La justificada intervención de la Municipalidad de Asunción “por grave irregularidad en la ejecución del Presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”, debe servir tanto para deslindar responsabilidades en el presunto desvío de los fondos previstos para obras de infraestructura, como para realizar luego un saneamiento administrativo que reduzca el costo de mantener a más de 9.000 funcionarios, contratados y jornaleros, de los cuales unos 1.800 ingresaron bajo el desgobierno de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). El desvío de una gran parte de los recursos hacia gastos corrientes habría servido también para abonar salarios, pero el drama persiste porque a inicios de junio ni siquiera los ediles habían cobrado el correspondiente a mayo.
Pese a la aguda crisis financiera, que también impide estar al día con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, el salario del propio intendente de las “vacaciones forzadas”, sin embargo, aumentó en un 22% entre 2024 y 2025, de modo que hoy gana 32.043.353 guaraníes mensuales por unos servicios muy mal prestados. El interventor Carlos Pereira dijo que analizará el estado financiero de la institución en bancarrota y que el pago de los haberes dependerá de los ingresos. No le costará mucho constatar la bancarrota generada no solo por la corrupción, sino también por el exceso de la gente que cobra salarios allí. Por supuesto que no bastará con robar menos y recaudar más, mientras no se aborde el acuciante problema de la superpoblación del personal, que este año ya ha absorbido 30 millones de dólares en sueldos, monto que sextuplica lo invertido en obras. De hecho, el plantel –en gran medida clientelístico– está al servicio de sí mismo y de sus patrones que hacen de políticos.
El interventor aseguró que se interiorizará de quiénes cobran, de qué tareas realizan y de dónde lo hacen. ¡¡¡Enhorabuena!!! Sería muy útil que se entere, por ejemplo, de las funciones diarias de cada uno de los 1.400 enchufados en la Junta Municipal, lo que equivale a 58 por cada miembro. Dijo también que no está facultado para destituir a nadie, pero ya será suficiente saber qué hace la multitudinaria población del palacio Juan de Salazar. Sostuvo que buscará equilibrar las finanzas de una Municipalidad que en febrero adeudaba 242 millones de dólares por las emisiones de bonos y los préstamos por déficit temporal de caja. Habrá que ver qué malabarismo hace para lograr ese equilibrio con el lastre que supone el desmesurado plantel.
El intendente imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro” suele quejarse de la evasión tributaria para excusar el ruinoso estado de la ciudad, pero ocurre que en 2024 se habría recaudado, según datos oficiales, el 97% de los ingresos previstos. “Los pasivos que se tienen no se compadecen con los niveles actuales de recaudación”, razón por la cual se hará un inventario de la deuda de la comuna, según el interventor. Nenecho pidió que “se verifique que no desvió un solo guaraní para provecho propio o personal”, reconociendo implícitamente que, en el mejor de los casos, desvió dinero para el pago ilegal de gastos corrientes, como dictaminó la Contraloría General de la República. Ni siquiera habiendo recurrido a ese bochornoso expediente, puede hoy pagar los sueldos en tiempo oportuno, lo que evidencia una situación insostenible.
Cabe insistir en que, más allá de la ineptitud y de la deshonestidad, el descalabro financiero tiene que ver con la descarada práctica del clientelismo, que ya es de vieja data. Los tributos municipales sirven sobre todo para mantener a “operadores políticos”, muchos de los cuales inclusive son comisionados de otras instituciones, para mal de los asuncenos y para bien de unos desvergonzados de tomo y lomo. Como Carlos Pereira no podrá arreglar todo dentro del plazo de sesenta días, prorrogables hasta noventa, resta confiar en que en 2026 los electores capitalinos elijan mejor al intendente y a los ediles, para que se aboquen de lleno al necesario saneamiento administrativo, incluyendo lo referente a su principal lastre: el personal clientelista y parasitario.