La memoria y el informe anual presentados por la Contraloría General de la República (CGR) al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, muestran la extensión y la profundidad de la tradicional corruptela. El informe dice que en 2024 el órgano contralor entregó al Ministerio Público 32 reportes de indicios de hechos punibles, que habrían infligido al Estado un perjuicio patrimonial de 1,293 billones de guaraníes (unos 160 millones de dólares). Entre las entidades públicas saqueadas figuran dos ministerios del Poder Ejecutivo, un gobierno departamental, ocho municipalidades, el Instituto Paraguayo del Indígena y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este.
Encabeza la lista de los organismos presuntamente amigos de lo ajeno el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con un agujero de 1,172 billones de guaraníes; la cierra la Municipalidad de Ypacaraí, con uno de 28,483 millones. No sorprende que el ranking sea liderado por el organismo hoy dirigido por Claudia Centurión, pues bien se sabe que, aparte del cobro de peajes y la construcción de rutas, entre otras cosas, el aún inconcluso acueducto ha sido –¿y sigue siendo?– una copiosa fuente de ingresos ilícitos, sin que nadie sea castigado.
La Auditoría General del Poder Ejecutivo no se habría enterado de nada, pese a que cuenta con un sistema de control interno, ratificado por el ministro Alberto Cabrera Villalba a fines de 2023. Al respecto y en términos generales, la CGR señala en su informe que solo el 2% de los entes auditados está aplicando dicho sistema, lo que significa que de hecho solo sirve para hacer creer que se toma en serio el correcto manejo de los fondos públicos. Está visto que tampoco los concejales departamentales y municipales, entre otros, se ocupan de que el gobernador o el intendente no incurran en corruptelas en la ejecución presupuestaria.
En cuanto al Ministerio Público, la CGR da cuenta de que solo tres causas presentadas por ella el año pasado llegaron a juicio oral y que 121 están siendo investigadas. En verdad, no parece que el órgano que representa a la sociedad ante la judicatura sea diligente a la hora de buscar la condena de los ladrones de fondos públicos. En todo caso, no cumple con su ley orgánica, según la cual “mantendrá informados de su gestión a los ciudadanos”. Tampoco se sabe mucho de las actuaciones de la Procuraduría General de la República para que se haga efectiva la responsabilidad civil de los condenados por delinquir en contra del Estado; es decir, para devolver lo robado.
Como señala la abogada activista María Esther Roa, comentando la libertad ambulatoria del exgobernador Hugo Javier González, la propia Corte Suprema de Justicia tolera las estratagemas de los defensores para que no avancen las causas penales. En consecuencia, “estamos ante una crisis hoy porque las personas condenadas por corrupción no van más a la cárcel ni devuelven lo robado”.
Ante esta indignante realidad, solo resta que la ciudadanía reclame pacíficamente, una y otra vez, que se cumpla y se haga cumplir la ley. Los delincuentes de guante blanco que proliferan en la función pública no deben quedar impunes y el perjuicio que causan debe ser reparado por ellos mismos. Juan Pueblo ya no debe cargar con la culpa de los sinvergüenzas.