Pasaron un año y cinco meses de la arbitraria expulsión del Parlamento de la exsenadora Kattya González, luego de un juicio orquestado para el efecto, en el cual se justificaron como causales de enjuiciamiento y pérdida de investidura hechos que posteriormente fueron desestimados por el Ministerio Público, demostrando con esto la inexistencia de tales causales. Sin embargo, casi un año y medio después de uno de los sucesos más atentatorios contra la frágil democracia, la Corte Suprema de Justicia sigue sin expedirse al respecto. No se ha expedido ni en favor ni en contra. Cuesta entender que hombres de la ley que habrían sido elegidos por su versación y otras cualidades, en tan largo tiempo no se hayan podido formar una opinión sobre el tema en estudio. A este paso, podría conjeturarse que sí, que ya tomaron una decisión, pero que esta se contrapone con lo que podría ser el deseo del dueño o de los dueños del poder. Así se confirmaría, por si hiciera falta, el lamentable sometimiento de nuestros magistrados a la clase política.
Era un 14 de febrero de 2024 cuando 23 senadores cartistas y aliados violaban no solo la Constitución Nacional que juraron respetar, sino la voluntad de más de cien mil electores que depositaron su voto y su confianza en la exsenadora que sería destituida por voluntad de unos pocos, o tal vez, de uno solo, que en una cobarde muestra de “poder” pasaban por encima de la voluntad de miles de compatriotas. ¿Pero qué importaba la voluntad del pueblo cuando quienes mandan debían saciar la suya?
Es importante recordar que los pilares fundamentales de un sistema republicano se basan en la soberanía popular, la división de poderes, la representación ciudadana, el imperio de la ley y la defensa de los derechos individuales y colectivos. Pero en aquella sesión exprés, donde la sentencia de expulsión ya estaba “cantada” de antemano, 23 senadores cartistas, liberocartistas y tránsfugas acomodados daban la primera estocada a dos de esos pilares, la soberanía popular, ya que la voluntad del pueblo se convertiría en lo menos importante, y el imperio de la ley, que pasaba a convertirse en “harina de otro costal”, demostrando con esto que el poder político podía hacer lo que se le dé la gana si no obtenía el sometimiento de quienes pudieran hacerles frente.
Tras esa decisión, el Ministerio Público abrió investigaciones por las causales denunciadas en el libelo acusatorio del enjuiciamiento, que consistía en “uso indebido de influencias en su calidad de miembro del Poder Legislativo”, sustentado en la expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, producción y uso de documentos públicos no auténticos y cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice, en el caso de Soledad Blanco, quien fuera funcionaria a cargo de la exlegisladora. También alegaron “uso indebido de influencias” en la solicitud de designación en el cargo y asignación de complementos salariales del funcionario José Torales.
Sin embargo, pese a que el propio contralor Camilo Benítez sostuvo que no existía incompatibilidades en el caso de Torales, ya que el mismo era comisionado de dicha institución, aún así el senador Dionisio Amarilla, expulsado del PLRA y aliado del cartismo, quien fungía de fiscal acusador, pasó por alto cualquier argumento que pudiera utilizarse a favor de la exsenadora, demostrando su absoluta parcialidad en el resultado ya consabido, y echando por tierra cualquier indicio de respeto a las “garantías del debido proceso” consagradas en la Constitución Nacional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Paraguay, en los demás tratados internacionales de derechos humanos y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial, en el caso “Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea Versus Paraguay”, sentencia del tribunal interamericano en la cual se condena al Estado paraguayo a indemnizar por más de US$ 800.000 por violar las garantías del debido proceso en un juicio político.
Lo más irónico de todo es que luego de la pérdida de investidura de la exsenadora, el propio Ministerio Público desestimó las investigaciones en los casos de Soledad Blanco y José Torales, es decir, las causales utilizadas para el efecto no constituían ninguno de los hechos punibles denunciados, por lo tanto, la expulsión se convertía en ilegal, ilegítima e inconstitucional.
Debe recordarse que, tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez y César Garay, en marzo pasado, la máxima institución ya quedó conformada para expedirse en el caso, con los ministros César Diesel, Gustavo Santander Dans, Víctor Ríos Ojeda, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia; y los camaristas Esteban Kriskovich y Miguel Ángel Rodas. Así que ya no hay excusas.
De modo que estos son los nueve magistrados que tienen a su cargo el restablecimiento del Estado de derecho en Paraguay, una decisión sumamente importante para la seguridad jurídica, ya que ellos deben ser el primer ejemplo en el sometimiento irrestricto a las leyes y la Constitución Nacional, para los demás magistrados que observan su actuar, para los abogados y abogadas que hacen de la justicia su medio de trabajo, para los estudiantes de derecho, muchos de ellos, alumnos de estos ministros, quienes están formando conciencia crítica sobre el futuro de la justicia paraguaya, para Kattya González, víctima del avasallamiento del poder político, para sus más de cien mil electores que no encontraron en los legisladores representación y esperan de la justicia un restablecimiento del orden jurídico, y para toda la sociedad que necesita mantener esperanza en lo último que queda cuando todos sus derechos han sido conculcados, EL PODER JUDICIAL.
Pero este largo silencio por parte de la máxima instancia trae más dudas que esperanzas, pese a que ya se cuenta con el dictamen favorable de la Fiscalía General, que a través de la exfiscal adjunta Artemisa Marchuk se expidió a favor de la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de marras.
Los ministros de la Corte son, en esencia, la última esperanza de justicia en democracia y muchos de ellos fueron en el pasado luchadores contra un régimen autoritario. Si hoy no tienen la talla para decidir, si son cobardes y se dejan manejar por el poder político, no son merecedores de tal alto cargo en una República. ¿Qué esperanzas y garantías de justicia pueden dar a los que no tienen padrinos, o no tienen poder económico, o no pertenecen al Gobierno de turno? ¿Están estos condenados de antemano si un caso que les afecta llega a instancias de la CSJ? Eso en una República es inadmisible. A este paso, puede pensarse que el desorden institucional en Paraguay proviene de la aparente cobardía y sumisión de la Corte Suprema de Justicia, lo que, de ser así, en una democracia equivale a una ¡¡¡traición a la Patria!!!