En su reciente edulcorante rendición de cuentas al Congreso Nacional, el presidente Santiago Peña se mostró orgulloso de la Constitución vigente por habernos “permitido tres décadas ininterrumpidas de convivencia pacífica y armoniosa, a pesar de nuestras diferencias”. Por eso, agregó, “debemos celebrarla para forjar ese patriotismo constitucional del que hablan (Jurgen) Habermas y otros pensadores”. Tanta importancia le dio a la Constitución que dijo que la semana pasada envió al Congreso un proyecto de ley que declara cada 20 de junio feriado nacional, en conmemoración del día de la jura de nuestra actual Carta Magna en 1992.
En verdad, el patriotismo al que alude el Presidente lo demostraron los ciudadanos que en 2017 salieron a las calles, al costo de la joven vida de Rodrigo Quintana, para protestar contra la pretensión de su líder, Horacio Cartes, de volver al Palacio de López apelando a una reforma inconstitucional de la ley suprema. No lo demostraron, en cambio, los senadores oficialistas y sus aliados, que expulsaron a su colega Kattya González, ignorando el primordial derecho a la defensa, consagrado, por supuesto, en nuestra Constitución y en convenios internacionales. Todos ellos habrán aprobado, con la conciencia tranquila, las eruditas palabras antes citadas, debido al cinismo que distingue a muchos hombres públicos.
Sería largo repasar las constantes transgresiones constitucionales del Gobierno “ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”. Bastarían solo algunos apuntes para mostrar que la realidad nacional poco tiene que ver con la ley fundamental. ¿Acaso la judicatura es independiente como para ejercer su función de control, siendo notoria la influencia indebida que miembros de los otros poderes ejercen sobre ella?
Por otro lado, en la práctica, no “toda persona tiene derecho a ser juzgada por jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales”, como dice la Constitución, de modo que eso de que el Estado “garantizará la igualdad para el acceso a la justicia” no pasa de ser la mera expresión de un deseo que los factores político y económico impiden satisfacer. Lo mismo ocurre con la igualdad para acceder a cargos públicos no electivos, sin más requisito que el de la idoneidad. Un chiste de mal gusto, como si ganar el concurso de oposición, exigido por la ley, importara más que el carnet partidario, el parentesco o el padrinazgo político. O si no, que lo digan los “nepobabies”.
La Constitución declara que “toda persona es libre de asociarse con fines lícitos”, pero ocurre que, como lo acaba de decir Washington Office on Latin America (WOLA), el Paraguay traba la libertad de asociación, y menciona la repudiable ley sobre las organizaciones sin fines de lucro –conocida popularmente como “ley antionegés”, sobre la que dice que impone requisitos y penas con desmesura, tanto que pueden servir “para acallar voces disidentes”.
No sabemos si Santiago Peña sabe que la Contraloría General de la República –órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado– sigue sin poder auditar el uso del dinero público en las entidades binacionales, cuyos “gastos sociales” no son incluidos en el Presupuesto nacional. Apelar al gastado argumento de la “binacionalidad” es un buen recurso para eludir los controles públicos, y si el Presidente tanto valora la Constitución hasta para declarar un feriado nacional, debe impulsar mecanismos para que las instituciones encargadas de realizar las auditorías no se pongan a dudar en el momento en que deben cumplir su función, en especial en aquellas dependencias en donde existen fuertes intereses políticos y económicos. La Constitución prevalece sobre los convenios internacionales. Pero, pese a la alta consideración que le merece al primer mandatario, nuestra ley fundamental parece escrito en un simple papel mojado.
Este somero repaso sugiere, en fin, que hay mucho que hacer en cuanto al “patriotismo constitucional”, invocado por el Presidente de la República: también el suyo dista de ser ejemplar, pese a sus altisonantes palabras. En vez de declarar feriado, se hubiera empeñado en cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.