El 31 de mayo de 2004, “la niña de las mandarinas” Felicita Estigarribia fue violada y estrangulada en Yaguarón. El presunto autor del horrendo crimen cayó hace poco en un control de rutina del Grupo Lince, habiéndose dictado ya su prisión preventiva. Fue una de las noticias relacionadas directa o indirectamente con delitos violentos cometidos contra la mujer y contra menores, que arreciaron en las últimas semanas. Valgan otros ejemplos: en Capiatá, un exconvicto asesinó a su concubina, a la madre de esta y a su hijastra; en Nueva Toledo (Caaguazú), una mujer sufrió un ataque mortal de parte de su exconcubino, quien además mató a una hermana e hirió a una amiga de la víctima; en Fulgencio Yegros (Caazapá), una niña de doce años fue asesinada presuntamente por un condenado a cuatro años de prisión, que en 2022 ya abusó de ella y estaba en libertad condicional, ¡previa evaluación psiquiátrica!; en Pedro Juan Caballero fue detenido un drogadicto con antecedentes penales que habría matado a una mujer embarazada; en Santa Rosa del Aguaray, una niña de trece años, que fue víctima de violación, falleció tras una cesárea.
A estos ejemplos recientes se agrega que, según datos oficiales, el año pasado se registró un promedio diario de 106 mujeres víctimas de violencia familiar, cifra que aumentaría si se mantuviera la marcada tendencia referida. Resulta así que la situación es alarmante, más aún porque gran parte de los hechos punibles no es denunciada debido al temor a la represalia, a la desconfianza hacia las autoridades o a la dependencia económica de la víctima con relación al agresor. En cuanto a los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes, la omisión de denuncias también respondería a que el 80% de ellos ocurre en el ámbito familiar. Con todo, entre enero y mayo de este año, el Ministerio Público atendió nada menos que 1.305 casos al respecto.
Desde 2016, la ley que protege integralmente a las mujeres contra toda forma de violencia, sin derogar ni modificar la relativa a la violencia doméstica a secas, garantiza la confidencialidad y distingue quince formas de violencia, incluida la “telemática”. Involucra, entre otros, al Poder Judicial, al Ministerio Público, que tiene una Unidad Especializada de Género y Violencia Familiar, a siete Ministerios, a seis Secretarías, a las Comisiones de Equidad de Género y de Derechos Humanos del Congreso, a las diecisiete Gobernaciones, a las 263 Municipalidades, a las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente y hasta al menos cinco organizaciones sociales anónimas. Como se ve, el que debería ser el “aparato protector” es impresionante, pero las senadoras Esperanza Martínez (FG), Blanca Ovelar (ANR) y Lilian Samaniego (ANR) critican, con toda razón, la inoperancia en esta materia tan significativa, que el Estado debe atender también en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada por la OEA en 1994.
El Ministerio de la Mujer tiene mucho que hacer en defensa de su grupo meta, porque además, según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dirigen el 41% de los hogares pobres, su salario mensual promedio es muy inferior al de los hombres y necesitan una formación académica superior a la de estos para lograr ingresos equivalentes. Sin duda, la necesidad económica favorece la impunidad de los victimarios, tanto que no es raro que las denuncias de las víctimas sean retiradas por tal motivo. Es indispensable que la Policía Nacional, el Ministerio Público y la judicatura actúen con el rigor debido, pero también que otras entidades cumplan con sus respectivas funciones, en el marco de la ley y de la convención antes citadas. Sus reacciones no deben producirse solo cuando un caso muy notorio sale a la luz, como viene ocurriendo.
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Suena a hueco que el 24 de febrero sea el Día de la Mujer Paraguaya, mientras sus derechos básicos a la vida y a la integridad física son brutalmente ignorados con suma frecuencia; también lo es que la Constitución diga que tiene los mismos derechos que el hombre y que, por ende, ordene al Estado hacer efectiva dicha igualdad. En definitiva, ya es hora de que la nación empiece a saldar su deuda con ella, para lo cual es necesario que se cumplan y se hagan cumplir las normativas vigentes; esta obviedad no lo es tanto en un país donde entre la realidad y la legalidad suele mediar un profundo abismo. Y, desde luego, también la niñez y la adolescencia deben ser protegidas de los desalmados, sin dejarse llevar solo por la indignación del momento, que luego cesa con más pena que gloria. No se necesitan vacías protestas de indignación cada vez que ocurre un caso notorio, sino intervenciones eficaces y rotundas para que la ley caiga con todo su peso contra quienes abusan de las mujeres, los niños y las niñas.