El Art. 179 de la Ley Orgánica Municipal dice claramente que “las municipalidades no podrán gastar en servicios personales más del 60% de sus ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria”. El año pasado, habiendo recaudado menos de la mitad de lo previsto, la de Asunción –desgobernada por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista)– gastó en tal concepto –según el balance general probablemente maquillado– justamente dicho porcentaje, que insumió nada menos que 92,6 millones de dólares de los 159,6 ejecutados, mientras que la inversión en obras solo llegó a 13,3 millones de dólares. En efecto, como esta administración –intervenida por buenos motivos– suele ocultar la basura debajo de la alfombra, no sería absurdo suponer que habría manipulado el balance, abultando, por ejemplo, las erogaciones en otros rubros para que el monto de lo percibido por 9.119 funcionarios, contratados y jornaleros, no supere el referido límite legal.
Como en el primer cuatrimestre de este año gastó 30 millones de dólares en salarios y apenas 5 millones en obras, es de temer que a este paso los “servicios personales” consuman en 2025 muchísimo más de lo permitido por la ley, porque así como van las cosas, ni Nenecho ni quien esté al frente de la Municipalidad ya no podrán recurrir a los bonos –camuflándolos bajo “cuentas únicas”– para salvar el grave problema de cumplir con el exuberante plantel clientelar. Dado el escándalo desatado, es más probable que se vuelva al modelo tradicional de pedir préstamos bancarios para cubrir deudas, o sea, al “bicicleteo” de siempre.
A tanto llega el descalabro que el concejal Humberto Blasco (PLRA) reveló que, a dos días de que termine este mes, la Municipalidad solo disponía de poco más de la mitad de los 6 millones de dólares necesarios para solventar los gastos operativos, incluyendo los sueldos y los aportes al Instituto de Previsión Social, así como a la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal. Coincidió con el interventor Carlos Pereira, quien lamentó que no podía despedir a nadie: “O si no, lo que hubiera hecho es sacar de entrada a unas tres mil personas”.
Debido a una acción de inconstitucionalidad promovida bajo la gestión del exintendente Arnaldo Samaniego y resuelta favorablemente en 2013, en la Municipalidad no regía la hoy derogada Ley de la Función Pública, de modo que los nombramientos y las contrataciones se hacían sin que se realizara un concurso público de oposición ni existiera una necesidad temporal de excepcional interés para la comunidad: bastaba con que los agraciados tuvieran la recomendación adecuada. Se espera que la Municipalidad no vuelva a promover la misma acción contra la nueva ley que rige esta materia y que, desde luego, se la cumpla y se la haga cumplir, ya que la abundancia del personal superfluo es una de las principales causas de la bancarrota municipal. “Me voy a un lugar donde figuran 42 personas y hay 5”, dijo también el interventor, aludiendo a los infaltables “planilleros”: si los 37 restantes estaban de sobra en esa oficina, algo similar ocurriría en muchas otras.
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Se derrocha a mansalva, mediante la creación de direcciones como la de Promoción de la Participación Ciudadana, que tiene 308 funcionarios y cuesta a los contribuyentes 1.538 millones de guaraníes mensuales en salarios. Es cierto que el cuantioso personal superfluo no apareció recién bajo la égida de Nenecho, pero también lo es que este le dio un fuerte impulso, incorporando a 1.800 supernumerarios, con la obvia complicidad de la gran mayoría de los concejales, que ya parecen haberle abandonado y no precisamente porque de pronto hayan descubierto sus desmanejos.
En la Municipalidad capitalina se habrían estado dando un festín con el dinero de los contribuyentes, aprovechando, entre otras cosas, los “detergentes de oro” y los bonos lanzados para obras de infraestructura. En la primera causa penal, Nenecho ya está imputado por lesión de confianza; en cuanto a la segunda, Carlos Pereira tendrá mucho que contar en el dictamen que entregará al Poder Ejecutivo, siendo de esperar que, junto con el de la Contraloría General de la República sobre el destino de los 500.000 millones de guaraníes, el Ministerio Público ya tenga pronto suficientes elementos de juicio para tomar una decisión en la causa penal abierta al respecto hace un año. Por de pronto, el interventor confirmó que lo recaudado mediante los bonos “se gastó en sueldos, en gastos de mantenimiento, gastos administrativos o corrientes”.
Urge, en fin, que esta Municipalidad que abochorna al país sea saneada de arriba a abajo y que los responsables de las fechorías detectadas, sean intendente o concejal, sufran el condigno castigo previsto en la ley, más allá del repudio de la gente de bien que ya lo tienen.