Los escandalosos hallazgos consignados en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), de confirmarse, pondrían de manifiesto uno de los más deplorables negociados en la larga y triste historia de corrupción en el país. Parece mentira, pero, por lo que se desprende del informe, es una penosa realidad que haya “paraguayos”, tanto en el Gobierno como en el sector privado, que medren con la desgracia y el sufrimiento de sus compatriotas y de la población en general, en especial de los sectores más humildes y desamparados.
Aunque todavía falta escuchar descargos y deslindar responsabilidades, lo que se presenta a primera vista es una repugnante trama de colusión entre funcionarios de salud pública y empresarios vinculados con la provisión de costosos servicios, medicamentos e insumos oncológicos. A las consabidas sobrefacturaciones y licitaciones amañadas, se les suman prácticas incluso peores, como cuantiosos desvíos de drogas a centros privados, “desaparición” de dosis, adquisición de lotes a punto de vencer, irregulares compras directas, negligente o deliberada acumulación de stock, sea por compras excesivas o por demoras en el suministro, con el resultado de que grandes partidas se echan a perder y hay que volver a adquirirlas.
La auditoría abarcó el período comprendido entre los años 2022 y el cierre de 2024; es decir, que corresponde a la anterior administración y a la actual, encabezadas por los presidentes Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, con sus respectivos ministros de Salud Pública y Bienestar Social en el lapso mencionado, el doctor Julio Borba, hasta el 15 de agosto de 2023, y la doctora María Teresa Barán, desde ese día en adelante.
Se resalta que durante la gestión del doctor Raúl Doria, quien ejerció la dirección del Incan entre agosto de 2023 y agosto de 2024, y que tendrá que dar explicaciones, se autorizó el envío de medicamentos a centros privados, como el Centro Médico Oncológico Nuestra Señora de la Asunción por valor de 1.763 millones de guaraníes. Esto se hizo sin suficiente documentación respaldatoria, sin diagnósticos de los pacientes a los que supuestamente iba dirigido el material, que no fue retirado ni por estos ni por sus familiares, sino directamente por un representante de dicho centro.
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Este no es el único caso, también aparecen remisiones al Centro Médico Integral Revita, del que el doctor Raúl Doria es precisamente director ejecutivo; al Sanatorio San Roque, al Centro Médico La Costa, al Sanatorio Migone y al Instituto Privado de Hematología e Investigación Clínica. Todo esto mientras eran constantes los reclamos en el Incan de desesperadas familias, muchas de ellas de muy escasos recursos, cuyos hijos, padres, hermanos no podían seguir sus vitales tratamientos por falta de drogas indispensables.
El Incan también proveyó medicamentos adquiridos con el presupuesto público al Instituto de Previsión Social sin solicitar el pago o la reposición. El documento señala que, solamente en 2024, el monto que el Ministerio de Salud debió solicitar al IPS en este concepto, y no lo hizo, asciende a 7.497 millones de guaraníes.
En el período auditado, el Ministerio de Salud adquirió para el Incan fármacos de baja rotación próximos a vencer por 2.956 millones de guaraníes. Además, el Incan recepcionó medicamentos por 10.284 millones de guaraníes con plazos de vencimiento menores a los establecidos en sus respectivos pliegos licitatorios, que son normalmente de 12 o 15 meses, y sin cartas de compromiso de canje. En otros casos, sí existían cartas de compromiso de canje, pero no se ejecutaron, con una pérdida cuantificada en este concepto de 1.704 millones de guaraníes. En el parque sanitario del Incan, al cierre del ejercicio 2024, había drogas vencidas por 5.497 millones de guaraníes.
Otro gran “capítulo” en el que pone hincapié el informe es en los tratamientos o remedios proveídos a pacientes en virtud de recursos de amparo. Con la excusa de órdenes judiciales se justificaron compras directas por 177.434 millones de guaraníes de fármacos que forman parte del Listado de Insumos Médicos Esenciales (LIME) y que, por tanto, debían estar en existencia por licitación pública.
Hay casos verdaderamente insólitos. Por ejemplo, se recibieron 400 ampollas de Filgrastim 24 horas antes de vencer. Hubo una medida cautelar que ordenó una compra de 1.368 millones de guaraníes, pero la persona falleció, la adquisición no se suspendió, la droga no fue reasignada a otro paciente, tampoco fue canjeada y venció. También se detectaron llamativas “desapariciones”, como cuatro ampollas de Nivolumab 100 mg, por valor de 86 millones de guaraníes, que no están en ningún lado ni tienen ningún registro de salida.
Estas son solo algunas de las graves irregularidades descriptas en un informe de 235 páginas. El Ministerio Público debe actuar de inmediato, identificar con nombre y apellido a todos los involucrados, sean quienes sean, tengan el poder o la posición económica que tengan, y llevarlos ante la Justicia. Los pacientes de esta terrible enfermedad, sus familiares y todos los contribuyentes y ciudadanos no se merecen que esto quede impune.