educativo de Yaguareté Forest (San Pedro), que desde hace años reclaman aulas como muchas otras instituciones, utilizan bajo árboles –en pleno invierno– pupitres chinos donados por Itaipú Binacional. Por otra parte, a mitad de este año lectivo, ya cerca de las vacaciones de invierno, unos 15.500 niños aún no han recibido el kit escolar.
Tampoco la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, está descollando por su buen trabajo. Santiago Peña dijo el año pasado que estaba decidido a cambiar el modelo del transporte público, pero no se ha ido más allá de la incorporación de 22 nuevos buses gracias a la inversión privada y al arribo de 20 vehículos eléctricos donados por Taiwán que aún no circulan. En la Gran Asunción, los usuarios continúan sufriendo periódicas “reguladas” impunes. A fines de 2023, solo eran objeto de labores de mantenimiento 2.500 de los 10.000 kilómetros de rutas: “nuestra capacidad es muy limitada”, dijo el viceministro José Espinoza. La seguiría siendo, a juzgar por las quejas.
El ministro del Interior, Enrique Riera, en fin, tampoco ha conseguido resultados apreciables para la seguridad ciudadana, más allá de incorporar patrulleras y de aumentar el número de efectivos policiales, evidentemente a expensas de una buena formación. Por lo demás, no son pocos los veteranos –y hasta los recién incorporados– inmersos en la corrupción, de lo que se desprende la urgente necesidad de limpiar la Policía Nacional. Los delitos violentos se multiplican con la intervención de bandas de jóvenes ligados a la venta y al consumo de drogas ilícitas, con el consecuente aumento del temor colectivo. La vida, la libertad y los bienes de las personas están siendo cada vez más amenazadas.
Las notorias deficiencias en varios campos de indudable trascendencia deberían inducir al Presidente de la República que debe tomar la decisión insinuada en el Consejo de Ministros, sin necesidad de esperar que sientan que “ya no están en condiciones” de ejercer el cargo y den un paso al costado. La patria le daría las gracias si actuara por propia iniciativa y eligiera para los cargos a personas idóneas y honestas, y no a políticos averiados.