Es plausible que la Contraloría General de la República (CGR), ejerciendo su facultad de fiscalizar el patrimonio de las empresas estatales, haya pedido al presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, informes y documentos adicionales relativos a un contrato para que la firma Doha Holding Group LLC suministre cien mil toneladas métricas de gasoíl, dentro del plazo de dos meses y a un costo de 61 millones de dólares. El documento fue suscrito el 30 de septiembre de 2024, mediante el trámite de la “compra urgente de carácter especial”, evitándose así el llamado a una licitación. El combustible, que provendría de Kazajistán, un país asiático, aún no ha sido entregado, pese a la urgencia derivada de la rescisión del contrato celebrado un año antes con otra proveedora. La supuesta premura invocada para evitar la licitación hace ya ocho meses, al final se convierte en una cruel burla al pueblo paraguayo y tiene un tufo de turbio trato entre compinches.
La firma Doha Holding Group LLC fue creada a fines de 2023 por un jeque catarí y representada localmente por Alejandro Domínguez Pérez, al parecer al solo efecto de hacerse con el negocio. “Como son nuevos, también están interpretando cómo hacer llegar el producto hasta aquí”, había dicho el propio Eddie Jara ante la mesa directiva del Senado. Las ¡¡¡cinco prórrogas!!! del plazo de entrega inicial –la actual vence el 30 de junio– no han servido de nada, sin que la empresa estatal haya exigido el pago de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, respaldada solo por una declaración jurada, que asciende a 3.050.000 dólares. Es muy probable que otorgue una sexta, pues la firma catarí, a la que el presidente de Petropar calificó de “gente seria” (¡¡¡menos mal!!!), estaría “acelerando las gestiones para cumplir”. Por lo demás, “con los precios internacionales de hoy”, Eddie Jara cree que la ciudadanía merece que “evaluemos”. En realidad, lo que la gente merece es que no se le tome el pelo y que los administradores de bienes públicos hagan cumplir los acuerdos “seriamente” firmados, sin tener en cuenta el amiguismo.
El contrato que está en cuestión lleva la firma del jeque solo en la última página, en tanto que la del gerente general de Petropar, William Wilka, aparece en todas, junto al sello de Doha Holding Group LLC. A propósito de firmas, el citado pedido de la CGR lleva la del subcontralor Augusto Paiva y no la del contralor Camilo Benítez, quien restó importancia a las reiteradas prórrogas concedidas, porque “Petropar aún no incurrió en ningún pago”. Se diría que el incumplimiento del contrato le ha perjudicado al no contar con las reservas previstas, obligándole a pactar a los apurones con una empresa uruguaya y con otra de Emiratos Árabes Unidos, también mediante el procedimiento especial. Al respecto, el nuevo pedido de la CGR alude a las medidas tomadas para mantener el stock, así como, entre otras cosas, a la cantidad del gasoíl recibido, a los eventuales pagos anticipados, a la fecha fijada para la entrega total, a los trámites para ejecutar la garantía, a los reclamos por incumplimiento contractual y a las acciones judiciales previstas en tal caso.
El órgano contralor quiere enterarse ahora de muchos detalles del operativo aún inconcluso, a diferencia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que, como si todo hubiera ido de maravilla, ha estado guardando un rotundo silencio, antes, durante y después de la adjudicación del contrato que nunca debió celebrarse.
Ya es hora de poner fin a esta tragicomedia y de que Eddie Jara de un paso al costado. Acordar con advenedizos en una cuestión tan relevante implica, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad tan notoria que resulta incomprensible que el autor de tal disparate siga en el cargo, salvo que haya intereses ocultos más trascendentes que el general.