Por si aún hiciera falta, en estos días de intenso frío se está volviendo a notar la impiedad de los miembros del Centro de Transportistas del Área Metropolitana (Cetrapam), que someten a los usuarios a largas esperas antes de abordar unos ómnibus repletos y en mal estado. El Gobierno también tiene su gran cuota de responsabilidad en este drama. A los primeros, que el año anterior recibieron 347.408 millones de guaraníes en concepto de subsidios, no les importa que sus clientes deban aguardar a la intemperie, con el riesgo de incumplir sus respectivos horarios de trabajo ni que una ley penalice como “coacción y perturbación de servicios públicos” el hecho de que se amenace o extorsione a órganos estatales “por cualquier medio”.
Una de esas vías ilícitas es la infame “regulada” impune. Hace un mes, su presidente, César Ruiz Díaz, dio un paso aún más insolente al mentar al Viceministerio de Transporte un próximo paro “natural” del pésimo servicio, debido a las subvenciones adeudadas por el Estado. Este intolerable chantaje debe hallar la condigna respuesta dentro del marco de la ley, sin perjuicio de que el Gobierno se aboque cuanto antes a una profunda reforma de un modelo que ya no da para más. No es cuestión de salir del paso con algún “parche”, sino de abordar con la seriedad debida los cambios necesarios para poner fin a un calvario insoportable, como lo ha propuesto, por ejemplo, la organización no gubernamental Horizonte Positivo, en un enjundioso informe. Menos mal que el presidente Santiago Peña anunció anoche en su mensaje al Congreso que en breve presentará un proyecto de ley de “transformación del transporte público”.
Es saludable que la problemática del transporte público en la Gran Asunción haya concitado la atención de la sociedad civil e incluso la de algunos legisladores, lo que en verdad es mucho decir. Una iniciativa ciudadana como la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), surgida tras las “reguladas” de marzo de 2023, sirve no solo para reflejar las inquietudes de los usuarios y formular propuestas, sino también para que Cetrapam sepa que no puede hacer ni dejar de hacer lo que se le ocurra sin que sus víctimas reaccionen pacíficamente.
No está bien que el Gobierno tenga un solo interlocutor en esta cuestión de singular relevancia, más aún atendiendo que no descuella por su sensibilidad ante las penurias de sus clientes. Como, a diferencia del común de los empresarios, los transportistas no compiten entre sí, se nota que es muy escaso su interés en prestar un buen servicio a un buen precio, razón de más para que el Estado tome cartas en el asunto, cumpliendo y haciendo cumplir las normativas pertinentes.
Vale recordar que el presidente Santiago Peña dijo hace poco que deseaba dejar en 2028 un transporte público mucho mejor que el recibido, por haber modificado su sistema. Por de pronto, va de mal en peor, ante la indolencia del Viceministerio competente, dirigido por Emiliano Fernández. Puede recordarse que este organismo elaboró un anteproyecto de ley para modernizar el servicio en todo el país y en particular en el área metropolitana de Asunción, que a fines del año pasado fue objeto de una consulta pública. Como quedó en agua de borrajas, al no convertirse ni siquiera en proyecto, cuesta avizorar la conclusión del viejo drama cotidiano, aunque se incorporen nuevos ómnibus por compra o donación, pues lo que falla –haga frío o calor– es el modelo vigente.
Se está muy lejos de que un transporte público eficaz sirva también para aligerar el ya pesado tráfico en la Gran Asunción, al volverse una alternativa al uso de vehículos privados, razón de más para promover el problema como una verdadera cuestión de Estado. Las cosas no pueden seguir así, tras largos años de connivencia entre unas autoridades ineptas, en el mejor de los casos, y unos “empresarios” caraduras hasta más no poder. Es simplemente intolerable que unos y otros, que no se ven forzados a viajar en ómnibus, se burlen de la ciudadanía. Entretanto, se podría empezar de una vez por todas aplicando con todo rigor la Ley N° 6789/21, “que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la ley”. No queda otra.