En los últimos días, un par de noticias policiales han evidenciado, por si aún hacía falta, la extrema gravedad que supone la proliferación de grupos delictivos de origen nacional y extranjero. Una de ellas tiene que ver con la captura de nueve jóvenes en el barrio capitalino de Ricardo Brugada (Chacarita). Integraban tres bandas de asaltantes también dedicadas al tráfico de armas y de drogas, que se enfrentan a tiros con otras similares en el marco de disputas territoriales, poniendo en vilo a los vecinos, muchos de los cuales, no obstante, los despidieron con aplausos y gritos de aliento al ser retirados por la Policía, como en los países más violentos en los que los delincuentes brindan protección. Todos los detenidos tienen antecedentes penales reincidentes por homicidio, robo agravado o narcotráfico. Todo esto es un indicador del auge de la delincuencia juvenil en las zonas urbanas, sobre todo en la Gran Asunción, junto con el creciente del consumo del crack, sin que se advierta la efectividad de las acciones preventivas y represivas de los organismos competentes.
Cabe preguntarse cómo es posible que con los antecedentes citados esos jóvenes detenidos hayan podido seguir delinquiendo, y la respuesta sería que, salvo una condenada a prisión por narcotráfico, fueron beneficiados con “medidas alternativas a la prisión”, como el arresto domiciliario, cuyo cumplimiento no es controlado. Por lo demás, quienes sufrieron una condena privativa de libertad vuelven pronto a las andadas porque las cárceles no sirven para la readaptación, sino más bien para la enseñanza de nuevas técnicas delictivas. El hecho de que abunden los casos de reincidencia muestra que los efectos de los programas de “reinserción social” del Ministerio de Justicia distan mucho de ser impresionantes, lo mismo que la eficiencia de la Policía Nacional. En la referida Operación Dominatus, movilizó a 300 agentes que no lograron aprehender a los jefes de las tres pandillas, de modo que el comisario Juan Agüero no descarta que sigan operando, “pero nosotros también vamos a seguir trabajando”. Deberían trabajar con más intensidad para que no se sospeche que hay uniformados que cobran por hacer la vista gorda hasta en las cercanías de la Comandancia.
La segunda noticia, por lo demás alarmante, alude al informe del Ministerio Público de São Paulo, según el cual el Paraguay lidera la lista de los países extranjeros en los que se halla la mayor cantidad de integrantes de la organización criminal Primer Comando da Capital (PCC): alojaría a 358 que están en libertad y a 341 recluidos, ¡¡¡casi 700 en total!!! Aún más, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, cree que a estos últimos –alojados en seis cárceles, sin contacto con el resto de la población penal– habría que agregar algo más de 200, para incluir a “simpatizantes” de la mafia o a personas que buscan su protección. Es inquietante que sean tan numerosos los miembros del PCC que puedan seguir delinquiendo sin estar entre rejas, aunque no cuenten con un “líder bien definido”, según el ministro citado. Estarían siendo “constantemente monitoreados”, tras la expulsión de varios cabecillas en 2024, como si bastara con esa tarea de control y no deban ser también expulsados o procesados por asociación criminal, entre otros hechos punibles. Se ignora si el dato de origen brasileño incluye o no a los paraguayos que cooperan con el PCC desde un cargo público, como es un secreto a voces del que se ha hecho eco incluso el anterior Gobierno.
Al parecer, el Clan Rotela –menos organizado que el PCC, con el que se disputa el “mercado” a sangre y fuego– ya no controla una penitenciaría, pero sigue operando a través de jóvenes delincuentes que no se arredran ante las esporádicas intervenciones policiales. Urge enfrentar con toda energía el desafío que plantean las bandas armadas, aplicando con rigor la ley penal, depurando la Policía Nacional y cortando los tentáculos del crimen organizado.
Si el PCC se ha instalado con fuerza en nuestro país no es solo por una cuestión de vecindad, sino también porque ha tenido o tiene las puertas abiertas en ámbitos estratégicos, por así decirlo: hay que cerrarlas para que este país se libre del tremendo bochorno de ser su mayor sucursal en el mundo. Aparte de la vida, la libertad y los bienes de las personas expuestas a las actividades del crimen organizado, está en juego la dignidad nacional. El Paraguay no puede ni debe convertirse en sede de bandas delictivas.