Dieciocho diputados opositores tuvieron la feliz iniciativa de presentar un proyecto de ley para que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) deje de recaudar interviniendo en la expedición y renovación de licencias para conducir, así como en el cobro del impuesto inmobiliario. De hecho, esta cuestionada entidad nacida en la época de la dictadura, que no rendía cuentas y a la que siempre se le señaló como recaudadora para los dirigentes colorados, en adelante, de aprobarse el proyecto de marras, ya no tendrá nada que ver en cuestiones de competencia exclusiva de cada una de las 263 administraciones comunales.
Se trata de una entidad privada sin fines de lucro, que, según reveló la Contraloría General de la República, hasta 2016 no había transferido a las municipalidades nada menos que 18.172 millones de guaraníes, provenientes de los tributos por la venta de bienes raíces y operaciones de crédito hipotecario, que cobra por actuar como un agente de retención en virtud de un acuerdo con el Colegio de Escribanos, pese a que las municipalidades ya cuentan con oficinas recaudadoras. Conste que el art. 169 de la ley suprema dice que a ellas y a los departamentos les corresponderá la totalidad de los tributos que gravan la propiedad inmobiliaria en forma directa y que su recaudación será competencia de las municipalidades.
La ONG de marras no tiene por qué intervenir en este asunto, al igual que en lo referente a las licencias para conducir: aquí cobra a los poseedores, sin ninguna base legal, como intermediaria en la implementación de sistemas, en la impresión de documentos y en la verificación de datos. Es todo un despropósito que una entidad de la que no se ocupa la Ley Orgánica Municipal continúe usurpando funciones municipales, ante el silencio cómplice de intendentes y concejales. También lo es que su presidente integre por ley el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, representando a una ONG que durante largos años ha sido dirigida por el clan liderado por el senador Basilio Núñez (ANR, cartista). Es muy raro que la entidad no haya merecido la atención y la repulsa de los legisladores “antioenegeros”.
La Opaci ha venido siendo una importante fuente de ingresos ilícitos para sus autoridades, un “rebusque” intolerable que no tiene por qué meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes ni ejercer funciones que son estrictamente municipales. La mencionada iniciativa dice que las municipalidades “podrán ejercer de forma directa y autónoma la gestión de los trámites de registros de conducir y cobro de impuestos sobre bienes inmuebles”. Sería mejor que la ley dispusiera que “deberán” ejercerla, para evitar que la decisión dependa de intendentes y concejales que podrían tener un interés personal en la materia. No se trata de una facultad originaria de la Opaci, sino propia de las municipalidades.
En su exposición de motivos, los proyectistas dicen que pretenden “fortalecer la autonomía municipal, eliminando la innecesaria intermediación de una organización privada en actividades que deben ser asumidas plenamente por los entes públicos locales”. En efecto, la ONG en cuestión no debe seguir interfiriendo en las relaciones entre el Gobierno local y los vecinos ni, por lo demás, designar ella a dos intendentes para que integren el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial: su presencia en este órgano, así como en el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, no tiene más sentido que el de dar la oportunidad a políticos comunales voraces para sacar alguna tajada.
Es hora, en verdad, de poner fin al parasitismo de la Opaci, que solo beneficia a sus dirigentes. Este negocio a costa del bien común debe terminar cuanto antes, en homenaje a la decencia y al sentido común.