Es sabido que las licitaciones dan lugar a sobreprecios y direccionamientos de los pliegos de bases y condiciones, corruptelas estas estrechamente ligadas entre sí. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no se destaque por prevenir y detectar dichas maniobras fraudulentas, hay organismos públicos que estiman oportuno eludirla recurriendo, por ejemplo, a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que provee servicios especializados a cambio de una “tarifa” equivalente al 27% del monto global de un proyecto.
Según el organismo internacional, opera como una empresa, supuestamente combinando la competitividad del sector privado con los fines “humanitarios” de las Naciones Unidas. En el Paraguay se dedicaría a apoyar iniciativas agropecuarias, sin perjuicio de incursionar en otras. A ella recurrió últimamente Itaipú Binacional en una licitación, que habría sido amañada en pro de cierta firma, para dotar de 52 patrulleras a la Policía Nacional a un costo de 15.339 millones de guaraníes. En otra licitación, se adjudicó un contrato para proveer 1.942 prendas para agentes penitenciarios por un valor de 679 millones de guaraníes, proceso que fue anulado, en tanto que en un segundo llamado se compraron 1.446 uniformes a un precio total de 762 millones de guaraníes, así que ¡el precio unitario subió de 350.000 a 527.000 guaraníes!
La intervención de la Unops, a la que Itaipú Binacional también recurrió el año pasado para entregar diez maquinarias agrícolas y vales de combustible a otras tantas gobernaciones, no resulta excepcional. Parece más bien un subterfugio al que las entidades públicas suelen recurrir para evitar el control de la DNCP. El año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) estimó “un poco excesivo” que la Unops haya recibido de Itaipú Binacional, en concepto de “donación”, 11.250 millones de guaraníes para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento a la CGR para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información” (sic). Del monto referido, 3.030 millones de guaraníes irían a las arcas de la entidad de las Naciones Unidas, así que en la nota respectiva dirigida por la Contraloría a Itaipú Binacional se lee que debería “revisar los honorarios en relación a la consultoría que tiene por el contrato con la Unops”.
Los comentarios sobran, pero no está demás insistir en que las entidades públicas en general deben abstenerse de echar mano a la cobertura de las Naciones Unidas con el fin de eludir la ley que les dificultaría incurrir en deshonestidades, pese a la indolencia de la DNCP. Los “convenios interinstitucionales” con la Unops, que no son aprobados por el Congreso y por tanto no pueden prevalecer sobre la legislación, solo servirían para avalar eventuales irregularidades. Es tiempo de poner fin a esta evidente corruptela, incompatible con los “objetivos humanitarios” de la organización mundial y con el buen manejo de la cosa pública.
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Resulta intolerable que se mantenga una práctica a todas luces irregular, en provecho de quienes tienen mucho que ocultar en materia de contrataciones públicas. Son “blanqueados” nada menos que por las Naciones Unidas, lo que recuerda que la burocracia internacional también tuvo mucho que ver, por ejemplo, con el fiasco del metrobús, a través del representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Las diversas maniobras tendientes a soslayar la ley y la probidad dan muestras de la codicia reinante y de la impunidad de sus protagonistas: la Unops no debe prestarse a ellos para “blanquear” sus operaciones al margen de las normativas vigentes.
La CGR hizo bien en objetar la ejecución del proyecto para fortalecerla, aunque siga sin controlar las cuentas de su financista. También la DNCP debería decir algo con respecto al ardid de dejarla de lado junto a la ley que debe aplicar para precautelar el buen uso del dinero público: no debe seguir tolerando con su ominoso silencio que se la margine aviesamente, cuando entra en juego la Unops.