Resulta grotesco, en verdad. Vencida la sexta prórroga para la entrega del gasoíl que debía provenir de Kazajistán, la firma catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez y constituida solo para el efecto, volvió a incumplir el plazo otorgado por Petróleos Paraguayos (Petropar), la empresa pública dirigida por Eddie Jara. El contrato inicial fue firmado el 30 de septiembre de 2024, alegando la estatal una “urgencia“, lo que le permitía apelar a un “procedimiento especial de contratación (…) para tutelar de mejor manera el interés público”, previsto en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas. La entrega del gasoíl debió efectuarse dos meses más tarde, es decir, antes de fines del año pasado.
Tras este maratón de prórrogas y el largo tiempo transcurrido, es de esperar que el acuerdo sea rescindido y que la garantía de su fiel cumplimiento, que asciende a 3.050.000 dólares y está vigente hasta el 30 de septiembre, sea ejecutada, como hizo Petropar en un contrato anterior. Está visto que la experiencia en la materia poco le importa al jefe de Petropar, quien al parecer elige a dedo a los proveedores, aunque nunca hayan demostrado “la solvencia técnica, económica y legal necesarias para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado”, como manda el art. 4 de la Ley de Suministro mencionado.
Es notable el desparpajo con que de hecho se recurre a supuestos proveedores ad hoc, que jamás se han dedicado vender gasoíl, ante la indiferencia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Lo admitió implícitamente el propio Eddie Jara cuando dijo ante la mesa directiva del Senado, con relación a la firma catarí, que “como son nuevos, también están interpretando cómo hacer llegar el producto hasta aquí”. Es evidente que sus criterios “rectores” son incompatibles con que, según la normativa citada, el Sistema Nacional de Suministro Público deba “satisfacer las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos”. Es obvio que, para empezar, lo de la “oportunidad” viene siendo flagrantemente ignorado, tanto por Petropar como por los beneficiarios de la “compra urgente de carácter especial”.
El art. 35 de la Ley antes mencionada permite a la empresa pública que compita con el sector privado recurrir al procedimiento especial cuando los bienes a ser adquiridos se relacionen directamente con su giro comercial, pero el caso es que, cabe repetirlo, Doha Holding Group LLC surgió solo para hacerse con el negocio de más de 61 millones de dólares, sin demostrar solvencia alguna en este campo y aprovechando una resolución de la DNCP que en agosto de 2024 fijó un procedimiento especial para que Petropar compre petróleo crudo, sus derivados y biocombustibles, dejando de lado la aptitud del vendedor.
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Tras el vencimiento de la anterior prórroga, la Contraloría General de la República adujo que la empresa estatal aún no había hecho pago alguno, pero aparte de que la ejecución de la garantía podría obligarle a efectuar desembolsos, parece claro que el repetido incumplimiento del contrato ya le ha dañado en gran medida. En efecto, le ha impedido contar con las reservas previstas, forzándole hace unos días a volver a contratar con urgencia, esta vez por 30 millones de dólares y con la empresa Glencore AG, representada por Gustavo Mutshuito Villasboa, tras haber contratado en enero a la misteriosa firma uruguaya Ormalor SAS, por 26.380.000 dólares y, por la misma razón, sin evaluar su capacidad financiera. No obstante, cumplió con lo acordado. Nada se sabe, en cambio, del carburante que debió haber sido suministrado por la empresa Evolution Group FZLLC, de Emiratos Árabes Unidos, en virtud de lo acordado en abril último.
La repetida historia exige que, dada la inacción de Santiago Peña, al menos una de las Cámaras del Congreso interpele a Eddie Jara, de acuerdo a la Constitución: si no asistiese o sus respuestas fueran insatisfactorias, como seguramente lo serán, debería emitir un voto de censura, recomendando su remoción al jefe de Estado. Ya es hora de poner punto final a tanto bochorno: si el notorio irresponsable en cuestión, por decir lo menos, no fuera removido, quedaría una vez más en evidencia el presidente Santiago Peña, quien no hace mucho instó a sus ministros a “dar un paso al costado para ceder la posta” si no estuvieran a la altura del cargo. Pero es probable que esto no ocurra pues, de lo contrario, los altos cargos públicos, donde según el propio presidente de la República la afiliación vale más que un “guapito” con título, a estas alturas ya hubieran estado raleados de directores y presidentes.