Mucho ruido y pocas nueces: la expresión viene a cuento de los magros frutos que cosechó la Comisión Bicameral de Investigación “Antilavado”, más conocida como “ley garrote” o “ley anti-ONG”, conformada en agosto de 2024 a todas luces para perseguir, sobre todo, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desafectas al Gobierno, mientras el Congreso estudiaba un proyecto de ley en tal sentido, presentado por el senador Gustavo Leite (ANR, cartista), paradójicamente tesorero este de la ONG Oráculos del Paraguay, receptora de fondos de Itaipú Binacional y de Tabacalera del Este.
Presidida por el desacreditado senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista), la “comisión garrote” actuó conforme a la opinión del presidente Santiago Peña de que esas organizaciones sin fines de lucro son de “alto riesgo”, pues serían empleadas para el “manejo poco transparente de dinero”. Y bien, pese a la seria amenaza que conllevarían, el grupo pesquisidor se demoró en dar a conocer su “resumen ejecutivo”, en el que, por cierto, admite que no puede acusar a las ONG de financiar a la oposición por falta de pruebas, las que también faltarían para demostrar que el Banco Atlas haya incurrido en lavado de dinero, lo que no le ha impedido expresar su “convicción” de que sí lo habría hecho.
Por razones obvias, la “comisión garrote” no se ocupó de las actividades lucrativas del expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, ni de las de Santiago Peña, pero sí –sorprendentemente– de las tareas de una organización gubernamental norteamericana, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); admitió que no pudo probar que haya delinquido, pero la criticó porque habría gastado más en salarios que en “resultados tangibles”, asumiendo así esta comisión un rol propio de un órgano de control de los Estados Unidos.
No le interesaron, en cambio, los tradicionales desmanejos de la ONG de raíz colorada Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que gestiona fondos municipales y está insólitamente representada en órganos estatales. Al contrario, los nada imparciales investigadores tuvieron el descaro de calificarla de transparente, quizá inspirados por el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), jefe del clan que la manejó durante largos años.
En general, el “resumen ejecutivo” de la pomposa comisión censura la falta de transparencia de las ONG y pide “considerar la no adopción de nuevos proyectos con gobernanza tercerizada en el ámbito del Estado y eliminar las existentes. El dinero de las Cooperaciones (sic) recibidas por la República del Paraguay debe ser manejadas (sic) por el Gobierno Paraguayo”. En otras palabras, según ese criterio, habría que vedar, entre otros, los proyectos de salud pública que no sean ejecutados por el Ministerio del área, pues el dinero de la cooperación internacional debería ser gestionado exclusivamente por el Gobierno en homenaje a la transparencia. De esta manera, los proyectos en curso que escapen al control del cartismo deben ser borrados del mapa, aunque estén beneficiando a sectores marginados de las políticas públicas. Parece una broma de mal gusto que sin duda aplaudiría la dictadura nicaragüense, que en los últimos siete años ha clausurado, en coherencia con su orientación ideológica, más de 5.200 ONG, en su mayoría religiosas.
La “comisión garrote” exige ahora que el Poder Ejecutivo reglamente cuanto antes la ley promulgada en octubre de 2024 seguramente para hostigar a esas organizaciones supuestamente adversas, coartando las libertades de asociación, de expresión y de reunión, según dijeron relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Conste que el diputado Jatar “Oso” Fernández (tránsfuga, cartista) tuvo la desfachatez de afirmar que las organizaciones sin fines de lucro “buscan desestabilizar la democracia” con su dinero.
Con toda certeza, la vergonzosa “comisión garrote” y la deplorable ley en cuestión no van a fortalecer nuestra democracia, pues los que hoy mandan quieren controlarlo todo, a costa de la libertad y de la honestidad. Esa suerte de Tribunal de la Inquisición ya emitió su arbitraria sentencia, aunque no pudo evitar admitir que le faltaron pruebas para sostener todas sus presunciones. Se quedó con las ganas y las manos vacías. Eso sí, se cuidó de husmear en las cercanías del poder político y económico que lo inspiró: una verdadera canallada liberticida.