A estas alturas, ya hay evidencias suficientes de que para el oficialismo, los cargos públicos –electivos o no– son simples monedas de cambio. Es decir, estaría dispuesto a sancionar una presunta irregularidad solo si se hace lo mismo con la que, a su criterio, habría sido cometida en el otro bando. Eso es lo que surge, por ejemplo, de las intervenciones a las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este, así como de la suerte de chantaje en curso para salvar la investidura de la senadora Noelia Cabrera (PLRA, cartista), mediante la anunciada instrucción de un sumario administrativo a un lejano pariente político de la senadora Celeste Amarilla (PLRA), que está “a cargo” de su colega Éver Villalba (PLRA) y se llama Martín Cogliolo Boccia.
La senadora liberal, promotora del libelo acusatorio contra la adicta al nepotismo puro y duro, Noelia Cabrera, no cree poder contar con las once firmas necesarias para presentarlo, porque más de un senador opositor también tendría algo o mucho que ocultar en lo que atañe al uso y abuso de los recursos humanos de la Cámara Alta. En sus elocuentes palabras, propios y extraños le advirtieron que “iba a destapar una olla, abrir la caja de Pandora; nos van a buscar a todos”.
La cuestión va más allá del caso de la senadora liberal cartista y del funcionario sumariado, así como de las intervenciones en las dos municipalidades de diverso signo político. De lo que se trata, en términos generales, es de la aplicación perversa del viejo principio romano “doy para que des”, que alude a la reciprocidad de un acuerdo. En la práctica parlamentaria, la ilegalidad flagrante puede quedar impune si la otra parte, que también tendría las manos sucias, no está dispuesta a que uno de los suyos sea castigado. “Si ellos –los opositores– piden la intervención de Asunción, yo, repito, pido la intervención de Ciudad del Este”. Este es el singular criterio de justicia del mismísimo presidente del Congreso del Paraguay, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). En otras palabras, el titular de la comuna asuncena puede continuar robando –si lo hiciera– todo el tiempo que quiera, mientras no se le entregue la cabeza del adversario.
En cuanto a la eventual expulsión de Noelia Cabrera, que también utilizó un vehículo decomisado para asuntos ajenos a sus labores senatoriales, la bancada cartista estaría por de pronto dividida. Es probable que si el libelo acusatorio fuera presentado, resuelva rechazarlo en bloque, aunque la Constitución diga que los legisladores no están sujetos a mandatos imperativos y la sana conciencia indique que la susodicha debe abandonar su banca. Lo que está en juego en los casos referidos es el cumplimiento de la ley, que no debe ser objeto de unas miserables transacciones realizadas en sede parlamentaria. Sería repudiable que el oficialismo esté dispuesto a sancionar a una colega afín, frecuentemente cuestionada por sus actuaciones, solo si también otros no afectos al grupo corran la misma suerte, en virtud de un pacto que no sería de caballeros sino de sinvergüenzas. El más elemental sentido de la ética indica que aquí no debe regir aquello de “hoy por ti, mañana por mí”.
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El pueblo paraguayo se merece algo mejor que la representación que hoy sufre, como si ella estuviera más allá del bien y del mal. El hecho de que los legisladores tengan fueros no les autoriza a perpetrar desafueros, en perjuicio final de quienes pagan sus dietas y el sueldo de “sus” funcionarios, que no participan en un concurso público, violando así la Constitución y la ley. ¿Hasta cuándo esta mayoría de desfachatados, que invocan la representación popular, abusarán de la paciencia de los gobernados?